No son errores, es el modelo

Daniel Cuesta es enfermero y coordinador del Área de Salud de Izquierda Unida Madrid, y Vanessa Lillo es diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad

A pesar de la imagen de seguridad y la vehemencia con la cual el Partido Popular de Madrid y su entorno defienden la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la crisis sanitaria, los acontecimientos no paran de golpear su credibilidad. Y es que los argumentos que emplean para defenderla se encuentran en un terreno peligroso para presentar una batalla por el relato: se enfrentan a la realidad. Probablemente esa sea la causa, junto al riesgo a posibles repercusiones judiciales de la gestión de esta traumática crisis, de que personas hasta ahora cercanas abandonen el barco. Incluso fichajes estrella de la propia presidenta que han formado parte activa de la gestión de la crisis, como el caso que nos ocupa.

La entrevista publicada en portada por el diario El País a Antonio Burgueño, un hombre que fue elegido para liderar el mando unificado que debía hacer frente a la crisis sanitaria, puede suponer un auténtico problema para la presidenta autonómica y su consejero de Sanidad Enrique Ruiz-Escudero. A pesar de que su revelación más importante no supone nada nuevo: que el Gobierno autonómico contravino su responsabilidad de medicalizar las residencias a pesar de haber anunciado su puesta en marcha e, incluso a pesar de apercibimientos judiciales, supone un problema. No por lo que dice, sino por quién lo dice.

Antonio Burgueño no es únicamente un gestor del ámbito sanitario más o menos cercano a una fuerza política. Su papel en los planes de privatización de la sanidad madrileña, en la implantación del denominado "modelo Alzira" (de gestión privada de hospitales públicos) y en el fracasado proyecto de privatización de hospitales que la justicia tumbó en 2014 costándole el puesto al entonces consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty y a él mismo, convierten a Burgueño en un símbolo. Su mero nombramiento a principios de esta crisis fue una auténtica declaración de intenciones: la gestión en Madrid de la peor crisis sanitaria en lo que va de siglo se realizaría atendiendo a los criterios de intereses privados. Por ese motivo, su reaparición en este contexto causó reacciones públicas tan negativas de colectivos y organizaciones que defienden la sanidad pública, entre los que se encontraba Izquierda Unida Madrid.

Burgueño, en su entrevista-fuga, no renuncia al modelo que representa ni por un instante, mientras señala al Gobierno autonómico por no medicalizar las residencias y sostiene que no lo hicieron desobedeciendo su criterio. Un criterio que no suponía otra cosa que el desmantelamiento por completo de la Atención Primaria. Arremete frontalmente contra sus profesionales, cómo si en ellos recayera la toma de decisiones. Un intento de “escurrir el bulto” de la responsabilidad política por un lado y, por otro, desprestigiar un modelo sanitario que choca frontalmente con su espíritu mercantil, con una propuesta que hubiera tenido también unas consecuencias catastróficas. En este punto cabe recordar que, en contra de la opinión del Colegio Oficial de Médicos, la Consejería de Sanidad derivó a cerca de 1000 profesionales de Atención Primaria al hospital de campaña de IFEMA, lo cual supuso el cierre de más de cien centros sanitarios durante meses. Cierres que siguen sufriendo miles de madrileños y madrileñas y contra los que ya se han realizado diversas movilizaciones.

En vista de la magnitud de los acontecimientos, el “asesor sanitario” concede una entrevista para rechazar por completo cualquier responsabilidad sobre la acción ejecutiva del Gobierno de Díaz Ayuso. Atendiendo a sus palabras, él fue nombrado coordinador, pero solo dio consejos por teléfono; su Plan salió mal, pero porque no le permitieron ejecutarlo a él, y no conoció los protocolos de negar la atención sanitaria a los ancianos enfermos, pero supone que los geriatras los verían bien. Incluso se desentiende del papel jugado por su propia hija, a la que se le concedió en su momento la tarea de medicalización de las residencias en un operativo de horrible nombre (“operación Bicho”) y peores resultados.

Para Burgueño, toda la culpa es de la ausencia de una capacidad de “mando militar” y de desoír sus 270 propuestas. El pandemonio de intereses privados que guiaron las decisiones del Gobierno, no tuvieron ninguna responsabilidad. Un "plan histórico que uniría la sanidad pública y privada bajo una única coordinación" anunciado por el propio Consejero de Sanidad el pasado 12 de marzo. Un plan solicitado desde entonces y cuyo contenido vamos conociendo por entrevistas como ésta.

Además, asumiendo que el despropósito de la actuación del Gobierno de Ayuso va a terminar en los tribunales, nos dice que no cobró nada por esta labor, lo cual podría limitar su responsabilidad penal, pero también nos remite a la pregunta de, ¿en manos de quiénes ha puesto la Comunidad Autónoma de Madrid la respuesta ante la peor pandemia del último siglo?

La entrevista a Burgueño es muy representativa de que permanecer junto a Ayuso comienza a ser visto como una empresa de riesgo para sus colaboradores. Pero no nos puede desviar la atención de que su propuesta para las residencias no era y no supone, ni de lejos una solución. El desmantelamiento de la Atención Primaria supondría un atentado contra la sanidad pública de consecuencias gravísimas. El empeño llevado hasta los últimos límites en anteponer los intereses privados fue lo que, en última instancia, impidió una respuesta realmente unitaria y coordinada. Porque tras los dramáticos resultados de la gestión de la crisis causada por el brote de covid-19, no se encuentran únicamente los errores, malas decisiones y negligencias de Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz-Escudero, sino toda una concepción, una manera de entender la sanidad, un modelo, que impide que se afronte una crisis de esta envergadura como es necesario: anteponiendo el bien común por encima de bienes particulares.