Ganó Calviño

David G. Marcos es colaborador de Viento Sur y militante de Anticapitalistas.

Tres días después de la declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno, el pasado martes se anunciaban las medidas económicas y sociales adoptadas por el Consejo de Ministros para ofrecer respuesta a las consecuencias que, más allá de la crisis de salud pública, está provocando el coronavirus en el Estado español.

Las decisiones anunciadas por Sánchez en su comparecencia se enmarcan en la "movilización de 117.000 millones de euros de dinero público" para asegurar un "escudo social" frente a la crisis socioeconómica del COVID19. De estos 117.000 millones, más de un 85% irá a parar directamente a las empresas en forma de línea de avales para “revitalizar” el tejido empresarial. Únicamente el 15% restante se dedicará a gasto social, del cual una gran parte se destinará a sufragar costes asumidos indirectamente para -de nuevo- evitar que las empresas tengan que hacerse cargo de las prestaciones por desempleo en caso de aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En suma, la respuesta del Ejecutivo ante las consecuencias políticas, sociales y económicas provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus, lejos de asemejarse al Plan de Choque Social demandado por los colectivos de la sociedad civil, viene dictada por la doctrina Calviño: primero los beneficios empresariales, siempre por encima de los derechos sociales.

El paquete económico aprobado este martes por el Gobierno supone una desorbitada transferencia de capital público al sector privado sin contraprestación alguna por parte de las grandes empresas. Esta movilización de recursos públicos se realiza sin mención alguna por parte del Gobierno de los 65.000 millones del rescate que la banca sigue debiendo a la ciudadanía. Tampoco plantea un contrapeso que obligue a la implicación de grandes empresas a través de la creación del que podría ser un impuesto especial que incrementara la cuota a pagar en el Impuesto de Sociedades. En definitiva, se traduce en una enorme transferencia de capital público a manos privadas, unas pocas migajas insuficientes para salvar la destrucción económico-social y ninguna carga impositiva para los ricos. Las consecuencias a medio plazo de esta inyección de liquidez podrían ser -y lo serán si Calviño sigue marcando el rumbo económico- una nueva embestida de recortes y austeridad sobre servicios públicos, con implicaciones devastadoras para el tejido social y económico del país.

Implícitamente, Sánchez también renuncia a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, que supondría una mayor planificación de la producción al servicio de las necesidades sociales, así como una mayor protección laboral de las personas trabajadoras de estas empresas. En las antípodas de esta dirección, las medidas de Sánchez suponen un blindaje en los márgenes de beneficio de las grandes empresas a costa del vaciamiento de las arcas públicas. Y con el restante gasto social únicamente consigue unos parches mínimos que harán las veces de cuidados paliativos insuficientes para evitar una implosión en el escenario de enorme gravedad social que se nos avecina.

En el terreno laboral, el conjunto de acciones anunciadas por el Ejecutivo no acomete la prohibición de los despidos en empresas con beneficios, una medida imprescindible ante la sangría que está suponiendo esta crisis en los centros de trabajo. Una sangría, en gran parte, provocada por grandes empresas decididas a sacar tajada, nuevamente, en una situación de excepcionalidad y graves consecuencias para los sectores populares. Y aunque entre las medidas aprobadas se encuentra la “ampliación de derechos para conciliar”, donde se habla de solicitar la reducción de jornada sin que ello pueda conllevar despido, lo cual no garantiza la retribución del salario íntegro. De facto, esto supone una merma económica en las personas que, nuevamente, deberán elegir entre dedicar su tiempo a las labores de cuidados y del ámbito reproductivo, o mantener un nivel de ingresos suficiente para sostener la economía doméstica.

Tampoco acomete el Gobierno la suspensión obligatoria de los desahucios. Se queda únicamente con una moratoria de hipotecas que se plantea, en exclusiva, para colectivos vulnerables (casos poco definidos). Además, esta moratoria que tampoco se hace extensible a las personas en régimen de alquiler, como han criticado tanto el Sindicato de Inquilinas de Madrid como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

En definitiva, las tan esperadas medidas económicas anunciadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para dar respuesta a la crisis del COVID19 se revelan como altamente insuficientes en lo que respecta a paliar la vulnerabilidad de los sectores populares de la población. Porque es absolutamente falso que el virus no distinga entre clases sociales, tal y como afirmaba el Presidente en su declaración. La periodista Nuria Alabao señala cómo “un amplio sector de las clases trabajadoras se enfrenta a la tesitura de o bien perder su empleo o bien exponerse a mayores situaciones de riesgo”. Las condiciones en las que se producen los confinamientos de unas u otras personas, son muy diferentes en función de su domicilio, del barrio en el que se viva (con unos servicios disponibles o no) y los ingresos de los que se disponga. Tampoco el componente de género desaparece en el impacto del virus.

Sin embargo, esta equidistancia que pretende igualar las consecuencias del virus con pretendida independencia de clase, le es funcional al Gobierno para el discurso y las medidas con las que está abordando la situación. “La responsabilidad de vencer al virus recae sobre todos los ciudadanos de nuestro país”, señala Sánchez. Y es cierto, pero solo en parte. Y si no se explicita el matiz, resulta peligroso. La mentada “disciplina social” relativa a cumplir con las recomendaciones impuestas por el gobierno para el confinamiento en nuestros domicilios sólo tiene sentido si cuando llega el lunes se obliga a las empresas a permitir que sus trabajadoras no tengan que verse hacinadas en el transporte público para acudir a su puesto de trabajo, cuando en la enorme mayoría de los casos, no pertenecen a los que se pudieran calificar como “servicios esenciales o críticos”. Del mismo modo, resulta perverso aseverar que solo “unidos podremos superar esta situación” mientras se permite el despido masivo de grandes empresas con beneficios. No es suficiente con pedir “por favor” que estas empresas no dejen a las personas trabajadoras en la calle. La patronal siempre ha demostrado que mira única y exclusivamente por sus beneficios y dividendos, a costa de la precariedad y el deterioro de las condiciones materiales de la clase trabajadora.

El anunciado este martes es un plan destinado al blindaje de las grandes empresas, como así ha quedado patente con el rebote de sus valores en bolsa con aumentos de entre el 15% y el 20% en compañías como Mapfre o Bankia. Tras intensos días de presión bursátil de las empresas para adoctrinar a Sánchez en su respuesta económica y alejarlo de tentaciones a su izquierda, la posición de la élite empresarial se ve reforzada con las declaraciones y medidas del Ejecutivo.

La comparecencia del Presidente recuerda demasiado a un PSOE en 2008 que claudicaba frente a las exigencias de la Europa de la austeridad (convendría recordar que estas recetas únicamente trajeron sufrimiento social para la mayoría de la clase trabajadora y destrucción del tejido económico para la concentración de mayor capital en menos manos). Sánchez recuerda a aquel Zapatero en el estallido de la crisis, con dos diferencias. La primera, en términos puramente materiales. El tejido económico y productivo ha sufrido un grave deterioro en la última década, precisamente como consecuencia de las medidas neoliberales, de asfixia laboral y social. Los efectos de la crisis de 2008 y la del coronavirus se superponen y cuelgan a los hombros de los sectores populares, en mayor medida mujeres y personas migrantes.

Pero, además, la segunda diferencia, desde un punto de vista subjetivo, resulta especialmente perversa. Tiene que ver con el modo en el que se presentan estas medidas. Si la actitud del Gobierno del PSOE en los recortes de 2008 nos mostraba a un Zapatero cabizbajo, cuyo discurso se basó en el "no hay alternativa"; en esta ocasión Sánchez parece sacar pecho de esta decisión basada en las recetas de Nadia Calviño. Y esta especie de orgullo impostado (decir que los sapos están buenos) quizás puede permitírsela un PSOE alineado con la doctrina neoliberal, amparándose únicamente en las batallas culturales frente a la derecha fanática. Pero a quien más que probablemente le pase factura política la gestión de esta crisis, si en lugar de aceptarla cerrando filas con el Gobierno no recupera voz propia en favor de las clases populares, será a Unidas Podemos.