Coronavirus y crisis democrática

“A fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República, de forma inmediata, se convierte en el primer Imperio Galáctico, para preservar el orden y la seguridad de la sociedad”. ¿Les suena? Es un extracto del discurso que un personaje de ficción de la saga Star Wars, el canciller supremo Palpatine, da ante el Senado de la República el día en el que éste se autoproclama emperador, después de que en reiteradas ocasiones los senadores le hayan otorgado poderes especiales para hacer frente con solvencia y sin interferencias a la guerra que esta organización política mantiene con los “rebeldes”.

Me dirán ustedes que esto es ficción. De acuerdo, volvamos a la realidad. Budapest, Hungría, lunes 30 de mayo de 2020. El parlamento húngaro otorga al presidente Viktor Orbán poderes casi ilimitados para poder luchar contra la crisis del covid-19. A partir de ahora, el presidente húngaro podrá gobernar por decreto durante un tiempo indefinido (dicho de otro modo, hasta que a él le parezca bien). El poder ejecutivo no tendrá que someterse al control parlamentario, no se producirán elecciones mientras dure dicho estado de emergencia y se podrá meter en la cárcel a aquellos que se dediquen a extender noticias falsas y rumores (hasta 5 años) o que se salten la cuarentena (hasta 8 años). Esto ya no es la ficción de antes.

En el libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt alertan de que “los autócratas en potencia suelen usar las crisis económicas, los desastres naturales y, sobre todo, las amenazas a la seguridad (…) para justificar la adopción de medidas antidemocráticas”. ¿Y por qué una crisis suele ser un buen caldo de cultivo para el avance del autoritarismo en detrimento de la democracia y las libertades civiles? Tal y como indican los mismos autores, las crisis “propician la concentración y, con mucha frecuencia, el abuso del poder. Las guerras y los atentados terroristas producen un efecto de "unirse bajo la bandera"(…)También es más probable que la ciudadanía tolere (e incluso respalde) medidas autoritarias durante las crisis de seguridad, sobre todo cuando temen por su propia protección”.

Así pues, ¿podría ser la crisis derivada del covid-19 (ahora sanitaria, luego económica) una amenaza para las democracias liberales? Por sí sola no tendría por qué, pero hay que tener en cuenta el contexto en el que ésta se produce.

Las democracias occidentales, algunas más que otras, se encuentran ante una crisis de legitimidad que se acrecentó hasta límites nunca vistos con la recesión económica de 2008. Aquella crisis provocó la ruptura del pacto social no escrito que sostenía la legitimidad de estas democracias desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, un pacto mediante el cual el conjunto de la población aceptaba el sistema capitalista a cambio de medidas correctoras de la desigualdad generada por el mismo sistema, y a cambio también de una igualdad (o una ilusión de igualdad) de derechos civiles y políticos.

Este pacto social había empezado a erosionarse con el advenimiento de la revolución neoliberal que se inició a finales de los años 70 y principios de los 80 de la mano del presidente norteamericano Ronald Reagan y de la primera ministra británica Margaret Thatcher, y quebró definitivamente con la crisis de 2008, cuando el neoliberalismo ya se había adueñado de la mayoría de Estados e instituciones internacionales y, todavía más importante, se había convertido en el nuevo “sentido común” de la globalización.

Al igual que le ha sucedido al pacto social, el deterioro de los sistemas democráticos no ha sido repentino. Levitsky y Ziblatt nos avisan de que “la quiebra democrática no requiere un plan de acción previo” y que “en lugar de ello, (…) puede ser el resultado de una secuencia de hechos no anticipados”. Ahondan en ello al afirmar que con frecuencia “el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina”, hasta el punto de que “para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible”. Y es que, como concluyen estos autores, este proceso suele ser el fruto de una cadena de pasos y decisiones que por separado son insignificantes, ya que no parecen constituir una amenaza para la democracia. Hasta que un día, fruto de la suma de esos pasos, nos encontramos con lo sucedido en Hungría, o con lo que sucedió en los años 30 en Alemania e Italia.

Sin duda, en el contexto en el que nos encontramos, y con los ingredientes adecuados, la crisis económica que está por venir podría significar la estocada final para algunas de las democracias que, supuestamente, creíamos consolidadas.

¿Esto podría afectar a España? Al fin y al cabo, lo que está sucediendo aquí está previsto en la Constitución y el sistema democrático es suficientemente sólido y robusto como para prevenir, a través del Estado de Derecho, cualquier abuso de poder. Sin embargo, Levitsky y Ziblatt son tajantes al afirmar que “debido a las lagunas legales y otras ambigüedades inherentes a todos los sistemas legales, no es posible confiar en que las constituciones sirvan, por sí solas, para salvaguardar la democracia frente a posibles autócratas”.

¿Qué sostiene, entonces, a las democracias? Ambos autores señalan que “todas las democracias de éxito dependen de reglas informales que, pese a no figurar en la Constitución ni en la legislación, son ampliamente conocidas y respetadas”. Y, por encima de todas estas reglas, destacan dos: la tolerancia mutua y la contención institucional. Pues bien, ambos “guardarraíles” están altamente deteriorados en este país.

Por un lado, la tolerancia mutua implica aceptar que nuestros rivales “tienen el mismo derecho a existir, competir por el poder y gobernar que nosotros”. Ello implica que “aunque creamos que sus ideas son ilusas o erróneas, no los concebimos como una amenaza existencial, ni nos dedicamos a tratarlos como personas traidoras, subversivas o al margen de la sociedad”. Pues bien, sólo hace falta recordar a Pablo Casado asegurando que Pedro Sánchez es el presidente “más radical y más sectario que ha tenido España”, a Inés Arrimadas describiendo al independentismo como un “peligro para toda Europa” o a Santiago Abascal asegurando que “Catalunya, sin España, no es Catalunya” sino “un montón de traidores y desleales juntos”, para darnos cuenta de hasta qué punto la tolerancia mutua está seriamente dañada en España.

Por otro lado, la contención institucional es definida por Levitsky y Ziblatt como el “evitar realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu”. Como ejemplos de quiebra de esta contención institucional podríamos encontrar la aplicación manifiestamente desmesurada del artículo 155 a la Generalitat de Catalunya o la reciente declaración del Estado de Alarma, que se realizó sin coordinarlo con los presidentes y presidentas de las CCAA a pesar de que dicha medida les afectaba de forma directa en cuanto a competencias se refiere. Todas estas respuestas fueron, quizás, perfectamente legales, pero en ambos casos se vulneró el espíritu de esas leyes, tanto en el caso del artículo 155 (son conocidas las críticas de algunos constitucionalistas a la extensión de los efectos de dicho artículo) como en el caso del Estado de Alarma, para el que no se produjo la más mínima cooperación institucional que cabría esperar en un Estado compuesto, todavía más cuando éste ha sido definido en incontables ocasiones como “uno de los Estados más descentralizados del mundo”.

Levitsky y Ziblatt avisan que “la tolerancia mutua y la contención institucional están íntimamente relacionadas” y que “en ocasiones, se apuntalan mutuamente”. Y advierten: “algunas de las quiebras democráticas más trágicas de la historia estuvieron precedidas por una degradación de las normas básicas”.

¿Está, por lo tanto, en peligro la democracia en España? ¿La crisis causada por el covid-19 podría significar una ruptura de esa democracia? La respuesta es que la democracia española ofrece síntomas graves de debilitamiento y que, aunque esta crisis no signifique a corto plazo su ruptura, supone añadir un ingrediente más al caldo de cultivo en el que se está gestando ese posible quebrantamiento.

Quizás el PSOE y Unidas Podemos no se den cuenta de que con la estrategia con la que están encarando la crisis del covid-19 están abonando el terreno para una respuesta social y política con tintes autoritarios a la más que probable crisis económica que seguirá a esta debacle sanitaria. Las ruedas de prensa plagadas de militares y policías, la asimilación constante de la lucha contra el virus a una guerra y de la ciudadanía a soldados, las llamadas constantes a la unidad y a la suspensión de cualquier crítica política a causa de la excepcionalidad, la asunción de competencias de las CCAA para reforzar el gobierno central, el endurecimiento de la actuación policial (e incluso militar) para asegurar el confinamiento de la ciudadanía en casa, una cierta normalización del acoso social entre la población, etc., suponen (tal y como advierte el sociólogo de la UCM César Rendueles en su artículo “La tormenta perfecta de autoritarismo” en El País) acercarnos al marco de las democracias iliberales al que aspira, especialmente, la extrema derecha, que crece a pasos agigantados en todo el mundo occidental.

Todo ello se produce en un contexto de fuerte polarización social y política que, con toda probabilidad, se acrecentará cuando llegue la crisis económica que todos esperan. Y hay que tener en cuenta que, tal y como afirman Levitsky y Ziblatt, “la polarización puede despedazar las normas democráticas”. No en balde, “cuando la división social es tan honda que los partidos se asimilan a concepciones del mundo incompatibles, y sobre todo cuando sus componentes están tan segregados socialmente que rara vez interactúan, las rivalidades partidistas estables acaban por ceder paso a percepciones de amenaza mutua”.

Tengámoslo en cuenta para que la anormalidad de ahora no sirva de excusa para convertir, en el futuro, lo excepcional en la nueva norma. Al fin y al cabo, es en los momentos de mayor dificultad cuando cabe poner en valor más que nunca la democracia y nuestros derechos civiles, porque no son un lujo del que desprendernos en momentos de necesidad, sino la guía con la que debemos encontrar el camino de salida.