La “revolución” de Internet carcome la democracia

Dos situaciones de naturaleza crítica parecen ganar cierta actualidad en nuestra Sociedad de la Información: en primer lugar, la pérdida galopante de intimidad debido al carácter invasivo e irresistible de Internet; y, en segundo lugar, la robotización de la vida económica (con un segundo paso, ya iniciado, en el entorno doméstico). Ambos fenómenos generan un rechazo evidente en la opinión pública, si bien pasivo, que, en consecuencia, no presenta la entidad suficiente como para influir en la impetuosa marcha de la tecnologización de la vida cotidiana y conjurar sus perjuicios.

Casi sin excepción, los poderes económicos –que controlan a los mediáticos, chantajean a los sindicales y arrastran a los académicos– cifran su rentabilidad y su futuro en el empuje sin límites de esos procesos, y cada día comprobamos el espectacular aumento de las cifras de negocio y de beneficios de las empresas directamente implicadas en la digitalización, en gran medida resultado de los febriles esfuerzos por reducir empleos. Es bien sabido que esta vulneración esencial y sistemática de la intimidad entraña el mayor negocio del siglo, que se extiende sin cortapisas y con el favor de la sociedad entera (muy especialmente, los propios consumidores-ciudadanos), alzándose frente a ellos algunas minorías débiles, dispersas y de trabajo singularmente ingrato, ante la generalizada aceptación de esta situación. Se trata de un negocio que no es sólo crematístico, sino también político, cultural y moral. Y que cuenta, no simplemente con la aceptación de cuanto nos vulnera directa y personalmente, sino también con una dosis letal de fatalismo que neutraliza de raíz cualquier respuesta crítica, ni siquiera defensiva (tan dura es la captación global y muy en especial, la psicológica).

El excesivo recurso a la palabra “revolución”, en relación con la supeditación progresiva de la vida social al imperio tecnológico del mundo económico, obliga a poner de relieve las miserias y las agresiones que esto conlleva. Porque esta revolución, tan perniciosa como pretenciosa, supone una nueva deslegitimación de la democracia de cuño occidental. Armand Mattelart nos recuerda (Historia de la sociedad de la información, 2007) que cada avance tecnológico –desde el telégrafo óptico hasta la informática, pasando por el teléfono, la radio y la televisión– ha levantado algo más que esperanzas en cuanto a los avances democráticos, y una y otra vez se han visto incumplidos las promesas y el optimismo que esos despliegues tecnológicos suscitaban.; y subraya que “con cada generación técnica se reavivará el discurso salvífico sobre la promesa de concordia universal, de democracia descentralizada, de justicia social y prosperidad general. Cada vez, también, se comprobará la amnesia respecto a la tecnología anterior… todos esos medios, destinados a trascender la trama espacio-temporal del tejido social, reconducirán el mito del reencuentro con el ágora de las ciudades del Ática”.

La superproducción de datos personales, generados y acaparados por esas empresas, púdicamente llamadas “tecnológicas”, llevan a la erosión sistemática de la vida privada; inevitable porque la esencia “liberal” de nuestra sociedad impide poner coto a la actividad económico-comercial “legítima”, y eso entraña el seguimiento, legal y ordinario, de las informaciones sobre el consumidor, generadas a partir de su vida misma, entera y diversa; es decir, del ciudadano universal, sea cual sea su condición y hállese donde se halle.

Si nuestras democracias acumulan, con la tecnologización, insidias y formas de sujeción, más un protagonismo creciente de poderes no democráticos, habría que ir llamándolas de otra manera. Y tampoco merece este nombre una democracia que no genera empleo para sus ciudadanos, sino que lo combate y reduce, dedicando sus mayores esfuerzos científico-técnicos a destruirlo en pro de la productividad, en un continuo desafío al tiempo y al espacio y priorizando obsesivamente los negocios y los beneficios; una productividad que sustituye empleo y salarios por técnica y automatismos, y de cuyas garras no resulta fácil escapar, que inmoviliza y que, en consecuencia, hace empeorar cada día la suerte de la humanidad.

Todo esto, si hemos de mantener como vigentes ciertos elementos básicos del régimen democrático, generalmente contenidos en las diversas constituciones políticas de Occidente desde hace, al menos, dos siglos. Las “democracias digitales”, como formas históricas irresistibles, conculcan derechos fundamentales formalmente reconocidos, tanto civiles como económicos y políticos, que nada tienen que ver con pretendidos “procesos avanzados” de democratización.

La digitalización convierte la mayoría de los empleos y puestos de trabajo en tareas cada vez más anodinas con el fin de hacerlos residuales y lograr su extinción cuando antes, produciendo beneficios nunca vistos a un creciente número de empresas, pero a costa de generalizar la frustración y la pobreza. Y resulta que –“superados” algunos casos de los últimos decenios, que han pasado a la historia con el despectivo adjetivo de luditas– ni el mundo sindical ni el movimiento crítico de izquierdas ha realizado esfuerzos significativos para hacerle frente, optando por una actitud de raíz ilustrada –o sea, incondicionalmente favorable al progreso de la ciencia y la tecnología, creyéndolos a pies juntillas vinculados con el progreso humano y social– y con el reconocimiento, expreso o tácito, de la inevitabilidad de esos procesos y de sus evidentes aspectos negativos (de los que se asegura que superan a los negativos). En estos dos procesos considerados se combinan, así, la aniquilación de la intimidad, el aumento de la prevención y el miedo –que se sabe que no aseguran la protección– con la devastadora destrucción de puestos de trabajo convencionales, que condena a la precarización laboral como perspectiva de vida.

Añadamos, en este panorama de impotencias, la llamada “educación digital”, que algunos consideran verdadera prostitución de un sistema educativo que, entregado a una “modernización” que se considera imprescindible con el desarrollo competitivo a que se nos fuerza, presenta una muy mísera capacidad formativa, y está orientada claramente a generar “agentes productivos” (que no alumnos a formar integralmente, para que ejerzan como ciudadanos enteros), como resultado de la presión sostenida del mundo económico sobre el sistema educativo en general, que no ha podido ser resistida, en manos de políticos seguidistas y peleles, y que se ha podido imponer fácilmente a una comunidad educativa en pérdida de dinamismo, cohesión y prestigio. Han pasado ya a la categoría de rara avis, pese a la brillantez de sus exposiciones y argumentos, los educadores que se atreven a decir que, en definitiva, “Internet no educa como ciudadanos”; y menos todavía los que añaden que, lo que hace Internet, es producir “súbditos incultos, acríticos y alienados”.

De esta forma, la situación general de la mayoría de la población empeora a ojos vista por la digitalización, y con tendencia incluso creciente, sin que el pensamiento crítico la considere como objeto prioritario de análisis y confrontación. Se trata de una acomodación, sin verdadera resistencia, a realidades impuestas y con el esfuerzo mental y político que supone admitir el discurso de los beneficiarios, por más que no disimulen sus objetivos de dominio sobre todas las esferas de la vida.