Las alcantarillas del caso Alcoa

Existen trazos y líneas muy finas de conexión en las cloacas. Es una imagen literal. Un laberinto de conductos y conexiones que recorren el subsuelo, conexiones invisibles bajo el mundo que tenemos más cercano, nuestras casas, nuestros barrios, nuestro día a día. Sólo vemos aquello que se sobrepone a las alcantarillas. Pongamos un ejemplo. En la Plaza de las Cortes de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados, hay un alcantarilla. Sobre ella, el pasado 28 de marzo se concentraron cientos de trabajadores y trabajadoras de las dos fábricas que la multinacional estadounidense Alcoa tenía en Asturias y Galicia.

La plantilla de casi 700 trabajadores llevaba meses movilizada exigiendo a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que actuase para evitar el cierre de ambas plantas, una decisión que había tomado la empresa en la senda de desindustrialización que viene sufriendo la zona desde hace décadas. Industrias privatizadas, multinacionales que se aprovechan de las ayudas públicas, y cuando el saco del beneficio no está lo suficientemente saciado, aplicación de EREs y deslocalizaciones. En el camino se quedan los de siempre.

Aquel 28 de marzo, la Delegación del Gobierno, bajo el control del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, desplegó sobre esa alcantarilla de las Cortes un fuerte dispositivo policial, que terminó cargando contra los manifestantes. También sobre esa alcantarilla se encontraban cuatro diputados de Unidas Podemos: Rafa Mayoral, Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino y Ángela Rodríguez. Los parlamentarios llevaban meses apoyando las demandas y ese día mediaron para evitar la represión contra los trabajadores. Hasta aquí nuestra primera alcantarilla.

Para continuar los hilos del subsuelo, hay que dar un salto hacia delante. Casi medio año después tenemos una segunda alcantarilla, esta vez en la Plaza de Castilla, donde se encuentra el Juzgado de Instrucción Nº 25 de Madrid. De allí partió hace dos semanas una citación para llamar a declarar al diputado Rafa Mayoral, en calidad de investigado y bajo apercibimiento de detención, por lo sucedido sobre la primera alcantarilla el 28 de marzo. Han pasado seis meses desde entonces. Y es que el tiempo en este caso es importante, porque en esos seis meses han transcurrido unas elecciones en las que Unidas Podemos ha jugado un papel esencial a la hora de intentar lograr un gobierno de coalición progresista en España.

El PSOE de Sánchez, de Maroto y de Marlaska boicoteó tal posibilidad, con la vista fija en una repetición electoral. El día que esa citación sale del Juzgado, el viernes 13, las elecciones son casi una certeza. Y si el tiempo es importante, los detalles son la clave. En este caso, el proceso judicial no tiene ni pies ni cabeza. En primer lugar porque no existen precedentes en la democracia de una jueza que en un procedimiento ordinario investigue a diputados de una formación política, dada su condición de aforados. Y en segundo lugar porque las imágenes que tienen algunas cadenas de televisión demuestran que las acusaciones que se vierten sobre los diputados de agredir a los policías durante la concentración de Alcoa son totalmente falsas. Seis largos meses ha tardado en salir esa citación del Juzgado, y lo hace justo cuando la repetición electoral está a la vuelta de la esquina.

Pero como decía, en este caso la clave está en los detalles, porque son los que dejan un rastro en las conexiones invisibles que van por el subsuelo. Ahora hay que volver de nuevo al principio, a la alcantarilla que está en la Plaza de las Cortes, porque la citación de la jueza lleva una fecha, en concreto el miércoles 18 de septiembre. 'Casualmente' ese día en el Congreso de los Diputados se celebra la última Sesión de Control al Gobierno. Y 'casualmente' en el mismo momento en el que se llama a declarar a Rafa Mayoral, el parlamentario tiene turno de intervención en el Pleno para preguntar a la ministra de Justicia sobre una de las vergüenzas por las que no está respondiendo el Ejecutivo de Sánchez: su inacción ante las resoluciones del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la ONU que requieren paralizar un desahucio.

Las implicaciones de esta actitud son de gravedad, ya que supone un incumplimiento de los Tratados Internacionales que son de obligado cumplimiento por parte de nuestro Estado. Uno de los casos más sangrantes prueba de ello fue lo sucedido la noche del 22 de febrero en los desahucios de la calle Argumosa 11 de Madrid. Es la tercera alcantarilla.

¿Qué sucedió aquella madrugada que parece totalmente fuera de contexto? Argumosa 11 es un bloque de viviendas del madrileño barrio de Lavapiés que se ha llegado a convertir en un símbolo en la lucha contra los desahucios y las subidas abusivas de alquileres. Hace dos años las viviendas del bloque fueron adquiridas por la empresa inmobiliaria Proindivisos, que 'invitó' a los inquilinos a abandonar sus viviendas o a pagar una subida de la renta de hasta un 300%. Ante esta situación, las vecinas y vecinos se organizaron junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid y a la PAH para defender su derecho a una vivienda digna. El caso concreto de 4 familias fue el más mediático, llegando a resistir varios intentos de desahucio gracias al apoyo popular, hasta que aquella noche del 22 de febrero, la Delegación del Gobierno envió un dispositivo policial sin precedentes que sitió la calle casi de extremo a extremo desde las 2 de la mañana, impidiendo el libre tránsito e incluso el acceso de los medios de comunicación.

El desalojo se llevó a cabo, incurriendo el Estado español en una vulneración de los derechos humanos en materia de vivienda. Las vecinas contaban con las resoluciones del Comité DESC de la ONU por las que Mayoral preguntó al Gobierno en la sesión de control del 18 de septiembre, y que exigían paralizar el desahucio. Y de nuevo uno de esos detalles que dan la clave. Porque esa noche, agentes de ese dispositivo impidieron el acceso al propio diputado, que acudió a la calle Argumosa, limitando su actividad parlamentaria y el derecho de reunión de las vecinas afectadas. Precisamente sobre estos hechos iba a preguntar Mayoral en la Sesión de Control del 18 de septiembre, para recordarle al Gobierno de Sánchez que ni siquiera había respondido a la Mesa del Congreso por la actuación policial de aquella noche hacia el diputado.

Y aquí se establece la conexión. Recopilemos. Tenemos la primera alcantarilla, es decir, la concentración de Alcoa donde diputados de Unidas Podemos estuvieron defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Segunda alcantarilla, el Juzgado desde donde parte una investigación totalmente irregular contra dichos diputados. En concreto, Rafa Mayoral es llamado a declarar el miércoles 18 de septiembre, con las elecciones del 10N ya sobre la mesa, y coincidiendo con Sesión de Control al Gobierno. Y tercera alcantarilla, la calle Argumosa, un tema sonrojante para el Ejecutivo de Sánchez por haberse vulnerado ese día el derecho a la vivienda de 4 familias desahuciadas, y el derecho de reunión. Un tema que 'casualmente' iba a ponerse sobre la mesa en dicha Sesión de Control, y 'casualmente' de nuevo por Mayoral, coincidiendo en fecha y hora con la citación que había recibido el diputado para declarar en el juzgado por la concentración de Alcoa.

En política es peligroso pensar que más de una casualidad es cosa del azar. O pensar que defender los derechos de los sectores populares desde las instituciones no le resulta molesto a nadie. Porque si a la línea de conexión del diputado de Unidas Podemos le sumamos que la unidad policial que elaboró el atestado el día de la concentración de Alcoa en el Congreso, era la misma Unidad que bloqueó durante horas la calle Argumosa, las tapas de las alcantarillas saltan por los aires. Debajo, se ven las cloacas.