Chile: el origen de la sordera

Macarena Cares, Arquitecta y Urbanista UCH. Msc. Planificación Urbana y Territorial; Antonio Brodsky. Historiador, MSc. Comunicación Política y Liderazgo Democrático

Miramos desde la distancia que da vivir lejos de Chile, la lucha de la ciudadanía y la represión del Estado que se lleva ejerciendo con cruenta dureza en las últimas semanas. Al principio, algunos nos extrañamos y sorprendimos observando estos eventos desde la lejanía que nos ha otorgado al estar tanto tiempo fuera, mientras que otros lo sentíamos como un estallido irremediable, consecuencia de los abusos del modelo neoliberal que nos ha llevado a migrar buscando nuevas alternativas de libertad. Ambos nos encontramos lejos de nuestro hogar por diferentes razones que de una manera u otra convergen en el despertar de una conciencia rebelde y transformadora. A lo largo de los días y la avalancha de información, las ideas y los sentimientos se han acumulado, y hemos buscado palabras para expresar un sentir común dentro de unos criterios de análisis que compartimos sobre algunas de las realidades que confluyen en la revuelta ciudadana y la respuesta violenta del Estado conformando así, el origen de la sordera.

La necesidad de un diagnóstico profundo es imperante y afecta a diferentes aspectos de la realidad del país, desde aquí el enfoque que buscamos es entender el porqué de la desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Así como también evidenciar la falta de propuestas por parte del Estado, a excepción del estado de excepción, y la violencia generalizada. Al mismo tiempo exponer algunos de los cambios que creemos fundamentales al modelo.

Entrar a analizar los despropósitos del sistema neoliberal y su carnicería humana, no es la principal función de este escrito, pero negar que la crisis del capitalismo ha llegado por su forma de explotación de cada recurso (social, económico, natural, humano, emocional) en pos de generar una riqueza económica que sólo es aprovechada por unos pocos, dejando en el camino a una gran parte de la sociedad que ve frustrada sus expectativas, ya que estas están basadas en una falsa promesa de reconocimiento al trabajo duro y el esfuerzo personal, logrando una autoexplotación del individuo frente al sistema, es una quimera.

Bien es sabido que Chile es la cuna de este sistema, un laboratorio en el que los sujetos de investigación finalmente han abierto sus jaulas evidenciando a sus captores, representados en una burocracia política sustentada por una élite económica que vive alejada de la calle, en un mundo perfecto de contratos, proyectos aprobados, leyes de cooperación y un sin fin de nomenclaturas que crean un relato de beneficios y expectativas de crecimiento y desarrollo, instalándose en el sistema con comodidad y seguridad en que las cosas “van bien”.

Mientras tanto, la mayoría de la población, de diferentes generaciones, clases sociales, géneros, identidades culturales, idearios políticos, etc. se ha visto saturada por un coste de vida cada vez más alto, no sólo a nivel económico sino también humano generando un sentimiento de estrangulamiento cuya única respuesta ya no son los ansiolíticos sino la rebeldía ante el descontento social.

La desconexión entre los representantes políticos y la ciudadanía es fruto de una serie de decisiones políticas tomadas a conciencia por los líderes de los partidos a lo largo de los últimos 30 años. Y es tan profunda la desvinculación, que las respuestas a estas movilizaciones son difíciles de elucidar por quienes están en el poder.

El origen de esta problemática surge durante el proceso social y político que vivió el país para poner fin a la dictadura, iniciado a principios de los años 80, en el que se involucraron grandes segmentos de la sociedad civil, representados en asociaciones de vecinos, clubes deportivos, pasando por organizaciones sindicales, eclesiásticas y estudiantiles, hasta partidos políticos clandestinos y dirigentes de renombre, se formó un fermento social y político que culminó en un movimiento transversal y hegemónico que logró en 1989 acabar con una dictadura político militar profundamente arraigada en las raíces de la institucionalidad del país. Esto se logró gracias a la profunda interacción entre los diferentes actores del movimiento, que se plasmó con el plebiscito del No, que cooperaron entre si de una manera orgánica y respetuosa, sabiéndose unos necesarios de los otros. Si bien, al acabar este proceso fueron los partidos políticos que, temerosos de las implicaciones que se generaban al mantener una relación de poder y conectividad con las organizaciones sociales, las fueron dejando de lado por orden directa de sus directivos políticos, rompiendo el lazo que les unía con la sociedad civil, exceptuando en periodos electoralistas y ofreciendo al país el relato de que fueron “ellos” (los partidos políticos) los que lograron el fin de la dictadura, abocando a aquellos que no participaban de la burocracia política a un profundo desarraigo de representación. El Chile de la alegría no fue.

En cambio, el país creó una nueva clase política netamente burocrática que se presenta a los ciudadanos una vez cada cuatro años ofreciendo simplemente “seguir haciendo todo igual”, manteniendo el status quo representando sus intereses burocráticos de partido y económicos, pero vendiendo un país de oportunidades y meritocracia, mientras se subían las dietas parlamentarias. Junto a esta situación, el inmovilismo de las fuerzas de seguridad y represión del Estado que han mantenido la misma estructura de las dictaduras, han conformado un país políticamente militarizado y bien, por miedo a represalias o por falta de valentía política, no se han transformado, generando un caldo de cultivo de difícil resolución. Durante estas semanas hemos podido ver con qué facilidad Carabineros y el Ejército han actuado con total impunidad en las calles, deteniendo, torturando y disparando a la gente sin ningún tipo de control político, dejando las calles a su merced demostrando una carencia en el ejercicio del poder político en la balanza con la represión que ejerce el Estado. El Estado chileno ha demostrado su talante netamente represivo una vez más. Sin líneas de diálogo, sin interlocutores sociales a los cuales acudir en momentos de crisis, evidenciando una desconexión mayúscula con la población a la cual sólo sabe hacer callar con la fuerza, pero sin la razón.

Pero mientras el ejecutivo reprime, el legislativo calla y el judicial espera, la calle grita y se inflama cada vez más, liderada por una generación que no vivió la dictadura militar, pero sufre sus consecuencias y siente que no tiene nada que perder, una generación armada de cámaras de móvil y cacerola, que no tiene miedo. Que lleva desde 2006 en movilizaciones de estudiantes, movimientos feministas, medioambientales, contra la militarización del Wallmapu, contra las AFP, en el proceso de asamblea constituyente y demás movimiento políticos que han surgido en los últimos años en el país, concienciados y preparados; han logrado encender la llama de un país entero integrando a todos en las movilizaciones y peticiones que el país requiere y necesita.

Si bien es difícil y a veces peligroso oír solo la calle y caer en procesos populistas, la burocratización de la clase política y el elitismo de la económica produce demonios iguales o tanto peores. Por lo tanto, es deber y obligación de la clase política hacerse eco de estas movilizaciones y plantear un cambio real a largo plazo en el país, así como la necesidad imperante de cambiar un modelo socio-económico nefasto e injusto como lo es el neoliberalismo.

A corto plazo, hay una serie de acciones políticas que pueden servir para movilizar el poder del Estado en las reformas que se necesitan, algunas de las que creemos imprescindibles son: Primero; la urgente destitución del presidente Sebastián Piñera por su nefasta e ilegal gestión en la crisis política y social del país. Segundo; la reforma completa de fondo y forma de las fuerzas policiales y los cuerpos de seguridad del Estado. Tercero: un proceso constituyente que ofrezca una nueva carta magna alejada de los principios impuestos en dictadura. Con un verdadero compromiso de la forma y fondo de la utilización de los recursos del país (agua, minerales, pesca, madera, etc.) así como la accesibilidad a los derechos fundamentales para una vida digna. Todo esto cimentado en la creación y regeneración democrática del país por vías de interacción y participación directa y vinculante entre los ciudadanos y el Estado en pos de un nuevo contrato social.

Desde la triste distancia vemos con amor y esperanza el cambio de un pueblo que despierta y se reconoce exigiendo equidad, justicia y libertad.