Frente al fracaso de la COP25: transición energética justa

Luis Bolonio Álvarez (técnico Conservación Biodiversidad y Cooperación al Desarrollo´); Diana Osuna García (educadora ambiental y técnica en recursos naturales, residuos y agroecología) ; Javier García Breva (experto en Energías Renovables y exdirector de IDAE); Alberto Matarán Ruiz (Doctor en Ciencias Ambientales y Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada).  Todos son integrantes de la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa

Una de las cuestiones que más polémica generó en la Cumbre del Clima celebrada en diciembre en Madrid (COP 25), es el papel jugado de las multinacionales españolas de la energía. Desde el primer momento ha llamado la atención que sean estas empresas las que patrocinen financieramente la cumbre a cambio de una enorme campaña publicitaria para hacernos creer que están apostando por la sostenibilidad, cuando sólo ha sido una gran operación de lavado “verde” de su imagen (greenwashing). Sorprende ver cómo la multinacional del petróleo española (REPSOL) o la mayor eléctrica de nuestro país (ENDESA) presumen de que su apuesta por las energías renovables es la garantía de un futuro sin cambio climático, cuando solo están defendiendo su poder de mercado. Pero es más indignante saber que además han acordado con el gobierno recuperar por la vía de las exenciones fiscales (reducción de impuestos) la mayor parte del patrocinio económico que han dado al gobierno.

Evidentemente, el crédito rápido que han dado estas grandes empresas a la COP25 incluye como contrapartida un apoyo del gobierno a sus megaproyectos energéticos, que les permitirán mantener su posición de control de un modelo energético centralizado, cerrado a la competencia, y con una importante aportación de energía fósil (gas y petróleo), que garantiza una energía contaminante, además de cara, para las personas consumidoras.

Mientras más de medio millón de personas reclamábamos en la manifestación del 6 de diciembre una acción rápida y justa contra el cambio climático, las élites que gobiernan los estados y la economía están diseñando una transición energética que pretende dejar intacto el actual modelo de oligopolio energético, poniendo en peligro los objetivos de sostenibilidad de nuestro país y la reducción de las emisiones. Básicamente quieren seguir dejando la cuestión energética en manos de muy pocas empresas, garantizando los ingresos obtenidos del sistema eléctrico y gasista con megainstalaciones de energías renovables que reforzarían el modelo actual de generación centralizada. Todo ello cuando, precisamente, la principal virtud de las renovables es su flexibilidad para desarrollar un modelo de autosuficiencia conectada basado en la generación distribuida y en la transformación de cada centro de consumo en un centro de generación mediante el autoconsumo. Estas posibilidades que nos brindan las energías renovables son las que pueden abaratar el precio de la energía y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) que presentó el gobierno español en febrero de 2019 y que actualmente está en periodo de revisión, sería el documento que daría forma a un modelo energético centralizado con más renovables, pero también con una importante presencia de carbón, gas, petróleo y nuclear. El plan favorece los procesos especulativos en el sector de las renovables. Está pensado para los grandes inversores nacionales y extranjeros en detrimento de las pequeñas instalaciones renovables y de las comunidades ciudadanas de energía, afectando todo ello seriamente a los intereses de quienes consumimos dicha energía y a la integridad de nuestro territorio.

Por si fuera poco, a pesar de constituir un documento específicamente pensado para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, las medidas de eficiencia energética y de reducción del consumo son tan poco ambiciosas que el PNIEC, a pesar de su apuesta por el desarrollo de una gran cantidad de megaproyectos de renovables, es incapaz de garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de París.

Tal y como hemos señalado en el manifiesto fundacional de la Plataforma para una Transición Ecológica Justa (apoyado ya por más de 150 colectivos y de 250 investigadores y académicos), el PNIEC fomenta la industrialización de nuestro medio natural y rural a través de la puesta en marcha de megacentrales de producción de energía solar o eólica, (y sus consiguientes líneas de alta tensión), que generan grandes impactos en el territorio y que se concentran básicamente en manos de pocas empresas y fondos de inversión. Esto abre la puerta a convertir el mundo rural en un mero productor de energía destinada a la exportación en detrimento de la eficiencia que se pierde al trasladar la electricidad a largas distancias. Y por si fuera poco, limita el acceso a la red de las pequeñas instalaciones de autoconsumo.

De tomar esta decisión desde arriba e imponerla a través del PNIEC, estos territorios perderían la oportunidad de construir su propio proyecto de futuro, además de ver cómo se destruiría su patrimonio natural y cultural. Los ejemplos de la provincia de Guadalajara, del Norte de la Provincia de Granada, o de los 2122 aerogeneradores construidos principalmente por empresas españolas en las 100 hectáreas de llanuras del istmo de Tehuantepec en el sur de México, demuestran que los megaproyectos de energías renovables constituyen un nuevo extractivismo energético que castiga una vez más a las zonas menos favorecidas por el desarrollismo que actualmente nos acerca al colapso.

Pero entonces, ¿cómo podría mejorarse el PNIEC para orientarnos hacia una transición realmente ecológica, justa y democrática? La respuesta podría estar en apostar por: un modelo energético no especulativo y distribuido, que priorice el autoconsumo, enfocado en aproximar la generación de energía a los centros de consumo; un nuevo desarrollo urbano centrado en la reducción de consumo generalizado, ahorro de materiales y eficiencia energética, garantizando los suministros básicos de la población para tener una vida digna; el mantenimiento del paisaje tradicional de la España Poco Poblada; la preservación de los suelos de alto valor agrológico (y también ganadero) para asegurar la soberanía alimentaria; y finalmente, la conservación de la biodiversidad a través de la definición de un plan de Áreas de Exclusión, clasificando el territorio entre zonas aptas y no aptas para estas instalaciones, desarrollando evaluaciones de impacto ambiental rigurosas y aplicando el principio de precaución.

El grado de madurez de la sociedad española en materia ambiental es el mayor de nuestra historia, lo que unido al desarrollo y abaratamiento de la tecnología asociada a las energías renovables, hace que nos encontremos ante una oportunidad histórica para cambiar nuestro modelo energético y de consumo, situando en el centro del sistema al consumidor activo, en sustitución de las grandes empresas de generación centralizada, tal  como lo definen las nuevas directivas europeas que no se incluyen en el actual PNIEC.

No podemos perder un minuto ante la falta de concreción de las cumbres por el clima. Tenemos una oportunidad de oro para nuestro país, que nos puede permitir realizar un cambio en el modelo hacia uno descarbonizado, distribuido, asequible y respetuoso con el medio ambiente en su sentido amplio. Es momento de tener altura de miras y de estar todas y todos unidos detrás de argumentos y propuestas concretas ante el gran reto al que nos enfrentamos como sociedad.