A doble o nada: hacia una transición

Juanjo Álvarez, militante de Anticapitalistas

Se estima que entre los meses de marzo y abril, más de un millón de trabajadoras vieron como su puesto de trabajo se veía sometido a un ERTE, mientras que las expectativas de destrucción de empleo en toda Europa son las peores en más de medio siglo. Una crisis global, que se muestra en primer lugar como crisis de salud pública, anuncia repercusiones económicas y sociales de enorme impacto, ha acabado por irrumpir en el desarrollo de la economía mundial y producir un bloqueo de dimensiones aún difíciles de estimar.

Su relación con la crisis ecológica puede no ser evidente, pero está demostrada y es sólida: el avance de la economía mundial ha copado cada vez más superficie, especialmente a través de sectores agroalimentarios altamente industrializados. Al fin y al cabo, este ha sido el mecanismo clásico del capitalismo, que siempre ha necesitado ampliar su base productiva para mantener la carrera del crecimiento perpetuo: explotar más tierra, y hacerlo cada vez con mayor intensidad, es una de las salidas centrales de un capitalismo que desde 2008 no ha encontrado la salida estratégica que permita iniciar una nueva senda de productividad sostenida. El otro elemento sobre el que actúa el capital es el trabajo: maximizar la plusvalía, es decir, agrandar la explotación del trabajo, es la otra gran salida que históricamente ha tomado el sector empresarial para aumentar sus beneficios en tiempos de crisis, y es una salida que ha tomado con el apoyo institucional desde la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 y la de deuda pública de 2012 que le siguió.

En esta línea, no sorprende lo que se está gestando estos días desde los gobiernos europeos: macro programas de ayudas que se dirigen en su mayoría a los sectores privados, una descomunal inversión en forma de subsidios laborales a cargo del estado y la amenaza de millones de puestos de empleo perdidos. Una vez más, como siempre trata de hacer el neoliberalismo, la gestión de la crisis se convierte en insistir en la transferencia de rentas del estado hacia los sectores empresariales, en un proceso de extracción de riqueza que sólo fluye hacia arriba, desde las clases populares que alimentan el presupuesto público hacia los sectores dominantes.

En este escenario, estas semanas el sector de la automoción vuelve a reclamar acciones de apoyo a la demanda, medidas fiscales y flexibilización laboral. Si hay algo que se pueda agradecer a la burguesía empresarial del estado español es que no engaña: lo que pide la automoción es la misma receta de siempre pero cocinada especialmente para ellos. Primero, se acogen a los ERTES, que pasan el coste de los salarios al estado, después exigen inversión pública en su actividad productiva y añaden una – aun mayor – precarización de los empleos. En estos días hemos sabido que también las empresas de aviación están realizando una operación análoga: según datos de esta misma semana, negocian indemnizaciones por valor de 13.000 millones de euros. Una industria absolutamente dependiente en la estructura internacional del trabajo, con unos niveles de emisiones que desafían cualquier límite y con una tradición de expolio de los presupuestos públicos a través de infraestructuras imposibles, se va a llevar sólo en indemnizaciones casi el mismo montante que se va a dedicar a prestaciones sociales.

Pero pongamos esto en perspectiva, para dimensionar el grado en el que las patronales actúan como una clase parasitaria de lo común. El sector de la automoción está en una caída, más o menos leve, pero sostenida, desde hace años. Empresas como Renaul o Pegeut-Citroen llevan años reduciendo producción, Mercedes plantea cada año cierres por días o reducciones de turnos y la rama de producción de furgonetas está en caída libre en toda Europa. No se trata de un sector cualquiera, sino del que fuera la joya de la corona en el periodo de la industrialización forzada y que ha gozado de privilegios en forma de inversión pública directa o de beneficios fiscales. Algo que no ha impedido que la caída de empleo se mantenga en la última década, acentuada por el problema del diesel y bajo la amenaza general de la insostenibilidad del modelo de movilidad privada. Y es que la crisis ecológica y social siguen siendo el telón de fondo de una situación crítica en la que las clases dominantes parecen optar por una huida hacia delante sin frenos ante la dejadez de gobiernos que no tienen proyecto político, ni en lo económico, ni en lo social ni en lo territorial.

La automoción, sin embargo, es clave para una transición que genere empleo, y es uno de los pocos que aún genera amplios beneficios y en los que, por lo tanto, se debe exigir una transición que sea pagada por el propio sector. Es tiempo de exigir una mutación de los empleos, orientando la actividad hacia sectores limpios en una reconversión masiva y real. No se trata, como en las falsas reconversiones, de destruir el tramado productivo a costa del presupuesto público, negando cualquier alternativa a las trabajadoras, sino de planificar colectivamente para adelantar el impacto de la caída de producción y dirigir estos sectores a la producción de bienes socialmente útiles: transporte colectivo, un cierto volumen de coches eléctricos para necesidades colectivas y también la producción de componentes para la energía renovable, que tiene que desarrollarse todavía mucho más si pretendemos acceder a una sociedad sostenible en la que la pérdida de energía disponible no sea catastrófica.

Es tiempo, por lo tanto, de sacar la dirección de la economía de manos de la lógica de la economía capitalista y evitar que carguen la inviabilidad del negocio en las espaldas de todas. Transición, planificación colectiva y democratización de los centros de trabajo son los elementos clave de una transición que nos permita salir de la crisis con una orientación clara hacia el reparto del empleo en condiciones justas y la construcción de una sociedad que tenga asuma su impacto en la naturaleza. Todo esto sucede en un momento clave, no sólo en lo ecológico, sino también en lo económico. Los indicadores de crisis ya estaban antes del coronavirus, y se trataba de una serie de indicios económicos que enlazaban la más que probable recesión con la de 2008. No en vano, desde hace décadas la economía neoliberal no logra encontrar vías para una recuperación de fondo. A falta de un incremento sostenido de la productividad, la maquinaria capitalista está gripada y sólo consigue mantener las tasas de ganancia mediante una evasión fiscal general - legalizada, en muchos casos, como el de los paraísos fiscales o las SICAV) - y un ataque constante a los salarios. Una situación que depende de los límites de la disponibilidad material, el crecimiento de los costes ambientales y la saturación de los recursos humanos y naturales. La economía capitalista ha tocado techo, ha saturado los recursos posibles y se dedica a repercutir este bloqueo sobre el trabajo, con unas exigencias que pueden vaciar las arcas públicas y fragilizar el tejido social y la naturaleza  para décadas. Es por eso que la oportunidad de transición ecológica hacia esa economía planificada, colectiva y autolimitada puede ser única y limitada a los próximos años, antes de que el desequilibrio sea aún más irreversible.