Una impunidad real

 Miguel Urbán Crespo es responsable del área de memoria democrática de Podemos

Hace mas o menos un año, en una entrevista escrita, Fernando Suárez, exministro de Trabajo con Franco, afirmaba una obviedad histórica no por ello menos escondida o maquillada por los relatos oficiales de la Transición: “Franco fue el propulsor de la monarquía. Y si se deslegitima al franquismo y se convierte a Franco en una figura comparable a la de esos grandes dictadores sanguinarios de la humanidad, se le da una connotación a la Corona que la pone en riesgo.”

La restauración de la monarquía bajo la figura de Juan Carlos I de Borbón fue obra y gracia de la dictadura como continuadora de su legado histórico, tal y como el propio monarca reconoció en su propia toma de posesión ante las Cortes franquistas. Un acto de sucesión en diferido en el que el rey no solo agradeció a Franco su legado, sino donde también juró guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional.

Tanto la aprobación de la Constitución del 78 como la instauración de una monarquía parlamentaria, la transición política emprendida tras la muerte del dictador se basó en una premisa muy gatopardiana: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". Una transición basada sobre el consenso del olvido y la impunidad de la dictadura y sus crímenes que paradójicamente transformó la reivindicación de libertad y amnistía para los presos políticos en una ley de punto final donde se equipararon a franquistas y antifranquistas. Un ejercicio que permitió la supervivencia del aparato represivo de la dictadura hasta nuestros días y su acomodación en las estructuras y cloacas del Estado. Solo hay que ver el reciente caso de la mal llamada “policía patriótica” y su guerra sucia contra oponentes políticos. Por no hablar del poder judicial.

Un régimen de impunidad único en el mundo, como reconoció el filosofo Jon Elster en un estudio comparado al afirmar que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”. La impunidad es la base sobre la que se asienta tanto la permanencia del aparato represivo como, sobre todo, el mantenimiento del bloque económico y de poder que transita de la dictadura a la democracia. Porque si algo caracterizó a la Transición fue que las élites del franquismo transitaron impunemente al nuevo marco constitucional, conservando intactos los privilegios que habían acumulado durante la dictadura y gracias a ella.

Y sin duda el ejercicio de blanqueamiento de la monarquía, obviando y ocultando sus raíces y legitimaciones franquistas, fue la pieza clave de aquella operación política. Como reconoció el propio Adolfo Suárez en un descuido, una monarquía que, ante el riesgo de perder, no se sometió a ninguna consulta popular a pesar de las presiones internacionales por realizarla para garantizar su legitimidad. Resulta sintomático que, cuatro décadas después, el CIS lleve varios años sin preguntar por la valoración ciudadana sobre la monarquía, precisamente desde el reciente relevo en la corona. Una muestra más del extremo cuidado que se tiene desde el establishment por la figura e imagen del monarca.

Ahora bien, aunque la monarquía no se sometió a ningún referéndum popular, sí que se vio envuelta en una gran operación de blanqueo democrático que la dotó de la legitimidad de la que carecía y que, en buena medida, contribuyó a barnizar esa ruptura simbólica con su pasado franquista. Hablamos, claro, del fallido golpe de estado del 23F que, más allá de las diferentes interpretaciones que se han realizado al respecto, es indudable que jugó un papel fundamental en legitimar la figura del monarca como supuesto garante del proceso democrático. El 23F contribuyó no solo a cerrar simbólicamente la Transición, sino sobre todo a imponer en el relato oficial sobre la misma el protagonismo de las élites (con el “monarca salvaguarda de la joven democracia” a la cabeza) frente al protagonismo popular antifranquista de la calle.

Desde el 23F las críticas a la corona se convirtieron en un tema tabú entre la mayoría de los medios de comunicación, los principales partidos del turnismo y la opinión publica. Un broche a la impunidad de una corona intocable apuntalada por una Constitución que declara solemnemente su inviolabilidad. Un cerrojo que ha permitido sobrellevar sucesivos escándalos sistemáticamente silenciados y que impide, todavía hoy, abrir la puerta para poner fin la impunidad del franquismo y sus crímenes.

40 años después, no hay justificación ética, social o política que sostenga esta impunidad del franquismo. Mucho menos si con ella se sigue impidiendo la urgente necesidad de reconocer a sus víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Porque más allá de sus reivindicaciones concretas, el movimiento memorialista contra la impunidad construye su relato e ideario a partir de una reflexión estructural sobre ese proceso de Transición que, en ausencia de una ruptura democrática, garantizó la continuidad del ejercicio del poder por las mismas élites del franquismo. De ahí su importancia, su urgencia y su naturaleza presente.

La ola del 15M hizo saltar muchos de los consensos del régimen del 78, permitiendo un cuestionamiento de lo que hasta ayer mismo era intocable, casi sagrado, y ahora es susceptible de discusión y crítica. Pero más allá de simbolismos, la quiebra del muro de la impunidad en nuestro país pasa indiscutiblemente por el acceso a la justicia de las víctimas de la dictadura. Porque la memoria democrática no es una cuestión de pasado, sino una necesidad de presente para tener un futuro de democracia y justicia sin impunidad. Solo rompiendo ese cerrojo podremos abrir un proceso constituyente que supere la tutela del franquismo y nos permita decidir libremente no solo sobre la jefatura del Estado, sino sobre cualquier cosa. Pero, sobre todo, un proceso constituyente para dejar de vivir en la sombra de un pasado oscuro y empezar a decidir entre todas y todos qué queremos ser en el futuro.