La jibarización de la educación pública

Wert puede ser todo lo neoliberal que quiera, pero no puede ponerse a la derecha del sentido común. No puede afirmar que con decenas de miles de profesores menos en las aulas y con más alumnado va a mejorar la calidad educativa y el éxito escolar. Y cuando se insulta a la inteligencia con este descaro, ya no es creíble nada de lo que se diga. Por ejemplo, cuando para defender su ley asegura que no perjudica a la escuela pública, sino todo lo contrario. Para limitar el peso de la educación pública en España utiliza argumentos de brocha gorda que niegan una evidencia: la educación ha mejorado en la etapa democrática, aunque tenga que seguir mejorando. Veamos las vías para reducirla.

La política de recortes, que se vienen produciendo con la excusa de la crisis, asciende a 6.400 millones de euros desde 2010. Los recortes y el RDL 14/2012 han supuesto 22.686 profesores despedidos en los dos últimos años, según el propio ministerio de Educación, mientras que el alumnado aumentó en 191.486. Se han endurecido las condiciones de trabajo del profesorado, ha aumentado la ratio de alumnos por aula, ha suprimido programas de atención a la diversidad, políticas de becas, etc. Y lo que, en todo caso, podrían ser medidas coyunturales para la reducción del déficit, se consolidan en una ley orgánica. Es tremendo ver como no falta financiación para sanear la banca, cubrir los agujeros de las autopistas, socializar las pérdidas de las grandes empresas y los proyectos fallidos (Castor) y no hay recursos para la inversión de futuro más rentable de un país.

La insuficiente financiación de la LOMCE ha sido desde el primer momento pura improvisación. Empezó sin memoria y con una financiación inexistente. Wert priorizaba el rápido lanzamiento de la ley y los aspectos ideológicos, aunque fuera una chapuza. Sin detenernos en el proceso seguido, finalmente en su memoria aparece una inversión como coste de implantación de 1.335 millones de euros. Si se compara con la actual LOE, que tenía 7.033 millones previstos para la misma partida, se produce una reducción de 5.658 millones, es decir, se invertirá solo un 19% de la inversión de la actual LOE. Para colmo, el MEC solo asegura un 30% de la inversión y deja el resto en manos de unas comunidades autónomas cada vez más presionadas para que reduzcan sus déficits. El deseo del ministerio de obtener fondos europeos para el desarrollo de la ley es otro cuento de la lechera más.

El planteamiento que tiene esta derecha es que piensa que para un mercado de trabajo precario y en rotación o para que los titulados se vayan al extranjero a trabajar, no hace falta gastar tanto. Cometen el profundo error de considerar la educación un gasto y no una inversión. No saben que, como dice el Premio Nobel de Economía del 2000, James Heckman (¿Qué hacemos con la educación?, pág. 58), por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en la educación inicial revierte en 8 euros del producto social en las etapas posteriores, una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, dice irónicamente. Hasta el Consejo de Estado en su dictamen sobre la ley avisó de la falta de financiación para acometer los cambios de la ley.

La privatización de la educación. Es la tercera pata de la operación: se trata de transferir los recursos cada vez más escasos del sector público al privado. De ahí la segregación clasista de la ley que persigue una feroz competencia entre centros, y la elitización de un sector del alumnado y la producción de mano de obra barata y poco cualificada, según se estudie en la escuela privada o en una escuela pública de bajo coste. Para fortalecer la escuela privada y concertada, para crear centros privados con fondos públicos, se usarán varios procedimientos:

a) Fortalecer la red privada-concertada. Se sitúa al Estado en un plano de igualdad con las empresas privadas y los grupos religiosos. Se rompe el equilibrio de la Constitución entre derecho de educación y libertad de elección de enseñanza de las familias; esta última es una preferencia individual que no puede ser equiparada al derecho universal a la educación que deben asegurar las administraciones. La LOMCE establece que la programación de la red de centros se establecerá de acuerdo a la “demanda social” y suprime la obligación de las administraciones educativas de garantizar plazas públicas suficientes, gratuitas y de calidad, así como una política de becas para que ningún alumno se quede fuera del sistema educativo postobligatorio por motivos económicos. Ello conducirá al regalo de suelo público a centros privados y a multiplicar los conciertos económicos, incluso para quienes separan a niños y niñas en la escuela. Según muchos expertos, son aspectos claramente inconstitucionales.

b) Aumento de los conciertos y de su duración, además de desgravaciones fiscales, en línea con lo que comunidades como Madrid vienen haciendo desde hace años y que ha logrado que haya más alumnado escolarizado en la privada que en la pública en Madrid capital. Es un modelo totalmente inusual en los países europeos más avanzados, donde predomina el modelo público.

c) Transferencia de alumnado de la pública a la concertada, deteriorando previamente la calidad de la primera con la desinversión, la concentración de alumnado con necesidades educativas especiales y la supresión de la atención a la diversidad, etc.

d) Privatizar la contratación de profesorado nativo de habla inglesa, sin pasar por ningún tipo de oposición y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública docente. Y la externalización de otros servicios educativos.

La ley Wert y su filosofía educativa anteponen las necesidades de los mercados a la formación integral de las personas y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Nos están diciendo que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. Y no es cierto. El problema es que tenemos un gobierno y un ministro muy por debajo de lo que se merece este país. Necesitamos, al menos, una política del sentido común y medianamente modernizadora: potenciar las corridas de toros y cargarse la investigación y la educación pública es arrastrar la Marca España por el barro. Como dice Josep Fontana, es hacer del futuro un país extraño, un mundo en regresión para los derechos, las libertades y las oportunidades.