Hacia la “nueva normalidad”, sin propósito de enmienda

En esta “nueva normalidad” que se nos anuncia y diseña, no sólo sufriremos de una libertad recortada y un sosiego perdido, sino que la regresión será general: ni la salud o la educación aumentarán su calidad ni el medio ambiente mejorará ni, desde luego, el capitalismo se enmendará, debilitará o –decepcionando a tanto ingenuo– llegará a desaparecer, pese a sus inmensos méritos como gran responsable del desastre; sino que se adaptará, arteramente, y se fortalecerá con rapidez, reorganizándose y agudizando su perversidad global. Tampoco la democracia parlamentaria aportará avances, ya que un sistema socioeconómico que va de crisis en crisis y depredando el medio ambiente, sólo tiene como perspectiva el autoritarismo.

De entrada, el enfoque general dado al tratamiento a la pandemia, que es esperar a la vacuna para recuperar nuestro (¡puf!) bienestar anterior, ya es falaz y desviado, porque afronta la solución actuando a posteriori, sin el adecuado (urgente, necesario, leal) esfuerzo por localizar y establecer seriamente las causas de la pandemia, y extraer conclusiones empezando por su relación con la crisis ecológica. Y, entre otros detalles que revelan la ausencia de verdadero espíritu de solución o mejora, se enarbola la recuperación de las tasas perdidas del PIB, necesarias para la “reconstrucción” ansiada, es decir, para volver a las andadas: más de lo mismo, en definitiva. Y se concluye, como “lección de la pandemia” en que la tecnología ha suavizado la crisis y abre benéficas perspectivas para el futuro inmediato.

Pertinaces e incompetentes, políticos y empresarios renuncian a cambiar nada esencial, y se contentan con mínimos maquillajes legislativos y con obsesivos planes tecnológicos. Aludamos a tres aspectos de esta falta de respuesta consecuente.

En primer lugar, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética refleja la insistencia en atacar un problema parcial –el del cambio climático y su relación con las emisiones de CO₂– como si fuera la esencia de las transformaciones más urgentes y necesarias, que son, sin embargo, de cambio de enfoque socioeconómico radical (aunque prudente, progresivo, claro y leal). Esta ley, de 49 páginas, dedica nada menos que dieciséis a la “exposición de motivos”, que consiste en un farragoso enunciado que pretende cambiar el sistema de generación eléctrica de acuerdo con todos los requisitos técnicos, empresariales y financieros que hagan posible el acuerdo con el sector (privado) productor. El núcleo de la ley son 36 artículos, vagos y generalistas, que remiten inevitablemente a futuros y sucesivos decretos que irán consumiendo un tiempo precioso sin eficacia. Las disposiciones adicionales, transitorias y finales, es decir, la letra pequeña, son nueve páginas destinadas a quitar el poco hierro que contiene el articulado y a anunciar que no se hará nada sin el beneplácito del sector. A juzgar por la total ausencia de sensibilidad ecológica, no sería de extrañar que se haya encargado de su redacción a un consulting tecnocrático, acorde con el predominio de tecnócratas y burócratas en el Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, que es su principal defecto.

En segundo lugar, se debe alertar sobre una de las conclusiones que se predican como hallazgo venturoso de la pandemia y “clave de verdadero cambio”, que es el impulso a la informatización general de la sociedad, sin reparar en los daños que supone Internet, un virus global de cuidado, para la colectividad humana (no así para el mundo de los negocios). Este impulso gigantesco a la deshumanización generalizada con cantos desaforados a los “nuevos avances” derivados de la lucha contra la pandemia, incluye un castigo adicional al trabajador y al empleo: al sector privado lo mueve la rentabilidad y la competitividad, y al sector público, la reducción del gasto. Esa informatización del trabajo se quiere que la protagonice esa tecnología insidiosa, que implica más desempleo, más vigilancia y más frustración, con transformaciones previstas de envergadura desconocida, por ejemplo, en la sanidad (con más teleasistencia, robots en lugar de personal sanitario…), en las relaciones laborales y, lo peor de todo, en la educación. Con el teletrabajo, cuyo impulso tanto empresas como administraciones ven como “lección positiva” de la pandemia, se rearma la agresión al empleado, humillándolo, empobreciéndolo y aislándolo tanto en su vertiente personal como familiar y social; lo que, sin embargo, llena de satisfacción a los empleadores, quienes encuentran grandes ventajas y pingues beneficios en este refinado maltrato personal, familiar y social del empleado. Resulta, así, un hallazgo ferozmente alienante en esos tres planos, y no cabe duda de que muchos empleados (y líderes sindicales) que encuentran este futuro como halagüeño, no han reflexionado lo suficiente ni tienen en cuenta sus numerosas y aviesas repercusiones.

Peor todavía que el teletrabajo –como regresión de las relaciones del trabajador con su entorno laboral inmediato y cuanto tiene de creativo y estimulante–, es el fervor que se ha ido creando hacia el incremento de la informatización en, prácticamente, todos los niveles de la enseñanza, es decir, de la relación virtual de los alumnos con el profesor. Si ya venimos quejándonos por la pérdida galopante de la calidad de nuestro sistema de enseñanza y de la incultura –material, social, política–de nuestros alumnos, las propuestas que se delinean en el inmediato futuro no pueden ser más necias. La tecnología pasa de ser instrumental, como ayuda, a agente sustitutivo de la esencia de la educación: la directa e intensa relación profesor-alumno.

En tercer lugar, debemos destacar el hecho de que la fuerza del sistema productivo sea tan ciega y determinante que imposibilite la lucha prudente contra la pandemia, al no poderse detener durante mucho tiempo. En el caso de España, debido a haber asumido el papel que el sistema internacional le ha atribuido que es, fundamentalmente, el de destino turístico masivo, la proximidad de la temporada álgida, la de verano, ha trastocado todas las estrategias de razonable lucha contra el virus, y las administraciones públicas han enloquecido forzando al levantamiento prematuro de las medidas de prevención y control: es verdad que el país no puede prescindir del turismo y, ante esta realidad, la pandemia se convierte en enemiga entre nosotros, en una mortal asesina suelta, cuyos daños –así se ha decretado, implícitamente– resultan menores que los derivados de la catástrofe turística.

Siempre desaforado, mimado e impune frente a sus inmensos daños ambientales y culturales, el turismo no tardó en despertar las críticas por sus pretensiones y por el favor político del que siempre disfrutó: se advertía ya en los años 1970 del riesgo de la “balearización”, es decir, de exponer el país entero a lo que ya caracterizaba al archipiélago balear, que era la dependencia socioeconómica, casi exclusiva, respecto de la actividad turística juzgada, con razón, como frágil y peligrosa debido a estar expuesta a numerosos eventos incontrolables (se pensaba más en las crisis políticas y económicas que en las pandemias). Un político y empresario relevante reconocía, ya en 1978, que el papel de España en el concierto mundial era ser, antes que potencia agrícola o industrial, “solaz y recreo del turismo centroeuropeo”.

El nuevo capitalismo, reanimado por el control, el confinamiento y, sobre todo, el miedo y la impotencia de hecho frente a la plaga, es peor que todos los anteriores, porque su capacidad de agresión a la intimidad, los sentimientos, la voluntad y la perspicacia de los ciudadanos ha llegado a ser enorme, y no deja de crecer.