Vivienda, mercados y carnavales

Jordi Escuer, miembro de la Coordinadora de IU Madrid Ciudad

El reciente desahucio de 4 familias del número 11 de la calle Argumosa, en Madrid, ha vuelto a poner en los focos informativos la gravedad del problema de la vivienda. Esta sociedad enormemente rica es, sin embargo, incapaz de el derecho de la vivienda a toda la población y la razón es muy sencilla: la prioridad es el negocio de la vivienda, no los derechos de las personas.

La derecha siempre insiste en que el mercado puede resolver el problema. Si eso fuera cierto, ¿por que el problema de la vivienda nunca se resuelve? Entre 2002 y 2008, se construyó en la ciudad de Madrid una media de casi 20.000 viviendas anuales, según el censo de viviendas del Ayuntamiento de Madrid de 2011. Según ese mismo censo hay 150.000 viviendas vacías. Y, por último, hay suelo urbanizado que permitiría construir más de 50.000 viviendas.

Además, la Constitución afirma que tenemos derecho “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que el Estado debe regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” ¹.

Si la ley plantea como un derecho la vivienda, si hay casas vacías y suelo para construir las que pudieran hacer falta ¿por qué miles de personas no pueden acceder a una vivienda o viven con la espada de Damocles del desahucio sobre sus cabezas? Porque no pueden pagar el precio que el mercado impone. El alquiler medio en la ciudad supera los 1.700 euros mensuales ² y el precio medio de venta de una vivienda es de 180.000 euros ³. Los precios son estratosféricos, pero los salarios son cada vez peores y los empleos más precarios: el salario mediano oscila alrededor de los 21.000 euros brutos (que daría lugar a un salario neto de 1.200 euros mensuales, en 14 pagas) en la comunidad de Madrid ^4.

En contra de lo que dice la derecha, el mercado capitalista no puede resolver el problema de la vivienda. Dónde más se ha avanzado en acceso a la vivienda ha sido precisamente fruto de la creación de un enorme parque de vivienda pública en alquiler.

En Viena, el 76% de todas las viviendas son en alquiler y el 60% de alquiler social. Una familia trabajadora puede alquilar una vivienda decente en el centro de la ciudad por 600 euros mensuales. ¿Cómo es posible eso? En primer lugar, porque el Ayuntamiento es el propietario del 26% de todas las viviendas, y sólo las alquila, no las vende. El contraste con el consistorio madrileño, que tiene 6.000 viviendas (un 0,45% del total), no puede ser mayor ^5.

Y ese es el camino: sacar a la vivienda del mercado. Si depende del mercado capitalista, nunca se hará realidad el derecho de la vivienda.

Las migajas no son suficientes

Sin embargo, la alcaldesa Manuela Carmena, al preguntarle por el desahucio de Argumosa, lamentó la situación y pidió que le preguntasen por los carnavales. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento para evitar llegar a esta situación? La legislatura va a terminar con 1.426 viviendas cuya construcción ha sido adjudicada e iniciada ⁶, en lugar de 1.860 vendidas a fondos buitre. ¿Es un avance respecto al PP? Claro, pero insuficiente para atender las necesidades reales. Madrid acumula 14.675 desahucios por alquiler en los últimos cuatro años, la primera del ranking estatal ^7. Hay 32.000 personas que demandan vivienda pública en alquiler al Ayuntamiento de Madrid. Al ritmo de esta legislatura llevará 80 años darles una solución, y tardaríamos más de 900 años en llegar al nivel de Viena de vivienda pública en alquiler.

A ver quién es capaz de explicarle a quienes carecen de vivienda digna que no espere ninguna salida de su Ayuntamiento, porque de eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo justificar que el gobierno municipal renunciase a pelear con Montoro por disponer de todos sus recursos y cesase a Carlos Sánchez Mato? Con 500 millones de euros, la mitad del superávit municipal de un año ¿cuántas viviendas públicas en alquiler se podrían haber logrado? ¿Por qué no se ha luchado por ello y no han llamado a movilizarse a los vecinos y vecinas?

La vivienda debe dejar de ser una mercancía y convertirse en un bien social. Y es urgente la creación de un gran parque público de vivienda. Eso implica intervenir sobre la vivienda vacía en serio: facilitándole alquilar a las personas que tienen una vivienda vacía (con garantías, pero a precios sociales) pero también usando todos los recursos, incluida la expropiación, frente a las grandes empresas dedicadas a la especulación. Además, es necesario priorizar el uso del suelo público para dotaciones sociales, incluida la vivienda pública en alquiler. Por eso es inadmisible que un gobierno de izquierdas apoye un proyecto como el de la actual Operación Chamartín, Madrid Nuevo Norte, que privatiza un suelo que es público en un 75%.

Y no estamos hablando de vivienda para “pobres”, sino de casas dignas para quien lo necesite. El costo real de construir una vivienda es de unos 75.000 euros ⁸. Si una empresa constructora pública rehabilitase vivienda o la construyese, a costos reales, sobre suelo público, sería perfectamente posible garantizar la viabilidad económica de dicha empresa y el acceso a la vivienda. ¿Quién perdería? Las grandes empresas inmobiliarias, constructoras, inversores privados y bancos, que perderían el negocio y, no lo dudemos, usarían todo su poder contra cualquier gobierno que intentase poner por delante los derechos de la mayoría.

En resumen, hay otra política posible pero por la que la clase trabajadora de nuestra ciudad tendrá que pelear, como siempre, porque hay intereses de clase contrapuestos. Queremos detener a la derecha, y haremos cuanto esté en nuestra mano para impedir que vuelva a gobernar, pero si queremos movilizar a la izquierda hay que poner sobre la mesa alternativas por las que merezca la pena luchar. Porque no podemos conformarnos con las migajas, ni siquiera con las magdalenas: queremos el pan entero.