La gran oportunidad para un impuesto a la riqueza

Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción

En memoria a Daphne Caruana

El gasto público debe salvar vidas y eliminar las desigualdades, no rescatar a las grandes empresas. Dar respuesta a la crisis multidimensional agudizada por el coronavirus va a costar mucho dinero. ¿De dónde lo sacamos?

La pandemia del coronavirus vuelve a demostrar cómo las élites priorizan los intereses económicos por encima de las necesidades de la población. Algunos gobiernos pretenden "salvar la economía" a cualquier precio, incluso poniendo en juego la salud y la vida de la mayoría.

Ahora que enfrentamos otro colapso económico y los gobiernos anuncian grandes paquetes de ayudas, vuelve una realidad sobre la que llevamos mucho tiempo advirtiendo: cada año se pierden en la Unión Europea ingresos fiscales de unos 825.000 millones -o incluso un billón- de euros. La magnitud del robo tributario en el mundo es mayúscula.

Igual de obvia que nos parece la necesidad de un sistema público de sanidad para salvar vidas y nos manifestamos en contra de los recortes en los servicios públicos, debería parecernos la urgencia de recaudar más impuestos y acabar con el fraude fiscal. Incrementar el gasto sanitario, pagar una renta básica universal y las pensiones o frenar la emergencia climática, todo ello requiere de más presupuesto. Por eso es urgente aprobar una ‘Tasa Covid’ para rentas altas que distribuya la riqueza.

La Unión Europea, y muy especialmente la zona del euro, ha entrado en una crisis económica, social y ambiental aún más profunda que hace 10 años con la Gran Recesión. Se pronostica una caída fuerte del producto interno bruto (PIB) y la subida de una deuda ya de por sí impagable. Aún así se repite la insolidaridad de los estados miembros como cuando la población de los países del Sur de Europa sufrieron, primero, las consecuencias de las burbujas especulativas del sistema capitalista y, luego, las políticas austericidas. Las negociaciones entre los gobiernos europeos han desembocado en otra disputa sobre qué países ganan y pierden con la Unión Económica y Monetaria. Nos recuerda a la crisis de la deuda soberana en 2010-12, cuando las movilizaciones sociales en Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia y España pidieron justicia, democracia y solidaridad mientras los ejecutivos europeos dejaron a la población en la estacada.

Desde entonces sí han rescatado al capital financiero, con dinero público. Si esta vez el gobierno español de verdad no quiere dejar a nadie atrás debe tomar medidas fiscales para garantizar los derechos humanos de la población que padece las desigualdades sociales y económicas. El dramático aumento del desempleo es una advertencia.

La espiral descendente de los impuestos

En la crisis sanitaria provocada por el coronavirus hemos visto colapsar hospitales resultado de privatizaciones, alianzas público-privadas y recortes en el gasto público. Hoy sufrimos las consecuencias de la integración neoliberal que ha sido el corazón de la política comunitaria durante décadas. Del Tratado de Maastricht (1992) hasta el pacto fiscal (2012) se han bajado los salarios, los derechos sociales, así como los impuestos sobre el patrimonio y las rentas de capital.

El fraude y la devaluación fiscal son elementos claves del capitalismo contemporáneo que produce las desigualdades. Si bajan los impuestos de las grandes empresas y fortunas, pagan por ello las mayorías sociales en forma de impuestos indirectos como el IVA o peores servicios públicos.

La evasión del pago de impuestos de los más ricos es un problema global. Pero es llamativo que la Unión Europea ha alimentado sistemáticamente la competencia entre estados para ver quién ofrece los menores tributos. Así, la tasa media del impuesto de sociedades bajó en la UE entre 1980 y 2014 de 49% a 24%. Sin hablar de la falta de voluntad para cobrarlo. A pesar de la concentración de la riqueza en Europa, muchos gobiernos han eliminado o reducido el gravamen al patrimonio.

Las cloacas fiscales europeas

Además de la merma en la recaudación hay un problema grave con la posibilidad de que el capital lleve sus activos y beneficios a países con menores impuestos o a “paraísos fiscales”, el corazón de la crisis financiera y presupuestaria.

Los escándalos fiscales revelados gracias a las filtraciones periodísticas -como “LuxLeaks” (2014), los “Papeles de Panamá” (2016) y “Papeles del Paraíso”- muestran como distintas personalidades públicas (monarcas, jefes de estado, deportistas, etc.) y corporaciones como Apple, Nike o Glencore ocultan su riqueza y reducen las obligaciones tributarias.

Empresas, fondos de inversión y multimillonarios usan modelos cada vez más sofisticados y digitalizados para minimizar su carga fiscal. Se estima que cada año el 40% de los beneficios de las multinacionales se trasladan a paraísos fiscales y el 8% de la riqueza personal se esconde allí.

La red Tax Justice Network ha destapado recientemente que los estados miembros de la UE pierden al año más de 27.000 millones de dólares en impuestos de sociedades sólo porque las empresas de los Estados Unidos -como Amazon, Google o Netflix- trasladan sus beneficios al Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Holanda en lugar de declarar los beneficios (unos 115.000 millones de dólares en 2017, hoy día son muchos más) en los países donde se generaron. En dichos países los tipos del impuesto de sociedades son muy inferiores y, por consiguiente, las multinacionales estadounidenses defraudan miles de millones en impuestos. Sólo por este concepto, España pierde unos 2.500 millones, un 2,5% del gasto público en salud.

Esto lleva pasando años. Incluso el Parlamento Europeo ha denunciado que algunos estados miembros de la UE están obstruyendo la lucha contra el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la evasión, como concluyó en su informe la comisión que investigó el tema.

Esquivar la triple trampa europea

Para aplicar medidas de política fiscal en toda la UE se requieren decisiones gubernamentales unánimes. El Parlamento Europeo puede opinar pero no decidir. Los tratados de la UE solo permiten armonizar impuestos para garantizar el “funcionamiento del mercado interior” y la “competición”. O sea para el beneficio de las empresas.

Aquí está el dilema: aunque la política fiscal es formalmente competencia nacional, la libertad de los estados de la UE para determinar esta política está severamente restringida. En virtud del Tratado de Maastricht, las restricciones a las libertades del mercado sólo se permiten en casos excepcionales (¿una pandemia no lo es?). El colmo es que el Tribunal de Justicia de la UE ha determinado en varias sentencias sobre el impuesto de sociedades que los ingresos fiscales no serían un “requisito primordial del interés general”.

Cuando algunos estados -como Luxemburgo, Holanda o Irlanda- impulsan unilateralmente la espiral descendente de los tipos impositivos nominales, otros -como Portugal o España- no se pueden proteger de esta devaluación fiscal a nivel europeo porque necesita unanimidad.

Las respuestas a la pandemia en política fiscal han sido suspender “temporalmente” el pacto de estabilidad y crecimiento así como flexibilizar la política de ayudas de Estado. No está previsto armonizar los impuestos directos -renta, patrimonio o sociedades-. Aunque se debería impulsar una tasa mínima de impuesto de sociedades en toda la UE -por lo menos del 25%- para acabar con el dumping fiscal. En las elecciones europeas del 2019, el PSOE defendió un 18%, Podemos un 20%.

Pero teniendo en cuenta que esto ha sido discutido sin avances desde los años 90 y visto el reciente bloqueo en el Consejo Europeo para aprobar ayudas a los países más golpeados por la covid-19, el Gobierno de coalición no debería esperar a un impuesto covid-19 a nivel europeo, sino implantarlo sin demoras a nivel nacional.

Razones para una ‘Tasa Covid” a las rentas altas

Como consecuencia de la crisis sanitaria ahora y las políticas antisociales e insostenibles tras el crash financiero hace 10 años, la solidaridad y la redistribución deben ser los principios rectores de cualquier respuesta pública. Quienes más se han lucrado del modelo de la globalización responsable de la pandemia de la covid-19 son quienes más tienen que contribuir económicamente a paliar la crisis.

El Gobierno español debería aprobar medidas fiscales que repercutan a los millonarios y reforzar la lucha contra la evasión fiscal. Primero, porque hay que aumentar el presupuesto en sanidad -por lo menos unos 25.000 millones de euros más al año-. Segundo, porque es necesario un plan de choque social para las personas en situación de pobreza, exclusión social y desempleo. Tercero, porque enfrentamos una crisis multidimensional que va mucho más allá del coronavirus y eso requiere recursos adicionales para una transición socio-ambiental. Cuarto, porque el elevado nivel de endeudamiento es una amenaza bajo la cual la UE puede volver a exigir recortes y privatizaciones en sanidad. Quinto, para evitar que la bajada salarial constituya otra vez la vía principal para la “recuperación”. Y sexto, porque no queremos una “nueva normalidad” en la que el rescate de las grandes empresas y un modelo productivista sean la respuestas.

Los tiempos excepcionales requieren políticas excepcionales

Es positivo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, opine que "hay que caminar hacia una justicia fiscal" y el impuesto a los ricos esté sobre la mesa. Ahora es urgente verlo traducido en un real decreto-ley.

Un 'Impuesto covid-19 sobre la Riqueza' podría recaudar entre 9.000 y 19.100 millones de euros si se cobrase el 1,5% o del 3%, respectivamente, a los 200.000 súper ricos de este país que tienen un patrimonio total de de 670.000 millones de euros y adicional al impuesto sobre el patrimonio. La Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària apuesta por un plan de choque inicial – con una ‘Tasa Covid’ grabando los patrimonios más altos y cambios tributarios, primero, así como reformas estructurales, después, como la creación de un impuesto permanente sobre las grandes fortunas consolidando la ‘Tasa Covid’ con en el impuesto sobre el patrimonio. También es muy acertada la propuesta de Anticapitalistas de un "impuesto covid" con cuatro tasas extraordinarias.

Lo que también debería ser relativamente fácil para el Ministerio de Haciendo es averiguar los beneficios excepcionales que están obteniendo algunas empresas con esta crisis tales como Amazon, BlackRock, Blackstone o Netflix. Deberían pagar un impuesto excepcional del 50% o 75% durante la crisis garantizando que los beneficios de la pandemia sean repartidos donde fueron obtenidos.

Gravar a las rentas altas no es únicamente una medida en tiempos de crisis sino indispensable para alcanzar la justicia fiscal. En los últimos 10 años, se han multiplicado los millonarios y los beneficios de los bancos gracias a un régimen fiscal odioso. Esto no puede volver a ocurrir.

Es ineludible que los Estados inviertan masivamente en la disminución de las desigualdades y la pobreza derivadas de la covid-19, y no en el rescate de grandes empresas, bancos e inversores. El Gobierno y el Parlamento deben condicionar el plan de medidas económicas y dejar de apoyar cualquier actividad económica que empeore la crisis sanitaria, ecológica y climática. También deberían excluir cualquier compañía que opera en “paraísos fiscales”.

Esas inversiones públicas también deberían tener por objeto llegar a las pequeñas y medianas empresas, relocalizar la producción, crear empleo sostenible y dar prioridad a la realización de los derechos humanos. Exijamos el mismo entusiasmo que se ha mostrado para aplanar la curva del coronavirus para también reducir las muertes o los problemas de salud causados por la contaminación y el cambio climático.

Para este fin, el gobierno debería aplicar cuando antes el impuesto sobre la economía digital y mejorar la fiscalidad ambiental para facilitar la transición ecológica, por ejemplo equiparando el impuesto al diésel con el de la gasolina o creando nuevas tasas sobre el queroseno, sustancias tóxicas, el vertido de residuos o el uso de envases no reutilizables.

Si esta vez no se pone en marcha una reforma fiscal que haga pagar a los más ricos y deje de potenciar la evasión y elusión fiscal, se desencadenará otra crisis de la deuda y se impondrán nuevamente recortes en los gastos sociales.

Hay que evitar que los defensores del capitalismo del shock aprovechen la crisis de la pandemia para emprender una huida hacia adelante. Estamos ante una encrucijada: elegimos cuidar la vida o seguimos con más desigualdades sociales, explotación y destrucción ambiental.