¿Ha llegado el momento de Íñigo Errejón? ¿O es más bien el de Ada Colau?

Sebastián Martín *

Hace unos días, me comentaba mi admirado Pablo Sánchez León que lo peor de las elecciones internas de Podemos era forzar a los inscritos a elegir entre opciones con las que se simpatiza casi por igual. En similar sentido, Carolina Bescansa, una de las voces más sensatas del partido, censuraba el perímetro madrileño y la superficialidad de una polémica que está partiendo tontamente el corazón de los seguidores de la formación morada. No les falta razón. Cualquier simpatizante independiente, alejado de los entresijos de aparato, encontrará medidas y personas con las que identificarse en las tres propuestas que se hallan ahora en liza.

Existe, sin embargo, una razón de peso que explica la disyuntiva. Pero es de complexión singular, porque, en el fondo, hace recaer la clave de la discordia en el pronóstico, más que en la realidad.

Por un lado, figuran quienes piensan que las condiciones materiales de vida no van a cesar de empeorar. Los maltratados por un modelo socioeconómico cada vez más depredador y despiadado no van a parar de aumentar. Y necesitan ser movilizados y representados para que, en combate contra las fuerzas que han contribuido a la putrefacción, se reapropien de las instituciones y las reorienten a su favor. Aquí los adversarios son todas las formaciones integradas en el régimen; los aliados, todas las corrientes opuestas al mismo; el enemigo, el fascismo que en la situación presente puede subir como la espuma; y la estrategia, tomar parte activa en el conflicto, dando prioridad a la movilización social sobre la actuación institucional. El objetivo congruente, más que remozar nuestro régimen parlamentario, es superarlo con una ruptura que democratice radicalmente las instituciones y la economía.

Por otro lado, constan quienes en secreto creen que el saldo tras ocho años de crisis no es realmente tan devastador, al menos en lo que hace a las masas integradas en el juego político. Más que una depauperación generalizada, lo que contemplamos es un descenso relativo de las condiciones de vida y un sensible recorte de las expectativas acumuladas en las clases medias trabajadoras. Se intuye que, por propia supervivencia, los guardianes del modelo socioeconómico en vigor irán introduciendo reformas cosméticas, de mínimo esfuerzo, que evitarán su catastrófico desplome. Se admite, en efecto, que las bolsas de pobreza y marginalidad se han multiplicado, pero secretamente se piensa que en buena parte están formadas por miembros devastados cultural y políticamente, ajenos a la competición electoral, por incapacidad inducida para apreciar la dimensión colectiva de sus propias penurias. Los interlocutores que pueden dar una victoria y capacidad de intervención no son ellos, sino las capas medias integradas y venidas a menos. La estrategia consecuente, más que la agudización del conflicto de clase, es el compromiso de una labor institucional encaminada a restaurar su posición y sus horizontes. No se persigue la ruptura, sino la reconstitución del Estado constitucional. Y para ello hay que distinguirse del izquierdismo radical, con su preferencia por los conflictos de final incierto, como abrirse a la cooperación con el centro-izquierda, única vía en el momento presente para activar reformas progresistas.

Según se ha sugerido, ambas posturas comparten un dato llamativo: se basan en un pronóstico de futuro. Coinciden en otro: partir de una representación más o menos genérica de la composición del país. Pero ambas coincidencias discurren en el vacío. Se opta por una lectura o por otra más por motivos de ideología preconcebida que por un juicio estrictamente científico. Pocos conocen el material estadístico, los estudios de sociología y demografía empíricos, o las investigaciones económicas e institucionales que permitan decantarse con rigor por una de las dos interpretaciones.

Aun sin suficientes datos objetivos para formarse un criterio definido, llama la atención una imprevisión notoria. Afecta a la primera de las posiciones. Consiste en no tener en cuenta la radicalización compensatoria de los adversarios en caso de agudizarse los conflictos. O peor, consiste en creer que la propia radicalización previene la fascistización ajena, cuando puede muy bien engendrarla, otorgándole el pretexto perfecto. De hecho, dada la concentración del poder mediático, socioeconómico y militar existente, infinitamente mayor que la del tiempo de entreguerras, podría afirmarse que la fascistización de la derecha sería la desembocadura más probable de la apuesta por la colisión frontal. Resulta además del todo contraproducente despreciar los dispositivos de garantía todavía alojados en la mediación institucional propia del constitucionalismo democrático.

Pero lo peor de la disyuntiva de Podemos no es que se produzca a la vista de todos un debate estratégico necesario y urgente. Nadie se asustaría por ello. Lo peor es que muchos tienen ya la certeza de que bajo la polémica no está presente más que la lucha entre clanes por el dominio del aparato. Hasta que llegaron los chismes de Luis Alegre, había un dato curioso, desapercibido, que lo delataba. Es este: existe una clamorosa incongruencia entre las lecturas que cada parte sostiene y el armazón teórico en que se basa.

Me explico: el populismo democrático de izquierda, con su preferencia por las representaciones, la transversalidad y la liviandad ideológica, está diseñado para repolitizar a las masas marginadas y desestructuradas por el capitalismo, precisamente aquellas que se dan por descontadas del juego electoral, o que, en caso de ser capitalizadas políticamente, se cree que lo serían por una versión amanolada del trumpismo. En contraste, el discurso de la izquierda tradicional, con su preferencia por el conflicto de clase, la concienciación ideológica y la movilización social, podría tener como destinatario preferente a las capas medias progresistas ya politizadas, a las cuales, sin embargo, no se las deja de despreciar en nombre de un “pueblo” idealizado al que se quiere salvar de las garras del fascismo.

Si esta era la huella que permitía detectar el carácter ornamental del debate de ideas, tras los trapos sucios lavados en público por Alegre, ya no cabe duda de que los males que afectan a Podemos no proceden de la discrepancia ideológica. Que los peligros de fractura puedan proceder de las “malas compañías” no solo muestra una pavorosa falta de madurez política. Exhibe asimismo los lodos procedentes del barro endogámico con que decidió moldearse el partido.

Lo amargo, por tanto, es la certeza de que, una vez más, la división se ha generado en razón de disputas adjetivas, personalistas y prescindibles. Habría sido de agradecer que al menos hubiese aparecido en ellas, de manera más meditada, una cuestión central en el presente desacuerdo: la del liderazgo. Olvida quien lo reclama, Pablo Iglesias, y quienes ciegamente lo respaldan, algo fundamental: que uno legítimo y eficaz requiere un asenso generalizado y espontáneo que el suyo hace tiempo ha dejado de suscitar. Consciente quizá del corto recorrido de un liderazgo demasiado cerebral y eficientista, Íñigo Errejón ha optado por la vía imposible de disputárselo al actual secretario general sin hacerlo directamente, aspirando a un control indirecto que lo convierta en monigote de cartón, como implícitamente demostró con la desafortunada puesta en escena de su candidatura.

Frente a esta infructuosa batalla por el liderazgo, en la que ninguna de las partes contendientes es capaz de ilusionar a la mitad restante, solo cabe comenzar a pensar en una solución superadora. Y quizá en estos momentos nadie la encarne mejor que alguien como Ada Colau: ejerce un liderazgo aglutinante, situado por encima de los viejos hábitos divisivos, reconocido por tirios y troyanos, y capaz de conciliar con inteligencia y sin estridencias el rigor ético de la movilización social y la flexibilidad pragmática de la acción institucional.

(*) Sebastián Martín es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla.