No son los jueces, son las leyes

Desde hace unos meses el debate político gira en torno a las sentencias judiciales. Sucedió en el juicio de La Manada, el de Alsasua, el de Urdangarín, el de Juana Rivas por la custodia de sus hijos y ahora se ha repetido en el del Procés catalán. Tampoco faltan los debates en torno a otros procesos judiciales de índole menor: la procesión del coño insumiso o la sonada de mocos de Dani Mateo con la bandera de España. El resultado es que los jueces están en el centro de la polémica, con posiciones para todos los gustos. En el caso del Procés, no solo el independentismo está indignado con la sentencia, también lo están los de Vox. En el de Juana Rivas, incluso miembros del gobierno se pusieron de su parte frente en su polémica judicial. Y algo similar sucedió con la víctima de La Manada.

Que la política gire en torno a las decisiones judiciales supone una grave irregularidad democrática. Es razonable que una sociedad se movilice y presione a un gobierno, a un Parlamento o a determinados políticos y puede ser viable incluso que esa presión ciudadana dé sus frutos. Sin embargo, promover el debate político ante las sentencias es algo absolutamente estéril. Por supuesto que las sentencias pueden ser injustas, pero entonces debemos plantear dos opciones: o la ley es injusta, en cuyo caso el objeto de nuestra reivindicación y movilización deben ser las leyes y quiénes las hacen, o los jueces no hacen bien su trabajo, en cuyo caso también los legisladores deberán dotar a la sociedad de un sistema de control sobre los jueces o reformar el actual (CGPJ).

Incluso en el caso de que la arbitrariedad y los prejuicios ideológicos de los jueces puedan condicionar en exceso una sentencia, también es competencia de los legisladores ser más precisos para que eso no suceda. Y si pensamos que nuestros jueces son un atajo de franquistas residuales pues busquemos un sistema de sustitución definitiva, pero no organicemos alharacas ante las sentencias que nos molesten cuando sean mediáticas y aplaudamos aquellas que nos convienen. Porque hay que recordar que todos los días se están aplicando sentencias que no salen en los medios y podrían ser igual de injustas.

Mientras no se haga nada de lo anterior, movilizarse contra sentencias es solo un gesto de impotencia que solo favorece al inmovilismo de los políticos, en la medida en que no se dan por aludidos y logran que el objeto de la indignación se dirija hacia unos funcionarios con toga prácticamente inamovibles. Para un gobierno, asistir a protestas por una sentencia es algo que les resulta indiferente porque siempre pueden argumentar que ellos no se inmiscuyen en decisiones judiciales. En cambio, las protestas para que cambien una ley sí que les implican directamente.

Movilizarse contra una sentencia es tan absurdo como movilizarse después de unas elecciones porque el resultado no nos gusta y queremos que sea otro el gobierno elegido.

Una democracia consolidada supone aceptar las sentencias judiciales, como se aceptan los resultados electorales, y si creemos que no son justas, señalar los cambios que deben hacerse y exigir a los legisladores que los hagan con urgencia señalando en las urnas con nuestro voto el partido que debe favorecer ese cambio, incluso movilizarnos al margen de las urnas para pedir el cambio. Y si creemos que las sentencias no se ajustan a derecho, reclamar que se pongan en marcha los instrumentos de control judicial existentes o crear o cambiar los que haya si no son válidos.

Yo puedo estar rabioso por considerar que la condena a los chavales de Alsasua es desproporcionada, pero quizás lo peligroso es que nuestra código penal permita condenas de más de nueve años por “delitos de atentado a agentes a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas”, aunque se hayan producido en un altercado de bar. Y si la sentencia del Procés establece castigos de 9 años por sedición por manifestaciones masivas y obstrucción a la aplicación de órdenes judiciales, es porque nuestra ley permite ese castigo incluso si te opones a un desahucio. Somos tan cortoplacistas que el debate político se limita a la discusión del indulto. ¿Y la próxima vez que se repita la situación si seguimos con la misma ley? ¿Pedimos indulto siempre que no nos guste la sentencia y nos oponemos cuando nos guste?

No es un problema de jueces o de sentencias, es que nuestras leyes son esas. Y solo si abandonamos el debate en torno a las togas y lo llevamos al lugar donde se redactan las leyes y la responsabilidad de quienes las hacen, podremos avanzar.

Está siendo muy recurrido el argumento de que la sentencia del Procés no da solución al conflicto. Por supuesto, había que ser ingenuo para pensar que una sentencia iba a solucionar un problema, a lo más su objetivo es aplicar justicia ante un delito. La sentencia contra los violadores de La Manada no soluciona ningún problema de violencia sexual, como la de una sentencia contra un traficante de droga no resuelve el problema del narcotráfico.

No podemos vivir movilizándonos contra o a favor de sentencias en función de nuestros intereses. Así, no podemos oponernos a la sentencia de La Manada cuando no nos parece justa y aplaudir cuando sí nos lo parece. Celebrar la sentencia que decreta que Urdangarín entre en prisión e indignarnos cuando al aplicar el mismo código penal sale de permiso. No debería ser lógico enorgullecernos de nuestros jueces si meten en la cárcel a Rodrigo Rato y decir que son unos sinvergüenzas si lo consideran inocente.

En una democracia es lógico que los jueces ignoren nuestras presiones, e igualmente las de los políticos, y se limiten a aplicar las leyes. Por ello, si creemos que una de nuestras funciones como ciudadanos participativos es movilizarnos contra los jueces y las sentencias y no contra las leyes que se están aplicando estaremos condenados a no evolucionar hacia un sistema más justo, solo estaremos dando salida a la ira y la frustración, cuando no a la confrontación con otros que tienen la lectura opuesta sobre la sentencia que a nosotros nos indigna.