Los “buitres” sobrevuelan Madrid en plena pandemia

Carolina Alonso Alonso, diputada portavoz de Vivienda y Administración Local de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid y Olga Jiménez Velado portavoz del grupo municipal Podemos Torrejón

Los fondos de inversión extranjeros, o fondos buitre han entrado en escena en toda esta crisis de la covid-19, precisamente por estar detrás del desastre de gestión de las residencias de mayores, pero son viejos conocidos del sector de la vivienda, están caracterizados por la búsqueda de dinero fácil y la extracción de recursos de manera rápida , sin importar el daño que causen, por eso hace tiempo que les llamamos buitres, actúan como aves de rapiña sin ninguna vocación de implantarse definitivamente en los territorios, ni contribuir en el desarrollo del país, tributan fuera y no conocen la responsabilidad social corporativa.

El problema es que a estos fondos se les ha dejado campar a sus anchas, sobretodo en la Comunidad de Madrid, encontrando como aliadas a las diferentes administraciones, locales y regionales gobernadas por el Partido Popular, la situaciones más paradigmáticas fueron las ventas de vivienda pública tanto de la Comunidad de Madrid de Ignacio González al fondo buitre Goldman Sachs, como la del Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella a Blackstone, pero estas no fueron las únicas, en municipios como Torrejón decenas de familias llevan mucho tiempo sufriendo los contratos abusivos y el intento de Blackstone de echarlos de sus casas cuanto antes y ahora han decidido aprovechar el estado de alarma y el parón judicial para preparar una macrodemanda por impago para cuando termine el confinamiento. Justo lo contrario de lo que pide el gobierno central o demuestra la ciudadanía con su solidaridad, ellos se aprovechan de la pandemia para atacarnos como sociedad y pisotear el derecho a la vivienda.

57 familias del barrio del Soto en Torrejón de Ardoz que desde el verano pasado llevan fuera de contrato, por negarse a firmar una subida del 100% en el precio del alquiler, resistían a las presiones de Blackstone y continuaban pagando sus alquileres (a precio normal) a través de transferencia y giros postales, habían accedido a las viviendas a través de promociones públicas, ahora se encuentran en la tesitura, que el fondo ha devuelto los pagos aprovechando la situación, porque ahora a las familias les resulta imposible consignar las cuotas en el juzgado, generando así la falsa sensación de impago, de cara a interponer una demando de desahucio cuando todo esto pase. Esto desde luego vulnera el espíritu del Real Decreto del Gobierno, pero también atenta contra cualquier principio humano.

Aprovecharse de la situación del confinamiento para provocar desahucios es aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. Hace años, cuando las familias accedían a este tipo de vivienda de protección pública tenían como uno de los requisitos indispensables mantener un límite en sus ingresos. No podían ser viviendas para personas con grandes rentas, estaban pensadas para dar apoyo a gente joven, personas humildes y trabajadoras que en la actualidad están viendo como merman todavía más sus ingresos debido a la grave crisis provocada por el coronavirus. No olvidemos que estas viviendas que actualmente están en manos de fondos buitre, partieron  de las administraciones para cubrir la necesidad de un amplio sector de la población desfavorecido por los elevados precios de las viviendas y los bajos salarios.

Tampoco es casualidad que las devoluciones de las cuotas para dar pie al comienzo de los desahucios, hayan comenzado en el barrio de El Soto de Torrejón, donde han sido capaces de organizarse y han impulsado la unidad de acción vecinal contra los fondos buitre. Y por supuesto, la enorme capacidad comunicativa que ha sido fundamental, para dar a conocer y trasladar este problema de entre las cuatro paredes de sus casas, a toda España. Gente sencilla que ha plantado cara a un enorme entramado financiero, defendiendo el derecho a una vivienda digna.

No dar tregua en estos momentos, es plantear a las claras los intereses económicos que subyacen en este entramado financiero. Prevalece el beneficio económico de unos pocos frente a la vida de las personas. Mientras vivimos con la presión de una pandemia, los fondos buitre presionan más todavía a quienes menos tienen, activando todo un protocolo para echar a la calle y desahuciar justo ahora, en el mayor momento de vulnerabilidad social que se recuerda desde hace muchos años.

Ni la declaración institucional firmada con el Partido Popular como primera fuerza del municipio, ni la Comunidad de Madrid gobernada también por el partido de Isabel Díaz Ayuso, con una mesa de diálogo fallida desde el primer momento, están sirviendo como mediadores eficaces en este conflicto.

Llega el tiempo de que la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid haga algo, ya que su consejero David Pérez se ha puesto de perfil durante todo este periodo, no implementado medidas de rescate ciudadano ante la crisis de la covid-19, más allá de una irrisoria bajada en el alquiler y durante el tiempo que dure el Estado de alarma, a un porcentaje insignificante de personas que viven en viviendas de la Agencia de la Vivienda Social.