El riesgo de brote y la frustración

"No creo que nos hayamos quedado ciegos, creo que estamos ciegos, somos ciegos que ven. Ciegos que ven sin ver".

Ensayo sobre la ceguera. José Saramago.

La sensación ante los rebrotes y la transmisión comunitaria de la pandemia en ciudades y comunidades autónomas en España está cambiando, por una parte de la confianza a la impotencia y la frustración, que se suma a la rabia y búsqueda de culpables.

La rabia y la culpa no son nuevas en el contexto de las plagas, son parte de la reacción más instintiva de la negación. En ésta pandemia de la covid-19 también nos han acompañado, es cierto que de forma minoritaria por parte de sectores negacionistas y ultras desde el principio de la pandemia, pero a veces también con el seguidismo de los sectores conservadores.

La frustración y la impotencia, sin embargo, aunque incipientes, corremos el peligro de que vayan sustituyendo a la confianza y el compromiso ciudadano, muy mayoritarios a lo largo de la pandemia y del duro periodo de confinamiento, que han servido haya ahora de soporte fundamental a la defensa del interés general y la salud pública.

Esto, al igual que la intensidad de los rebrotes, se da por diversas razones: en parte por la resistencia de la oposición del cuanto peor mejor, pero también porque el Gobierno se ha equivocado con el mensaje en exceso optimista de la nueva normalidad. Parecía que esa nueva normalidad, malentendida como nostalgia y recuperación de lo perdido, estaba al alcance de la mano, pero no podía ser y finalmente no ha sido así. Muy al contrario, después de un breve periodo de tranquilidad y de expectativa de un final feliz nos vamos adentrando en la inquietud, la preocupación y la zozobra de una convivencia conflictiva con el virus sars_cov2.

Es cierto que no hay comparación posible con la situación vivida en la primera curva de la pandemia, con la rotura de la cadena de suministros, la incidencia en grupos vulnerables, el colapso hospitalario y la alta mortalidad. Una buena comunicación es esencial.

Por otro lado también nosotros nos hemos ido engañando a nosotros mismos, primero sobre la supuestamente natural atenuación del virus o sobre su incompatibilidad con el calor tórrido de las últimas semanas. Asimismo con el más que probable retraso, al menos hasta otoño, de una hipotética segunda ola y últimamente con la perspectiva de la vacuna exprés como solución definitiva, tan parecida a las llamadas balas mágicas, para antes de final de año.

No es casual que la OMS esté alertando en los últimos días sobre el exceso de confianza que significa dar un plazo tan corto a la investigación de la vacuna, como consecuencia de los intereses comerciales o las urgencias políticas, poniendo en peligro su seguridad y eficacia de la nueva vacuna y en particular la accesibilidad de los más vulnerables, quebrando con ello la confianza de los ciudadanos si, como es previsible, el plazo finalmente se alarga o su fiabilidad disminuye. Sobre todo, porque no sería la primera vez que ocurre y porque sus efectos en cadena vienen lastrando la confianza en la prevención de las vacunas.

Al final, el verano ha pasado y no ha significado la recuperación de la actividad económica y la salvación del turismo esperadas. En buena parte, porque no hemos logrado hacerlas compatibles con la contención de la pandemia. El rastro que todo ello ha dejado han sido más brotes, más crisis y más paro.

También porque quizá no se haya informado adecuadamente ni nos hayamos preparado para la convivencia con el virus en una situación de libertad condicionada por la alerta y el riesgo. Y como consecuencia, se ha ido reduciendo la disposición inicial a colaborar para compartir tal forma de libertad con compromisos y responsabilidades.

De ahí la desescalada precipitada y atropellada en que las CCAA, el Gobierno y los ciudadanos pasamos del confinamiento al espejismo de la nueva normalidad. Las actitudes irresponsables serían su expresión más extrema.

Por eso, no es de recibo que Casado atribuya la responsabilidad en exclusiva al Gobierno por jalear la nueva normalidad ni por carencia de liderazgo. Se olvida de la suya con el rechazo gregario de Vox a las prórrogas del estado de alarma, única garantía del confinamiento, y de la imprevisión de los Gobiernos conservadores de las CCAA que gobiernan en relación al incumplimiento de los compromisos de refuerzo de la atención primaria, de la salud pública y de los mínimos rastreadores.

La nueva normalidad ha resultado ser, sin embargo, la total incertidumbre, tanto en relación a la intensidad como sobre la duración de la pandemia. Hoy vivimos entre la aceptación y la resignación mayoritarias en defensa propia y la negación o el rechazo de una minoría cada vez más ruidosa de las normas de salud pública.

La política, en vez de adaptarse a la gestión del riesgo, continúa moviéndose entre la polarización, el reparto de culpas y cuando menos el datismo y la equidistancia escéptica. Se echa de menos el diálogo, la colaboración el apoyo en la ciencia, así como la crítica y el control democrático acorde a las competencias y las responsabilidades de cada cual.

En una fase asimétrica de control de brotes y transmisión comunitaria que sin lugar a dudas está bajo la competencia de gestión sanitaria y de salud pública, propias de las comunidades autónomas.

También, en el marco de la Constitución, de la ley de salud pública, el decreto de nueva normalidad y el plan de respuesta temprana, en ejercicio de la competencia, también indudable, de coordinación en materia de salud pública por parte de la Administración Central.

Lo que aún no existe, pero porque la ley todavía no ha sido desarrollada, es la autoridad compartida y la gobernanza en los casos de epidemias que estaba prevista en la ley general de salud pública.

En su defecto, las competencias propias de cada administración y aquellas competencias compartidas, aunque son conocidas y de hecho se ejercen, no han estado hasta ahora unidas al reconocimiento mutuo, la colaboración ni a la responsabilidad.

Muy al contrario, seguimos enfrascados en los manidos debates sobre los datos de mortalidad de la covid-19 o los de sobremortalidad, del liderazgo y el mando único frente a la gobernanza, del estado de alarma frente las reformas orgánicas de la ignorada ley de salud pública. Un pandemónium que nos debilita en la respuesta y que solo es útil para favorecer la estrategia antipolítica.

De este modo, el Estado compuesto de las CCAA de nuestra Constitución, se va convirtiendo, por nuestra mala práctica antagonista, en un Estado complejo y desordenado que trasmite a los ciudadanos inseguridad y ruido, en vez de confianza y seguridad frente a la situación de incertidumbre.

Sin embargo, las encuestas de intención de voto no muestran ninguna utilidad a la utilización de la pandemia para el desgaste de los Gobiernos. Si en un principio se pensó que los dextropopulistas se verían beneficiados de la gestión del miedo, hoy sabemos que la gestión de la pandemia, o bien es favorable para los Gobiernos o tiene una influencia inapreciable en la intención de voto. Porque, ante el miedo y la incertidumbre, es lógico que prime la búsqueda de la seguridad. Sin embargo, nada nos garantiza que si al miedo y la confianza le suceden la ansiedad y la frustración, la opinión no pueda ser diferente como asegura Iván Krastev en ¿Ya es mañana?.

No es de extrañar que la perspectiva ante la vuelta a la escuela y el trabajo, para una parte importante de ciudadanos, como ocurre ya ante el futuro de sus hijos, no sea la de mejorar, sino la de al menos no empeorar. De la confianza, vamos camino de la resignación.

Por eso, sería el momento de aprovechar el reto que supone la vuelta a la actividad, para reconsiderar las inútiles estrategias de confrontación en favor de la colaboración. De hecho, porque tras el ruido y la bronca, tanto en relación a la respuesta a los brotes, como en la apertura de escuelas y de las universidades se han producido ya más acuerdos que disensos. Por ejemplo con las propuestas concertadas de los meses de junio y julio o más recientemente con las acciones coordinadas aprobadas en el consejo interterritorial de salud y en las conferencias sectoriales de educación y universidad.

En el caso de las respectivas competencias, se trata también por parte de las administraciones autonómicas de completar las medidas y los recursos sanitarios y de salud pública pendientes, para así hacer frente a los brotes con solvencia. Y por parte del Gobierno central, aparte de su labor de coordinación, asumir el liderazgo social de ampliar los apoyos a los sectores más vulnerables con respecto a los determinantes sociales y ambientales en cuanto a las medidas de protección y prevención en los puestos de trabajo, los transportes colectivos, los centros de mayores, los barrios populares y la situación de sus viviendas.