Cuarenta años de esta Constitución son demasiados

En mis reflexiones republicanas, vengo hablando, desde hace años, sobre la necesidad de abrir un proceso constituyente que venga a instituir una república en España. Si veinte años no son nada, que dice el tango, los cuarenta años de esta Constitución son demasiados. El sistema diseñado en la Constitución de 1978 ya no sirve; no está a la altura de la realidad social y política actual y de las necesidades de la ciudadanía.

Las reformas constitucionales realizadas desde entonces, a propuesta del gobierno de turno y con el apoyo de la oposición mayoritaria, pero sin la palabra del pueblo, han sido todo un espejismo democrático. A pesar de que la soberanía del pueblo está reconocida constitucionalmente, ha sido toda una falacia. Es preciso abrir un proceso constituyente participativo, democrático, en igualdad y libertad, que supere las limitaciones de la actual que rige desde 1978.

La razón del proceso constituyente es provocar una ruptura con el sistema político y económico actual, que está estrangulado los derechos de la mayoría social, clase media y trabajadora, para generar otras reglas de juego basadas en la democracia participativa. El proceso tiene que recuperar la soberanía popular, reconociendo la superación de la Constitución de 1978, desmitificando la transición a la democracia, muy lejos de ser modélica como ahora se pretende presentar.

La Constitución, para que sobreviva, tiene que cambiar, tiene que reformarse y lo tiene que hacer con la participación real del pueblo soberano. Hubo acuerdo político en 1992 para reformar el artículo 13.2, introduciendo la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, como consecuencia del Tratado de Maastricht. Por el contrario, en 2011 no hubo acuerdo mayoritario ni político ni social, para reformar el artículo 135, que por presión de la Unión Europea, introdujo el concepto de "estabilidad presupuestaria" y la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses. Se reformó en menos de un mes, a espaldas del pueblo y sin referéndum. Si la Constitución se reformó por intereses económicos, también puede reformarse por intereses sociales y voluntad del pueblo.

El Sistema está permitiendo que se eliminen derechos y se restrinjan libertades. Los compromisos impuestos por los sucesivos tratados de la Unión Europea y del resto de poderes económicos, políticos y sociales, están llevando a la mayoría social a la ruina económica. El Estado ya no tiene por objetivo corregir las desviaciones propias de la economía social de mercado con solidaridad y progreso social para todos. La falta de ética y la pérdida de valores, que la propia Constitución establece, hace que el pueblo haya perdido la confianza institucional y reclame el derecho a tomar el poder soberano. Como todo es posible porque el Sistema lo permite, hay que cambiarlo, abriendo un proceso constituyente. La Constitución de 1978 está deslegitimada.

La política se judicializa y la justicia se politiza; no existe independencia entre los poderes del Estado. Se adoptan medidas, en muchas ocasiones, a sabiendas de que son contrarias a la ley, rayando la prevaricación. La separación de poderes, que caracteriza a un Estado democrático de Derecho, no se produce en la realidad. El Parlamento que representa a la soberanía del pueblo, está supeditado al Gobierno. El Parlamento, que elige al presidente, está bajo sus dictados. No hay independencia, como no la hay con el órgano del poder judicial, que está politizado. El Gobierno manda y el pueblo soberano obedece. Solo se cuenta con él para votar cada cuatro años.

En un modelo en el que rige una economía social de mercado, se supone que el mercado manda, ordena y regula las tendencias y el Estado corrige las desviaciones, con el objetivo de conseguir, con solidaridad, el progreso social. El mercado va a lo suyo, y el Gobierno, que debería impulsar esas medidas correctoras, está preocupado por fortalecer el sistema financiero, olvidándose de la economía real que crea riqueza y empleo. El pueblo no es su prioridad.

Tras la muerte del dictador en 1975, se abría para los españoles una nueva era. El proceso hacia la democracia se inició con una ley franquista; la Ley para la Reforma Política −la última de las Leyes Fundamentales del Reino−, que fue sometida a referéndum a finales de 1976 e instaba al Gobierno a abrir un proceso electoral. El 15 de junio de 1977, se celebraban las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, abriéndose de hecho un proceso constituyente, con el pueblo de invitado de piedra, todo sometido a continuos peligros de involución. El pueblo, que votó en referéndum, participó poco; no estaba ducho en procedimientos democráticos. Los miembros del régimen llegaron hasta sus máximos exigibles, los demócratas de la oposición a sus mínimos necesarios.

La figura del "consenso" permitió resolver los temas más conflictivos del momento: la forma de estado y de gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial. La Constitución se aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Votó el 67,11% de un censo de 26.632.180, y los votos favorables representaron el 88,54%, 15.709.078 de los votantes. Ha llegado la hora de renovar el pacto de Estado, con una nueva Constitución que dé respuestas a los retos actuales: cambiar el sistema electoral, profundizar en la democracia, promover la igualdad y la justicia social, permitiendo al pueblo que decida el modelo político de gobierno: si monarquía parlamentaria o república federal.

No caben reformas constitucionales, sino la apertura de un proceso constituyente, que provenga del pueblo, a través de un proceso general, amplio, inclusivo, con el objetivo de obtener una auténtica legitimidad democrática. Mediante un proceso constituyente es la ciudadanía la que se brinda a sí misma una nueva constitución. La actual está funcionalmente obsoleta y con escasa legitimidad, por lo que, tras un proceso constituyente, se abriría paso político a una auténtica legitimidad democrática, situando a la persona como el motor de cambio.

Sabemos que una nueva constitución no va a resolver ni la crisis económica y financiera ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que la está padeciendo, pero va a ofrecer al pueblo instrumentos para que participe activamente en los asuntos de sus intereses de forma directa y a través de representantes legítimos. El proceso constituyente debe avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación social. El Sistema diseñado en la Constitución de 1978, ya no sirve; es un clamor. Ha llegado la hora de establecer un estado republicano.