La justicia mantiene su pulso a ETA
Íñigo Corral *
Una legislatura después, las apocalípticas profecías que iban a sobrevenir al país tras “el cese definitivo de la actividad armada” de ETA se diluyen como un azucarillo. Nadie ha subvertido el orden constitucional, por ninguna parte se aprecia una rendición del Estado de Derecho, no hay acercamiento de presos ni amnistías encubiertas y ni lo que algunos denominan como el brazo político de ETA gobierna en las instituciones vascas. Al contrario, en ciudades como San Sebastián los ciudadanos le han dado la espalda, lo que supone un ejercicio de democracia y de alternancia política. Es cierto que los terroristas ni se han disuelto ni han entregado las armas. Falta dar ese paso, pero ya nadie duda de que han sido derrotados. Se admite, empleando términos boxísticos y según la interpretación que cada uno le quiera dar, que han tirado la toalla, que se han rendido, que han perdido a los puntos o que han abandonado; pero nadie, salvo ellos mismos, les dará como vencedores de una pesadilla que duró cuarenta años y que costó la vida a casi mil personas. Y eso por no contar a los heridos, secuestrados o a los que sufrieron en silencio la extorsión, la amenaza o el destierro forzoso. Mientras, la justicia continúa su lucha implacable para esclarecer las atrocidades de lo que algunos bautizaron como “los años del plomo”.
Hace diez años había alrededor de 600 reclusos de ETA repartidos en las distintas cárceles españolas. La cifra era muy parecida a la de la fecha en que anunciaron el cese definitivo de la lucha armada y a principios de octubre de 2015, según la organización Etxerat, que agrupa a familiares y allegados de la banda, había 435 etarras cumpliendo condena en España, de los cuales tres están en su domicilio bajo arresto domiciliario por motivos de salud. La lista se amplía con otros 93 terroristas encarcelados en Francia y otros cumpliendo condena en Alemania y Portugal. Etxerat no incluye los nombres de otros 15 etarras que se acogieron a la vía Nanclares, algunos de ellos ya en libertad como Valentín Lasarte.
El caso más conocido es el de la antigua miembro del comando Madrid, Idoia López Riaño. El año pasado cumplió las tres cuartas de su condena (no saldrá de prisión hasta 2019) y hace muy pocos meses un juez denegó su definitiva puesta en libertad por “el no reconocimiento del daño causado”, puesto que sólo admite haber participado en tres de los 23 asesinatos de los que está acusada. El auto era bastante contundente y no parecía obedecer a ningún pacto ETA-Gobierno: “El presentar mecanismo de justificación frente al delito conducen necesariamente a hacer una valoración negativa de la actitud de la interna frente a los delitos cometidos, lo que es causa directa de denegación del permiso al tratarse de una persona condenada por muchos y graves delitos con consecuencias irreparables que han generado un daño extraordinario, el cual no reconoce". Así que la etarra disfruta de algunos permisos, algunos de los cuales ha aprovechado para sacarse el carnet de conducir.
Florencio Domínguez, el periodista que más y mejor conoce las interioridades de ETA, recuerda que la decisión de abandonar la violencia fue adoptada por un grupo de dirigentes y que esa misma postura fue consultada a sus militantes en un debate que se prolongó más de dos años. El resultado, por supuesto oficioso, fue que apróximadamente el 20 por ciento de los terroristas se oponía a dejar las armas. Eso sí, sin la amenaza velada de crear un sucedáneo de lo que fue el IRA Auténtico. Ese escenario favorable al “cese definitivo de la violencia” era conocido en las personas implicadas más directamente en la lucha antiterrorista y nadie lo achacó a un chantaje, sino a una derrota de ETA en todos sus frentes.
Lo que ocurrió poco después en materia penitenciaria ya es más o menos conocido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot lo que le costó al magistrado español Luis López Guerra −partidario de estimar el recurso de la etarra Inés del Río Prada−, una campaña de descrédito que pasó de ningunearle porque no era juez sino catedrático de Derecho Constitucional. Un periódico llegó a afirmar que su elección para Estrasburgo fue fruto del pacto Zapatero-ETA. Sólo con recordar que la sentencia obtuvo 15 votos a favor y sólo dos en contra confiere a López Guerra un poder de convicción extramuros de la lógica jurídica.
En resumen, la resolución judicial adoptada fuera de España sobre esta doctrina, que curiosamente lleva el nombre de un pistolero francés de origen argelino a quien el Tribunal Constitucional denegó su excarcelación, favoreció a más de medio centenar de etarras (siete este mismo año). Ni sombra de un pacto. Pero hay más. Un grupo de unos treinta presos de ETA solicitó por vía judicial y no por vía de Instituciones Penitenciarias, que es quien tiene la competencia, su acercamiento a cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad autónoma. Entendían que sufrían un trato “inhumano” y “degradante”, lo cual vulneraba sus derechos fundamentales. Curioso alegato el de uno de ellos, José Javier Arizkuren Ruiz, condenado por el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquí también los jueces dejaban las cosas bastante claras porque señalaban que tal posibilidad era “ciertamente excepcional” y que sólo se podía ir en el sentido de lo requerido por el recluso cuando se hubiera producido “una clara vulneración del los derechos fundamentales y penitenciarios del interno susceptible de ser corregida por la vía del traslado”.
Una demostración más de que por lo que respecta al ámbito judicial nadie ha levantado el pie del acelerador en la lucha contra ETA es el calendario de juicios llevados a cabo en los últimos años. Si bien es cierto que han ido descendiendo progresivamente lo mismo que la actividad delictiva de los terroristas (se ha pasado de 106 en 2006 a los 49 de 2013), ha causado bastante estupor el aumento registrado el año pasado por delitos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo, muchos de ellos por el uso irreflexivo que se hacían a través de las redes sociales con amenazas e insultos graves.
Además, la semana pasada comenzó el juicio contra cinco jóvenes militantes de Askapena, también conocido como el aparato internacional de ETA, acusados de recabar apoyos y dinero en el exterior para la banda. Para el mes que viene está fijada la reanudación del juicio contra 35 ex miembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). La Fiscalía les acusa de contribuir a la estrategia para que la banda terrorista pudiera estar presente en las instituciones tras la ilegalización de Batasuna a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2008. Destaca la presencia en el banquillo de los acusados de dos ex portavoces de la coalición abertzale como Pernando Barrena o Marije Fullaondo. Y para antes de que acabe el año se celebrará la vista oral contra, entre otros, los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza, presuntamente encargados de mantener la disciplina dentro del colectivo de presos para evitar deserciones y, al mismo tiempo, se les imputa ser los interlocutores entre la organización terrorista y los presos.
Los jueces de la Audiencia Nacional han abierto también otra vía para perseguir los crímenes de ETA aún sin resolver, que algunas fuentes cifran en 377, a raíz de una querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia. El magistrado Juan Pablo González estimó que no pueden ser investigados por delitos de lesa humanidad los asesinatos cometidos antes de 2004 porque no estaba tipificada esta figura en el Código Penal español, sin embargo, existen motivos para pensar que todas las acciones cometidas a partir de ese año se pueden considerar de lesa humanidad. Esta decisión supone en la práctica que los distintos terroristas que formaron parte de la cúpula de ETA a partir del 1 de octubre de 2004, como por ejemplo Soledad Iparragirre o Mikel Albizu, podrán ser acusados por delitos de lesa humanidad por los doce atentados mortales que se cometieron a partir de esa fecha.
Es obvio que algo está cambiando para bien de cara a no frustrar la expectativas de paz porque en plena época preelectoral ya nadie habla de demandas de ilegalización y hasta el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha pedido asumir la competencia en delitos de terrorismo ante la desaparición de la amenaza de ETA. Es más, recuerda que la atribución de dicha competencia por parte de la Audiencia Nacional no estaba recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se estableció “de manera excepcional y coyuntural” en una disposición transitoria de la reforma de Enjuiciamiento Criminal de 1988. A la par, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desempolvando asuntos aún sin esclarecer lo que ha permitido la reapertura de los sumarios por los asesinatos del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo (León, 1995) y del senador del PP Manuel Giménez Abad (Zaragoza, 2001). Un juez está pendiente de resolver si hace lo mismo con el sumario del asesinato del parlamentario del PP, Gregorio Ordóñez (San Sebastián, 1995).
