La ley de hierro de la oligarquía y la nueva política

Uno de los conceptos que ha gozado de fortuna, saltando del ámbito académico al político, en España en la última década, ha sido el de "deliberación", sobre todo a raíz de la influencia de la obra de Jürgen Habermas, entre otros autores. Además, en el mismo período de tiempo, cualquier observador de la política patria no ha podido dejar de reparar en que todos los partidos políticos han promovido, de un modo u otro, con mayor o menor convicción, la "participación" de las bases en la elección de sus cargos y candidatos. El binomio deliberación y participación, ambos conceptos de añeja raigambre democrática, han ocupado un lugar de privilegio en el discurso partidista de los últimos tiempos.

No sería descabellado pensar que esta tendencia se inició o, a lo sumo, arreció tras el 15-M, primero, y el surgimiento de Podemos como fuerza política de reclamada raíz "popular", después. Pareció entonces que los partidos políticos "tradicionales" y el conjunto de las instituciones, prácticas y rituales políticos de nuestra democracia representativa habían envejecido de repente por comparación. La creación de los llamados “círculos” y la introducción de nuevos métodos de consulta por Internet de Podemos daban a entender que la participación en política ya no estaba solo al alcance de los líderes y cargos electos de los partidos políticos, aun estando casi exclusivamente mediada por estos últimos.

Así pues, daba la impresión de que Podemos reunía las virtudes deliberativas del diálogo irrestricto con la participación sin condiciones tanto en los círculos, que se suponía que serían el lugar donde se gestarían las problematizaciones y preocupaciones de la ciudadanía de a pie, como en las votaciones a programas y candidatos, en las que bastaba con inscribirse para participar.  Sin embargo, antes y después del primer congreso en Vistalegre del todavía “movimiento ciudadano”, se evidenció que ni la agenda ni las decisiones atañían a las bases o simpatizantes. Tanto la una como las otras incumbían, en realidad, solo a esa oligarquía de partido respecto de cuya formación y dominio ya había teorizado Robert Michels más de un siglo antes en Los partidos políticos (1911), donde deducía la famosa Ley de hierro de la oligarquía, y que consideraba inevitable y propia de cualquier partido de masas (se refería específicamente a los partidos socialistas europeos y, con especial atención, al alemán): liderazgo, jerarquía y burocracia.

Frente a toda la discusión académica desde los años 90 del siglo XX hasta la actualidad, frente al fenómeno del 15-M y similares y frente a las intenciones declaradas de los dirigentes de Podemos, incluidos aquellos que a lo largo de estos últimos 5 años han ido abandonando la organización, la realidad ha mostrado que la disidencia, organizada o no, dentro de este partido no era más tolerada que en cualquier otro partido "tradicional". Que la burocracia era tan celosa de su poder como la de cualquier otra organización y que las consultas para el voto de los afiliados (ya que, estrictamente hablando, no hay "militancia") no se diferenciaban en nada de cualquier plebiscito o referéndum diseñado para ser ganado por los convocantes. Como parece haber quedado claro, los círculos y la participación no constituyeron más que un "reclamo" para la captación, y que, tras los primeros éxitos electorales, fueron abandonados en la práctica tras, posiblemente, considerar los estrategas del partido que ya disponían de un suelo electoral más o menos firme.

En otros partidos, la caricatura se ha dibujado de manera aún más grotesca, ya sea en los tradicionales (PP, PSOE) como en el representante conservador de la "nueva política", Ciudadanos. En todos ellos, salvo excepciones (eso sí, sonadas), las primarias solo han servido para erigir en vencedor/a al candidato/a o al equipo favorecido por la dirección. Todo nos indica que, pese a las promesas de democratización de los partidos y de su pretendida apertura a la ciudadanía, su voluntad real parece haber consistido en seguir manteniendo el control de las decisiones, pero pretendiendo, con ese revestimiento participativo, dotarse de mayor legitimidad hacia adentro y hacia afuera.

Sin embargo, a quien lea al historiador y teórico político Josiah Ober, en especial su obra Democratic Knowledge (2008), le está reservado más de un atisbo de esperanza. En una documentada semblanza histórica de la antigua Atenas, Ober demuestra que la Ley de hierro de la oligarquía no es inevitable ni tampoco necesaria para que una organización, sea una polis, una empresa o un partido político, optimice su funcionamiento. Ober es convincente en explicar cómo precisamente la ausencia de una jerarquía rígida y de unos líderes permanentes, más ocupados en mantenerse en el poder que en el bienestar y seguridad de sus compatriotas, en contraposición a la rotación de cargos de extensión variable pasando de un día a varios meses o un año, así como la participación generalizada de los ciudadanos en las decisiones que atañían a la polis, siempre con deliberación previa y, sobre todo, el fomento del flujo de conocimientos a lo largo y ancho de las instituciones, logró situar a Atenas a la cabeza del competitivo mundo griego durante dos siglos, además de mantener su independencia frente a un imperio despótico como el persa.

En Democratic Knowledge, Ober resalta la importancia para la supervivencia política de Atenas de la inclusividad política, es decir, de que ciudadanos de diferente extracción social, con diversos saberes, participaran juntos en deliberaciones públicas, sin discriminación basada en la riqueza, de manera que cualquiera pudiera acceder a cargos importantes como el de magistrado o formar parte del Consejo de los 500, que se encargaba, entre otras funciones, de  marcar la agenda de la Asamblea, abierta a todos los ciudadanos. Además, una muestra de que el diseño de las instituciones estaba destinado a la libre expresión de las opiniones y argumentos y al fomento del conocimiento mutuo de los ciudadanos era una arquitectura destinada a tal fin, con el predominio de estructuras circulares o semicirculares destinadas a favorecer el contacto visual, así como a permitir la libre circulación de las personas.

Ober alude de manera explícita a Michels en varias ocasiones, como piedra de toque, concluyendo que el ejemplo ateniense refuta la extendida creencia de que “la democracia participativa no podría contribuir al éxito de un grupo a largo plazo, dado que la democracia participativa es insostenible a causa de las demandas que toda organización entraña”. Podríamos sostener entonces que la organización de la mayoría de los partidos, incluido Podemos, es subóptima, es decir, no alcanza a maximizar el conocimiento político de sus miembros. Conocimiento que por su complejidad no puede ser aglutinado en su totalidad ni monopolizado, como es evidente, ni siquiera por un grupo de supuestos expertos, y, por tanto, no maximiza la eficiencia en la toma de decisiones.

Dejar estas en manos de un individuo, o de una oligarquía, no obtendría, por lo general, tan buenos resultados como si se tomaran por una comunidad amplia de miembros, aunque estén informados en diverso grado. Las instituciones de Atenas combinaban tradición, y por tanto previsibilidad y confianza, con renovación, que corregía errores pasados y afrontaba retos futuros, así como incentivos de diverso tipo que crearon una cultura deliberativo-participativa sin parangón. El gasto económico y en energía social no despreciables en que se incurría en el diseño y funcionamiento de las instituciones se compensaba a medio plazo con una gestión y unos resultados más eficientes, lo que redundaba en beneficio de la polis y de los ciudadanos.

A este respecto, Democratic Reason (2013), de Hélène Landemore, y Democracia participativa epistémica (2017), de Sebastián Linares, por citar otras obras más recientes, pueden leerse en conjunto como una invitación a la "inclusión" ciudadana en la toma de decisiones y a los beneficios epistémicos que procura la "variedad social" en ellas. Para estos autores, la democracia deliberativa y participativa no solo concuerda mejor con la idea de una mayor legitimidad, puesto que la sociedad en conjunto participa efectivamente en su legislación, sino que además los resultados de sus decisiones pueden considerarse mejores, en general, que los de cualquier gobierno despótico, dictadura, aristocracia, oligarquía o tecnocracia. A la especialización y a la división del trabajo en política, basados en el mantenimiento del poder, la complejidad de las sociedades modernas y la creencia de la ignorancia de la ciudadanía, Ober y el resto de los autores consideran que una sociedad es capaz de afrontar mucho mejor los retos presentes y futuros si es capaz de captar, primero, y aprovechar, después, el saber disperso, múltiple y heterogéneo en la sociedad.

En definitiva, los esfuerzos de la dirección de Podemos por escenificar una suerte de democracia participativa interna sin anclaje en la realidad no solo se han revelado como "muy vieja política", sino que, a tenor de su trayectoria electoral descendente, han constituido un fracaso, entre otras razones que aquí no vienen al caso. A pesar de su bagaje académico, la dirección ha seguido atada, "desde el principio", a las antiguas tradiciones partidistas y ha desdeñado, por las razones que fueran, todo ese corpus académico con el que, a buen seguro, muchos de sus miembros estaban familiarizados. El ejemplo de este partido (y de otros con más raigambre e historia) nos enseña que la insistencia en el liderazgo personal, el establecimiento de una jerarquía rígida y la burocratización de un partido no conducen necesariamente al éxito electoral, ni siquiera a su buen funcionamiento interno. Quizá sea la hora de convencernos, siguiendo a Ober y al resto de los autores citados, de que podemos imaginar otros diseños organizativos, ya sea en los partidos, ya en la administración pública, no solo más democráticos sino también más eficientes.