El expolio del agua en Madrid: nuevos datos, idénticas perspectivas

Jorge García Castaño *

Probablemente no haya nada como el agua para definir lo que es un bien común y  nada como el Canal de Isabel II para entender lo que es una empresa pública. El suministro de agua es un servicio enormemente valorado por los madrileños y Canal es la joya de la corona de nuestro sector público: una empresa saneada, con beneficios, con un inmenso patrimonio acumulado durante 150 años, una plantilla bien dimensionada y cualificada, que presta un servicio de alta calidad a precios muy razonables a la mayor parte de los municipios de la región.

El expolio del agua empezó a través de una oscura Ley de Acompañamiento en 2008 que permitía crear una nueva sociedad para prestar el servicio con un 49% (en principio) de capital privado. A partir de este momento se trataba de vincular a los ayuntamientos de la región a través de unos convenios que se iban a ir firmando en algunos casos con euforia y en otros bajo un nivel de presión absolutamente intolerable por parte del Gobierno de la Comunidad.

Desde el principio, la izquierda y los movimientos sociales combatimos la privatización políticamente, además de cuestionar su legalidad. Denunciábamos lo que supone el paso de un monopolio público a uno privado sin publicidad, licitación ni libre concurrencia. Un auténtico expolio que no cumple las leyes españolas ni europeas, como hemos denunciado en el Ayuntamiento de Madrid.

El Gobierno Aguirre/González justificó la privatización en torno a dos argumentos: por un lado, los ingresos que iban a suponer para la comunidad y los municipios la venta de sus acciones en la nueva sociedad; por otro, la necesidad de realizar nuevas inversiones en infraestructuras por valor de 4.000 millones de euros.

Sin embargo, la filtración del Contrato-Programa que va a regir la prestación del servicio por parte del nuevo Canal privatizado desmiente estos argumentos. La valoración que se hace de la sociedad es de 2.148 millones, mucho menor de lo que se calculaba al inicio del proceso  y que algunos ayuntamiento llegaron a presupuestar como ingresos en 2012 (Gallardón en Madrid, 245 millones). Y lo que es más grave, cualquier inversión que no sea de reposición se financiará por parte de los presupuestos de la Comunidad o del bolsillo de los ciudadanos vía aumentos de tarifa. Además se paralizan las inversiones hasta 2015, con el fin de amortizar deuda y hacer la sociedad todavía más apetecible para posibles inversores.

Es decir, si lo que antes se planteaba era algo así como vender nuestra casa para pagar la reforma, a la luz del contenido del Contrato-Programa nos damos cuenta de que además de vender la casa, vamos a pagar la reforma a través de subidas en el  alquiler. Pero entonces, ¿cuál es el gran favor que nos hace el nuevo propietario? ¿cuál es su función, además de conseguir beneficios que antes eran de todos y se reinvertían?

Por resumir, Aguirre/González privatizan un servicio eficaz y rentable a precio de ganga amparándose en la necesidad de un Plan de Inversiones que no existe y que, en todo caso, la empresa privada no va a pagar. Y los ayuntamientos ceden sin licitación alguna y por 50 años el servicio del agua a una empresa privada de la que nada conocemos, en base a un Contrato-Programa que se ha ocultado conscientemente y que desmiente los argumentos que justificaban inicialmente la privatización.

Con los nuevos datos que tenemos debemos lanzar una nueva ofensiva en los municipios con el fin de denunciar unos convenios que son nulos de pleno derecho al haberse ocultado información, cuando no directamente engañado, a los plenos de los ayuntamientos que los han aprobado.

Y algo no menos importante: debemos intensificar la lucha jurídica contra un expolio que incumple abiertamente las leyes españolas y europeas. En mi opinión, si el Canal aún no es privado no se debe a la falta de buenas ofertas debido a la situación de los mercados, como repite sistemáticamente Ignacio González. La causa real es, sin duda, la total inseguridad jurídica del proceso de privatización  que está haciendo que las empresas interesadas se retraigan

En nuestra guerra del agua todavía no se ha librado la última batalla. Estoy convencido que combinando movilización social, lucha jurídica y presión institucional en los municipios podemos parar un expolio que no tiene otra justificación política que la de garantizar beneficios seguros a las élites a costa de los bienes comunes.

(*) Jorge García Castaño es concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid.