Derogación de la LOMCE y pacto educativo

La importancia de la educación es múltiple: desarrollo integral de la persona, igualdad de oportunidades y equidad social, formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en una mayor cualificación y en el empleo decente de los trabajadores. La primera medida para cumplir estas finalidades es derogar la LOMCE, que es su antítesis. Y, por supuesto, recuperar todo lo recortado.

El 17 de julio de 2013 la oposición acordó derogar la LOMCE cuando hubiera cambio político. Suscribieron el acuerdo PSOE, IU.ICV-CHA, CiU, PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria, Amaiur, Compromis- Equo y GeroaBai, es decir, la práctica totalidad del parlamento menos el PP. Entre las nuevas fuerzas políticas que han aparecido, Podemos está claramente por la derogación, mientras que la posición de Ciudadanos es muy ambigua escudándose en la muletilla del “pacto educativo”.

Es la que ha impuesto –o acordado- con el PSOE en su pacto para la investidura. Este acuerdo es muy inquietante porque supone que el PSOE se olvida de su compromiso: solo habla de paralizar el calendario de aplicación de los aspectos que no han entrado en vigor de la ley. Eso está bien, pero es insuficiente, porque la ley se sigue desarrollando en los centros. En el acuerdo PSOE-C's proponen un “pacto educativo” a negociar en seis meses. Es el intento de enmascarar la falta de un compromiso claro de derogación de la LOMCE con una especie de buenismo electoral, más aún cuando la investidura no tiene ninguna posibilidad de prosperar.

Además, hay una cuestión de fondo: un “pacto educativo de todos” es prácticamente imposible si lo negocian solo los partidos políticos en torno a una mesa camilla. La experiencia de las negociaciones que para ese fin mantuvo el ministro Gabilondo demuestra que la intransigencia de la derecha, la Iglesia y el sector privado impidieron llegar a un acuerdo. Y ello a pesar de las cesiones que hizo el PSOE, que llegó a equiparar la educación pública con la privada y subvencionada por todos. Enseñadas las cartas, el PP ha ido luego más lejos con la LOMCE al convertir a la educación pública en subsidiaria, sin tener la obligación de ofertar plazas públicas suficientes en todos los sitios. ¿Es posible un pacto con quienes apuestan por una escuela excluyente a través de reválidas, itinerarios y otros mecanismos de segregación?, ¿con los que replantean la gratuidad de la educación con copagos y tasas exorbitantes?, ¿con los que reducen el peso y la calidad de la educación pública en beneficio de la privada-concertada?, ¿con los que han dejado la participación de las familias, profesores y alumnado en algo testimonial?

Ciudadanos ha intentado imponer su filosofía educativa neoliberal, algo que se nota cuando se equipara “espíritu emprendedor” con el espíritu ciudadano crítico o en el énfasis en las evaluaciones competitivas de los centros y universidades. El acuerdo se fija como objetivo el bilingüismo y el triligüismo, que han sido tan contestados en Madrid o Baleares por su carácter segregador y porque aumentar la competencia lingüística en otras lenguas de una parte no tiene que hacerse en detrimento de la calidad educativa general. No dice nada el acuerdo sobre laicismo o de cómo aumentar la participación democrática de la comunidad educativa.

En el pacto no se plantea la recuperación de los 32.000 profesores suprimidos ni la reversión de los casi 8.000 millones de euros de recortes. Como dato, durante este saqueo llamado crisis se ha reducido un 20,3% el gasto por estudiante en la educación pública no universitaria. Es una legislación antidemocrática y sus recortes deterioran la educación en España. La culpa no es del profesorado, sus sindicatos o la pedagogía, como dicen algunos personajes, de cuyo nombre no quiero acordarme porque buscan la publicidad de la provocación para vender sus libros. Al contrario, hay que reconocer al profesorado, que ha sido maltratado por la administración educativa en su formación, condiciones laborales y salariales.

Quizá la única manera de alcanzar un acuerdo que dote de estabilidad a la legislación educativa sea fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación. Y establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados: comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado), partidos políticos, sindicatos, entidades y expertos, mareas verdes, etc. Tanto en el contenido como en el procedimiento es un punto obligado de partida el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo”, elaborado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Sobre el contenido, las líneas básicas no pueden ser otras que concebir la educación como un derecho público y un bien común. Debe asegurarse una escuela pública de todos y para todos, con una financiación del 7% del PIB. En definitiva, la educación tiene que estar al servicio de la sociedad y no del mercado.