La gran oportunidad de reformar nuestro injusto sistema tributario

Ricardo García Zaldívar, ATTAC y Plataforma por la Justicia Fiscal

Para empezar recordemos el artículo 35 de nuestra Constitución que dice que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

La pregunta que debemos hacernos a continuación es si tenemos en España un sistema tributario justo. La respuesta es no. Y la ciudadanía lo tiene claro ya que el 83% de los encuestados por el CIS en 2019 declaraban que "no creían que los impuestos en nuestro país se cobrasen de forma justa".

Desde hace tiempo cada vez más personas pensamos que este incumplimiento de la Constitución es uno de los principales problemas que lastran la democracia española. Pero ahora, tras la aparición de la covid-19, sabemos que ese problema no resuelto va a alcanzar una enorme gravedad debido a los estragos sanitarios de este virus letal que ha obligado a parar prácticamente la economía y que se van a requerir importantes recursos financieros públicos para dar protección social a millones de afectados, y para recomponer y remodelar un tejido productivo ya muy debilitado por la anterior crisis de 2008. Por ello debemos preguntarnos cómo va a hacer frente el Estado a ese ingente gasto público sin recurrir a más deuda pública: la actual ya es insostenible y en ningún caso habría que seguir hipotecando la vida de nuestros descendientes acentuando el consabido "pan para hoy y hambre para mañana".

Mientras los gobiernos del sur de Europa negocian transferencias a fondo perdido de fondos comunitarios, denunciando la insolidaria actitud de los gobiernos ricos en la UE, a un Estado sin soberanía monetaria como el nuestro le quedan escasas opciones a parte de incrementar los ingresos de las Administraciones vía impuestos. Pero para que la indignación ciudadana no alcance dimensiones descomunales por tener que apretarse el cinturón los de siempre, es ahora más que nunca cuando debemos plantear la urgencia una profunda reforma fiscal. En este artículo nos proponemos hacer un somero repaso de cuáles pueden ser las reformas que habría que introducir en nuestra fiscalidad para acercarnos a ese "sistema tributario justo" del que habla la Constitución.

Comencemos por uno de los tratamientos más flagrantemente injustos de nuestra fiscalidad y que tiene lugar en el principal ingreso de la Agencia Tributaria: el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Y hay que referirse forzosamente a la llamada "dualidad fiscal" que supone una tributación mucho más favorable para las rentas del capital que para las rentas del trabajo. Así, en 2018 y según el último "Informe anual de recaudación" de la Agencia Tributaria, las rentas del trabajo aportaron el 85% de lo recaudado por el IRPF mientras que las rentas del capital apenas supusieron el restante 15%, porcentajes ambos que contrastan fuertemente con ese 30% que las rentas del capital representaban ese mismo año en la renta nacional llamada "factorial", la que ha descontado ya las depreciaciones y algunos impuestos indirectos como el IVA y otros.

La clave de este favorable tratamiento a las rentas del capital está en los tipos impositivos que gravan el llamado "ahorro de los contribuyentes", correspondiente a esa minoría de gente que puede ahorrar. La explicación está en que los tipos aplicados no son progresivos y permiten que todos los ahorradores coticen por igual a Hacienda en lugar de que quien obtenga mayores rentas del capital lo haga en mayor proporción. Es así difícilmente admisible que alguien que obtenga anualmente rentas del capital de más de un millón de euros sea gravado al mismo tipo impositivo que lo son, por ejemplo, las rentas provenientes de los asalariados o de los autónomos que obtienen 33.000 euros anuales. Además, el concepto mismo de ahorro es un tanto tramposo pues esconde las ganancias patrimoniales especulativas que en justicia no deberían ser consideradas rentas del ahorro y tener un tratamiento diferenciado.

Esta dualidad fiscal es tanto más sangrante cuanto que las rentas del capital no han cesado de crecer en los últimos años en detrimento del trabajo, pasando del 28% en 1995 al actual 30%, lo que ha acentuado aún más la desigualdad social favorecida por el importante aumento de unas rentas inmobiliarias multiplicadas por cuatro en las últimas dos décadas: el incremento del precio de las viviendas y los alquileres ha sido el causante, castigando aún más la renta disponible de los inquilinos.

Otro factor que ha incrementado en gran medida la injusticia de nuestro sistema tributario ha sido el desplome de un 33% de lo recaudado por Impuesto de Sociedades (IS) desde 2007. A diferencia de las PYMES y microempresas, que si han reducido su contribución al IS ha sido por el cese de su actividad, los grupos empresariales consolidados, en su mayoría empresas multinacionales de gran tamaño, han aportado menos a las arcas públicas gracias a conseguir aplicar unos tipos "efectivos" escandalosamente bajos a sus beneficios. Así, la Agencia Tributaria ha publicado a principios de 2020 un informe en el que aparecen las 134 multinacionales que realizaron una declaración obligatoria exigida por primera vez en 2016, con información relativa a sus resultados contables "país por país". Pues bien, 49 de esas empresas, en general las más importantes en cuanto a cifra de negocios, han acabado ingresando por Impuesto de Sociedades importes que suponen de media el 3,1% de sus beneficios netos. 3,1% cuando los tipos impositivos nominales son del 25 y del 30%. Pero es que dentro de ellas, 27 grandes empresas multinacionales españolas apenas han ingresado en Hacienda de media el 0,3% de tales beneficios. El informe de la Agencia Tributaria no especifica quienes son pero se trata sin duda de las entidades que más han conseguido aprovecharse de las deducciones legales aplicables y que además han desarrollado con mayor eficacia todo tipo de prácticas de elusión fiscal. ¿Qué se puede hacer frente a este escándalo de nuestra fiscalidad? Como después veremos, una forma sencilla de tratar de acabar con esta injusticia fiscal sería establecer como medida cautelar una tributación mínima del resultado contable de las empresas, especialmente de las multinacionales con sede en España cuya cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial sea superior, por ejemplo, a 750 millones de euros para el conjunto de entidades que formen parte de su grupo fiscal.

Otra reforma fiscal urgente, además de la del IRPF y el IS, es la del Impuesto de Patrimonio, encaminada a que ingresen más quienes más riqueza atesoran. Actualmente esto no sucede pues por tratarse de un impuesto transferido a las Autonomías las bonificaciones de la cuota permiten a los muy ricos escaparse sin pagar. Los residentes acaudalados en la Comunidad de Madrid gozan de una bonificación del 100%, lo que ha hecho que la mitad de los seis mil contribuyentes más ricos residentes en España, esto es, los que declaran un patrimonio neto individual de más de seis millones de euros, tengan fijada su residencia en Madrid para aprovecharse de la bonificación y no pagar el impuesto, haciendo perder a las arcas públicas cerca de 500 millones de euros.

La necesidad de incrementar los ingresos públicos provocada por la covid-19 proporciona una buena oportunidad para transformar este Impuesto autonómico sobre el Patrimonio en un Impuesto estatal a las Grandes Fortunas, fijando un mínimo exento (por ejemplo, un millón de euros sin contar la vivienda habitual hasta un límite razonable) e introduciendo tramos de riqueza a los que aplicar tipos impositivos progresivos del 2 al 3,5%. De esta forma, además de obtener importantes ingresos públicos para contrarrestar los efectos de la pandemia (hasta un 1% del PIB, se calcula) se lograría hacer más justo nuestro sistema tributario, contribuyendo "verdaderamente" entre todos al sostenimiento de los gastos públicos, como dice la Constitución.

Pero si se introducen estas reformas radicales para lograr una mayor justicia en los impuestos podríamos preguntarnos si no provocaría ello una mayor evasión fiscal en base a una utilización más intensiva de las guaridas financieras (mal llamadas paraísos fiscales). Desde luego que las grandes empresas y fortunas tratarán de intensificar sus actuales prácticas defraudadoras, a las que eufemísticamente llaman "optimización fiscal". Pero si hubiese una decidida voluntad política para combatirlas, se podrían aplicar eficaces estrategias anti fraude fiscal que reducirían su alcance. Veamos algunas de estas estrategias.

La primera sería la de forzar una respuesta conjunta y coordinada de la UE al dumping fiscal que nos plantean en concreto Luxemburgo, los Países Bajos, Reino Unido y Suiza, en orden decreciente de importancia del daño causado. Ofreciendo una muy baja tributación, estos cuatro países han conseguido que las grandes empresas multinacionales declaren y desvíen hacia ellos los beneficios que obtienen en otros países, privándoles a éstos de una parte importante de sus ingresos fiscales. En un reciente informe de la organización Tax Justice Network, de la que Attac forma parte, se ha estimado que el desvío de beneficios hacia estos cuatro países por las grandes empresas multinacionales estadounidenses supone pérdidas fiscales de decenas de miles millones de dólares anuales (2.000 sólo para España). Cuando se calcule lo que evaden fiscalmente la totalidad de las multinacionales en la UE y no sólo las estadounidenses, la cifra multiplicará por más de dos la proporcionada por Tax Justice Network

Las medidas para acabar con esta dañina práctica son bien conocidas desde hace tiempo, aunque su aplicación dependa de la relación de fuerzas entre los grupos políticos que defienden políticas comunitarias contrapuestas en la UE. La crisis provocada por la covid-19 podría propiciar que se avanzase de forma decisiva en la necesaria armonización fiscal en la UE, estableciendo sin más demoras la exigencia de que para operar en el espacio económico europeo, las multinacionales tengan que publicar anualmente los llamados "informes país por país" donde se detallen sus plantillas, facturación, beneficios e impuestos que pagan. En realidad, hace años que se ha conseguido que esta obligación esté en vigor para los grandes bancos europeos, por lo que simplemente se trataría de hacerla extensiva al resto de las grandes empresas. Una vez conseguida esta relevante información, la Comisión europea podría fijar un tipo impositivo efectivo mínimo común para toda la Unión Europea, del 25% por ejemplo, con lo cual el actual dumping fiscal habría pasado a la historia.

La segunda estrategia sería de ámbito español y consistiría en alcanzar un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal que recibiese el apoyo de todos los grupos parlamentarios, o al menos de la gran mayoría. Un Pacto que podría incluir, entre otras, las siguientes medidas:

1. Romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de un plan de acción urgente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal, que convoque a todas las fuerzas políticas y cuente con un marco parlamentario permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas.
2. Poner fin a la utilización de las guaridas fiscales en España, estableciendo una lista negra objetiva y ambiciosa, que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, aplicando sanciones y contramedidas.
3. Apoyar y proteger la figura del denunciante que tanto aporta en la lucha contra el fraude la evasión y la elusión fiscal.
4. Penalizar la contratación pública para quien no cumpla con criterios fiscalmente responsables mediante el uso discrecional de estructuras en paraísos fiscales.
5. Reforzar los medios y recursos de la Agencia Tributaria para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos en el plazo de cinco años.

Una última estrategia anti fraude consistiría en introducir nuevos impuestos estatales que graven los ingresos obtenidos en España por grandes empresas multinacionales que desarrollan actividades que por razones diversas logran escapar a nuestro actual marco fiscal. Sería el caso, por ejemplo, de la llamada Tasa Google, ya prevista su próxima tramitación en las Cortes y que propondría gravar el 3% de los servicios de publicidad en línea, de los servicios de intermediación en línea y de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Este nuevo impuesto debería armonizarse posteriormente con las reglas de tributación comunitarias hasta conseguir que las multinacionales coticen por las ganancias obtenidas en el país donde desarrollan su actividad.

El otro nuevo impuesto mayoritariamente demandado por ciudadanía española y europea y que constituye a la vez un eficaz instrumento contra la especulación financiera es el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Tras largos años de movilizaciones sociales para exigir su aplicación, ya existe hoy en España una propuesta del Gobierno de introducir un ITF que "tuviera la finalidad de contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, habida cuenta que las operaciones que ahora se someten a tributación con carácter general no se encuentran sujetas efectivamente a impuesto alguno en el ámbito de la imposición indirecta" como se dice textualmente en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que se quiere tramitar. Es cierto esa propuesta solo contempla gravar al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, lo que nos parece claramente insuficiente. Pero tiempo hay todavía de presionar socialmente y presentar enmiendas para conseguir que el ITF acabe gravando también las divisas, los derivados y las operaciones de alta frecuencia, hasta convertirlo en un verdadero impuesto anti especulación financiera.

Prácticamente la totalidad de las propuestas y medidas abordadas en este artículo se recogen en un manifiesto promovido por la Plataforma por la Justicia Fiscal, documento que demanda a las fuerzas políticas un acuerdo para afrontar una reforma tributaria que haga realmente efectivos los principios de suficiencia, generalidad, igualdad y progresividad. En dicho manifiesto se reclama que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen. Y asimismo, se exige que dicha reforma ponga coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos. Esta es la gran oportunidad de reformar nuestro injusto sistema tributario.