La lógica política del pacto

Javier Franzé, profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid

En España la democracia, merced a la hegemonía del discurso de la Transición, se asocia a consenso. Esto por lógica exige pactos. Pero a la vez todo pacto es mirado con recelo, porque se sospecha de que en él los políticos mercadean con cosas valiosas (los principios) con tal de llegar al poder. Quizá esta contradicción se vincule en parte a la presencia histórica en el país de las culturas católica y comunista, pues ambas creen en valores absolutos, innegociables en tanto que verdaderos, y a la vez confían en la posibilidad de una sociedad final reconciliada, no política, alrededor de esos valores humanos universales.

El pacto como intercambio de fines no necesariamente devalúa los principios. Más aún, puede ser visto como un rasgo eminentemente democrático. En efecto, en democracia ningún actor puede desarrollar plenamente su programa. Esto sólo sería posible si hubiera una unanimidad propia de regímenes totalitarios. Pero hay una razón más profundamente democrática del pacto. El hecho de que las identidades políticas —contra el modo en que las pensaron católicos y comunistas— no son esencias ni sustancias autárquicas, sino que se producen por diferencia, por contraposición a otra identidad. Hace años lo dijo bien Joan Gaspart: “Si el Real Madrid no existiera, deberíamos inventarlo”. El Barça es lo que es porque su otro es el Real Madrid, y viceversa. Si alguno de los dos desapareciera, el otro —aunque conservara sus símbolos— ya no sería nunca más el mismo. En definitiva, el pluralismo permite y a la vez limita la expresión plena de los actores en lucha.

Esto determina que sea lógico que los partidos deban negociar fines, sobre todo en un sistema parlamentario. Lo que un pacto hace es asegurar, en lo posible dentro de un dominio cambiante como el político, la realización de algunos de mis fines a cambio de la efectivización de algunos de los tuyos. Es un intercambio de cromos, y no hay per se nada malo en ello. Todo el problema del pacto radica en cómo cada actor prioriza sus objetivos a partir de la fuerza que tiene para hacer valer esa ponderación. Pero eso no significa la conversión de fines impolutos en meros medios para alcanzar el poder. Sino más bien el reconocimiento de que precisamente porque estamos en democracia hay que elegir qué fines son prioritarios y cuáles pueden ahora esperar. Así como cuánto vale que pueda alcanzar mi objetivo pagando el precio de que el otro alcance ese suyo. Incluso más: cuando la propia fuerza sea poca, resultará positivo impedir la realización de los fines del otro que uno considera más perjudiciales para la comunidad.

El PSOE, por ejemplo, debe evaluar si realiza más su programa facilitando el gobierno en Navarra a la derecha de Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), lo que le permitiría alejar toda imagen de acercamiento al “independentismo vasco” al impedir que sigan gobernando PNV, Bildu y Podemos, a cambio de un apoyo de UPN a Sánchez.

Otra razón de recelo hacia los pactos es la atención al interés del partido sobre el del país. “Que se encierren en un cuarto hasta que se pongan de acuerdo”, suele decirse. Aquí hay una doble ilusión: que el acuerdo total es posible precisamente porque se cree que los intereses de partido no son más que sectarios y mezquinos. Depende. En democracia, los partidos —o la forma que tome la organización de las distintas voluntades colectivas en pugna— son el instrumento para la construcción y realización de los diferentes proyectos existentes. Por lo tanto, en una negociación el interés del partido debe ocupar un lugar, pues ese instrumento no puede ser debilitado, pues se volvería inútil para realizar los fines que se propone. Realizar unos valores hoy puede significar a veces una debilidad partidaria que vuelva imposible seguir alcanzando otros mañana.

PP y Cs, por ejemplo, deberán valorar cuánto les vale impedir el gobierno de Carmena a costa de gobernar con Vox, lo que puede lastrarlos a futuro. UP deberá sopesar si desconfiar públicamente del PSOE por su presunto interés en acordar con Cs le resulta útil para mantener su identidad partidaria, pues le puede dejar fuera del gobierno.

El problema para una democracia robusta no radica en el pacto, sino cuando éste se vuelve exclusivamente sinónimo de consenso. El objetivo de una negociación no tiene por qué ser siempre el consenso, entendido como programa común. Por el contrario puede estar abocada a que cada partido realice parte de su programa. En ese sentido, no suprime el conflicto, clave en democracia, porque mantiene y reconoce las diferencias. El consenso como única manera del pacto puede, paradójicamente, implantar una unanimidad que cancele el conflicto y, entonces sí, convierta la búsqueda del poder en un fin en sí, dado que el programa a aplicar es inamovible. El consenso no es la mayoría de edad de la democracia. Ésta es más fuerte y de mayor densidad cuanto más conflicto pueda tramitar en su interior.

Secularizar la política y la democracia es reconocer como legítima la lucha por el poder, que incluye el cuidado de la fuerza del partido, porque la democracia es un orden político y como tal no anula el poder ni la lucha, sino que los hace posibles en un marco pluralista.