Covid-19: especial gasto militar en España (III)

Como ya hemos comentado, el pasado 20 de mayo de 2020, hace unas semanas, el Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, concedió una entrevista en la que ratificó la decisión de Margarita Robles para aumentar el número de militares a 127.000, algo más de 7.000 contrataciones más, y en la que habló del Plan ‘Ave Fénix’, que catalogó como "una panoplia de medidas dirigidas a la reactivación de la industria de Defensa, una industria muy importante para España por su papel en la economía y alto componente tecnológico". Además, ratificó los compromisos existentes: "sería un sinsentido, desde mi punto de vista, que, como se produjo en el 2008, en estos momentos, se produjeran recortes o anulaciones de estos programas" por lo que "los compromisos de gasto adquiridos [12.500 millones de euros en armas] por el ministerio de Defensa van a permanecer y espero que incluso puedan aumentarse". El PSOE, y Margarita Robles, de nuevo al rescate de la industria militar contra los intereses de la ciudadanía, porque recordemos que con el PSOE empezó todo en los años noventa –los Planes Especiales de Armamento o PEAs por valor de más de 30.000 millones de euros–.

Un ministerio endeudado por unos desastrosos planes de armamento

En la actualidad, el ministerio de Defensa todavía está pagando los mencionados PEAs, que se apalabraron en 1994 –costaron 34.143 millones de euros y se debían 23.500 millones de euros en 2018–. Cantidad que ha tenido que financiarse, en perjuicio de la ciudadanía, y que no se terminará de abonar hasta el año 2031. Según el calendario de pagos, este año 2020 se abonarán 1.945 millones de euros y en el año 2021 se llegarán a los 2.000 millones de euros. Con un lastre semejante, comprometerse a otros 12.500 millones de euros –fraccionados a diez años– no parece acertado, máxime si las compras realizadas en los PEAs de los años noventa fueron un desastre y los nuevos programas lanzados en la actualidad no parece que lleven mejor trayectoria.

Entre las armas que el PSOE decidió comprar en los años noventa por más de treinta mil millones de euros figuran: un submarino S-80, que ni flotaba ni se propulsaba ni cabía en el muelle, hasta tal punto que 2.000 millones de los 12.500 millones del nuevo ciclo armamentista servirán –se supone– para enmendar este disparate; el avión A400M, que no puede aerotransportar el carro de combate que se compró porque este pesa más (unas 70 toneladas) que la carga que puede aerotransportar (menos de 40) y que, además, muestra problemas para el lanzamiento de paracaidistas y carga y para el repostaje en vuelo; el EF-2000 o Eurofighter, un caza de combate que ha generado una gran tasa de siniestralidad, con cuatro muertos y cinco aparatos perdidos, y del que se guardaban en 2016 en un hangar de Albacete doce unidades por cuestiones fiscales; el carro de combate Leopard, del que 150 unidades terminaron almacenadas porque no se podía pagar el combustible; o el helicóptero NH-90, del que llegó a haber tres unidades almacenadas en 2016 porque la unidad del Ejército de Tierra que las solicitó no tenía tripulación ni personal para el mantenimiento. Total, un desastre.

Un desastre que lo había sido de cualquier manera, porque en la mayoría de los casos se trata de material militar que solo podría ser útil en caso de un enfrentamiento de gran intensidad, pero lo cierto es que los conflictos en los que ha participado –y participa– España han sido asimétricos, así que, ni aunque hubiera habido dinero para el combustible de los carros de combate Leopard, el submarino S-80 hubiera flotado y se hubiera propulsado o el EF-2000 o Eurofighter no tuviera la siniestralidad que tiene y no hubiera estado almacenado por cuestiones fiscales, el dinero invertido habría tenido utilidad alguna.

Por todo ello, el que fuera secretario de Estado de Defensa en el año 2010, Constantino Méndez, del PSOE, afirmó: "Hemos comprado armas que no necesitamos, para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora". Margarita Robles parece dispuesta a cometer el mismo disparate para aumentar los beneficios de la industria española de las armas.

Armas que no necesitamos, para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora

Porque lo cierto es que gran parte del gasto de los 12.500 millones de euros no lo necesitamos. No necesitamos los 998 vehículos blindados 8x8 que sumarán 3.836 millones de euros y no necesitamos las cinco fragatas F-110 por 4.325 millones de euros porque los blindados son para conflictos de alta intensidad y los escenarios bélicos en los que se emplea España son conflictos asimétricos y las fragatas son un modelo intermedio entre las fragatas F-100 y los BAM, Buques de Acción Marítima.

Por tanto, podrían ahorrarse en un porcentaje muy importante los más de 8.000 millones de euros en blindados y fragatas. Por ejemplo, si en lugar de comprar los 8x8 se compraran vehículos RG-31, se podrían comprar 1.000 unidades por poco más de 600 millones de euros; y con el número y modelo de embarcaciones existentes en la Armada difícilmente se puede justificar la comprar de más de una fragata F-110, lo que supondría 900 millones de euros. Es decir, se podrían gastar 1.500 millones de euros en lugar de 8.161 millones y reducir en más de 6.500 millones de euros el gasto y ello solo en estos dos programas. Incluso si se optara por una adquisición extra de 100 vehículos 8x8, tan solo se añadirían 400 millones de euros. Es decir, se ahorrarían sí o sí más de 6.000 millones de euros. Una cantidad que equivale a dos años de salario mínimo vital.

Gasto militar es gasto social, según Margarita Robles

Una de las excusas utilizadas por la ministra de Defensa para justificar este nuevo disparate armamentista se basa en los puestos de trabajo que genera la industria armamentista. "El gasto militar es gasto social", llegó a aseverar Margarita Robles. Exactamente, el ministerio de Defensa aseguró que el programa 8x8 generaría 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos.  Esto es, 3836 millones de euros para 1.650 puestos de trabajo si tenemos en cuenta el plan global o 2.100 millones de euros para 1.650 puestos de trabajo si solo tenemos en cuenta la primera fase del programa. Hablamos, pues, en el mejor de los casos, de 0,78 puestos de trabajo por millón de euros invertidos armas –en el peor de los casos, menos de 0,5 puestos de trabajo–, cuando Sanidad, Educación, Construcción o Dependencia generan por cada millón de euros invertido entre 15 y 40 puestos de trabajo. Hasta ochenta veces más. No, el gasto militar no es gasto social, obviamente, y tampoco favorece el empleo, hay inversiones mucho más efectivas para generar empleo.

Desgraciadamente, con el aumento de militares habrá que elevar las inversiones en Defensa, además de las necesidades de armamento lógicas y con los 12.500 millones de euros que se piensa gastar en armas Margarita Robles, el ministerio de Defensa elevará su deuda, de nuevo, por encima de los 30.000 millones de euros, lo que supondrá, dado que esta inversión se pagará a diez años, unos 3.000 millones de euros anuales. Militares que perfectamente pueden terminar sin gran utilidad –en la UME hay 3.500 efectivos para 60 actuaciones al año cuando en los bomberos de Barcelona hay 1.800 efectivos, la mitad que en la UME, para más de 20.000 actuaciones al año– y material bélico que, como el que compramos en los años noventa, puede terminar en hangares, sin uso y puede que, teniendo en cuenta el historial negro de la industria militar, incluso sea defectuoso.

Anexo: puedes consultar tablas y gráficos aquí

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