Sorpresas esperadas

Carlos Arce, coordinador del área de Migraciones de APDHA

Pueden parecer términos incompatibles, pero los colectivos que trabajamos en defensa de los derechos de las personas migrantes vivimos en un estado constante de “sorpresa esperada”. Nos negamos a acostumbrarnos a las violaciones de derechos humanos que se producen en el contexto de las migraciones, porque ello representaría una suerte de aceptación de las mismas, pero igualmente no podemos dejar de estar alerta respecto a la prácticamente segura nueva forma de vulneración de la dignidad humana que se esconde tras el próximo recodo de la “frontera”.

De esta manera se puede describir nuestra valoración de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones en caliente. Sorpresa porque, desde la perspectiva general, el TEDH había mantenido hasta ahora una línea “pro derechos” de las personas migrantes que le diferenciaba del resto del sistema institucional europeo.

Especialmente grave nos parece la argumentación esgrimida en la resolución, que viene a afirmar que cualquier persona que acceda conscientemente al territorio de un país de forma irregular puede ser objeto de cualquier tipo de actuación del Estado de que se trate, con independencia de que ésta no contemple las más mínimas garantías. A nuestro juicio una afirmación del tal tenor dinamita principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), como el de no devolución, entre otros. También fue chocante el giro de 180 grados respecto a la sentencia de primera instancia en este caso, que consideró a las devoluciones en caliente incompatibles con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Sin embargo, ya hemos señalado la tendencia restrictiva de los derechos fundamentales generalizada en todas las instituciones nacionales y europeas con competencias directas o indirectas en el control de fronteras o la gestión de las migraciones. Por lo tanto, era totalmente plausible que la excepción que representaba el TEDH se acabara sumando a la corriente mayoritaria.

Cuesta calificar de sorpresa el hecho de que el actual gobierno español, supuestamente progresista, siga una línea muy parecida a la del anterior del Partido Popular en materia migratoria y de fronteras, ya que el cambio de color en el Ejecutivo español históricamente no ha conllevado diferencias sensibles al respecto. Quizás se pudo atisbar algún resquicio de esperanza de cambio con la nueva coalición gubernamental, pero rápidamente se ha impuesto la “realidad”. El ministro Grande Marlaska, anunció a bombo y platillo por enésima vez la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, aunque al mismo tiempo se apresuró a indicar que se aumentaría sensiblemente la altura de las mismas y omitió el detalle de que a unos cientos de metros Marruecos ha levantado un vallado trufado de las mismas cuchillas. También ha celebrado el responsable de Interior el sensible descenso de llegadas por vía irregular a la frontera Sur española[1], pero olvida destacar que dicho descenso se ha producido, entre otras cosas, por el aumento de la represión del Estado marroquí sobre las personas migrantes que se encuentran en su territorio en tránsito hacia suelo europeo o la restricción de las labores de rescate de Salvamento Marítimo. Como colofón a esta carrera de restricción de derechos en el ámbito migratorio, el señor ministro ha amenazado con endurecer los requisitos de acceso a la condición de refugiado en España, cuando ya en la actualidad es prácticamente una quimera obtener una resolución positiva de asilo en nuestro país[2].

En el ámbito de la Unión Europea, cinco años después volvemos a vivir escenas de graves vulneraciones de derechos humanos en la frontera Sureste europea. Es inadmisible ver como el Estado turco usa a las personas refugiadas como puro instrumento de presión para conseguir contrapartidas político-económicas de Europa, y como el Estado griego responde con una brutalidad legal y policial que recibe todo el respaldo de la UE[3]. Se podría pensar que las lecciones del desastre de la gestión de la “crisis de los refugiados” en el año 2015 deberían haber servido para consolidar una política en la materia respetuosa con la dignidad humana y con el DIDH, pero parece que también en este caso deberemos esperar a mejor ocasión…

A pesar de lo expuesto, persistiremos en conservar nuestra capacidad de sorpresa ante cada nueva violación de los derechos de las personas migrantes, porque ella es la que nos impulsa a no cejar en nuestra labor de denuncia y sensibilización respecto de las mismas. Esperemos conseguir sostener el asombro sobre esta sangrante realidad en la mayoría social española y europea, porque puede ser uno de los últimos antídotos frente el virus de la intolerancia que está propagando con rapidez la ultraderecha a lo largo y ancho de nuestro continente.

[1]De 64.120 en 2018 a 33.261 en 2019, según cifras del Balance migratorio 2019 de la APDHA

https://www.apdha.org/media/Balance-migratorio-Frontera-Sur-2019-web.pdf

[2] Tan solo se obtuvieron un 5% de resoluciones positivas en materia de protección internacional en España durante el año 2019. Ver en:  https://www.masquecifras.org/ (CEAR)

[3] Ha admitido sin ambages la absolutamente ilegal suspensión de 1 año de la posibilidad de solicitar asilo en Grecia y se ha comprometido a enviar efectivos de la nueva “guardia fronteriza europea” dirigida por FRONTEX a la frontera greco-turca.