¿Qué pide el movimiento feminista este 8M en Madrid?

La Comisión 8M, el espacio unitario feminista de Madrid que organiza la protesta del Día Internacional de la Mujer, acaba de publicar su argumentario. El documento, un conjunto de 30 páginas, recoge y explica las reivindicaciones de este año, agrupadas en cuatro ejes: las violencias, los cuerpos, las fronteras y la economía.

Este documento de consensos recoge las reclamaciones que vienen haciéndose desde la primera huelga feminista, el Paro Internacional de Mujeres de 2017, hasta la movilización de este año, que en Madrid se ha llamado Revuelta Feminista y que este año descarta la huelga laboral como fórmula de protesta. La jornada del 8M es un día señalado, pero la Comisión 8M incide en que todavía es “más importante” el proceso llevado a cabo entre “feministas de todas las realidades” para llegar a este día.

“Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por la cisheteronorma, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, por la expulsión de nuestras viviendas, por el racismo y la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados”, suscriben como queja. “Queremos ocupar el espacio público, reapropiarnos de la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, reafirmar la fuerza política de las mujeres, bolleras y trans y preservar el planeta en el que vivimos”, afirman.

Violencias

“Más de 1.560 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en los últimos 14 años. Muchos de estos casos ni siquiera están contemplados en la Ley de Violencia de Género”, pone de manifiesto el documento. “Miles de mujeres, en toda nuestra diversidad, sufrimos malos tratos por parte de nuestras parejas o exparejas que siguen viéndonos como objetos en lugar de sujetos”, denuncian

Para enfrentar todas las violencias que sufren las mujeres, la Comisión 8M exige: que se contemplen las diferentes causas y todos los tipos de violencias machistas, ademas de una educación afectivo-sexual contra los tópicos del “amor romántico y las masculinidades violentas”. También piden que se priorice a los y las menores y “no se otorguen custodias compartidas” a los padres maltratadores.

El texto arremete contra “la legislación vigente” que consideran “insuficiente” en todo su conjunto y piden más recursos para atajar las violencias machistas por la vía judicial. En este sentido, exigen que “el personal judicial, policial y de servicios sociales reciba de manera continuada y obligatoria formación feminista, sobre diversidad cultural y migración, sobre diversidad sexual, identidad y/o expresión de género”.

En este apartado se recoge también la problemática específica de las mujeres migrantes. Para las primeras piden que se cambie la 'ley de extranjería' de manera que se les garantice seguridad jurídica y protección cuando denuncian una violencia sexual, que terminen “las redadas racistas” o que se priorice la conciliación familiar. También que el Estado asuma su responsabilidad contra la trata y que las víctimas “no acaben en Centros de Internamiento de Extranjeros” y se garantice su máxima protección.

Por otro lado, las personas trans exigen que acabe “la patologización” que sufren en el sistema sanitario, así como que se consiga su igualdad y el amparo legal. “No tenemos disforia ni incongruencia de género. Queremos ser libres de ser quienes somos”, se subraya en el documento de la comisión. Para las personas con diversidad funcional piden que se reconozca su vulnerabilidad, especialmente cuando dependen de sus maltratadores.

Cuerpos

En este apartado el documento arremete contra “el control de la vida sexual y reproductiva” de “los cuerpos y las vidas de las mujeres, bolleras y trans”. Así defiende “el derecho a decidir” para poder expresar “distintos proyectos de vida, nuevas formas de vivir la sexualidad, la maternidad, el cuerpo y la identidad y/o expresión de género”.

Se exigen “derechos sexuales y reproductivos” para todas las mujeres, ya que actualmente, consideran que no son los mismos para las mujeres en función de su edad, condición migrante, identidad sexual, expresión de género o diversidad funcional. En concreto piden que el aborto esté fuera del Código Penal, que se garantice su realización en los servicios públicos de salud y “se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años” para decidir en esta cuestión.

También piden una educación afectivo-sexual que eduque “sin moralismos” y de forma “laica” sobre “la importancia de la prevención de embarazos no deseados, las ITS y la violencia sexual”.

Por otro lado, se refleja la precariedad de las mujeres jóvenes, que convierten la maternidad en “un acto heróico” o “algo a lo que renunciar”. También a las mujeres migrantes, que tienen difícil acceder a la atención sanitaria pública incluso en el embarazo. Para ello piden que derogue “el Real 16/2012" que funciona como muro.

Asimismo, para las personas con identidades trans se pide “acceso a los tratamientos" sin que se les patologice o se les obligue a seguir “una norma social patriarcal y binaria”. Para las personas con diversidad funcional se demandan “herramientas como la asistencia personal” para vivir en igualdad y llevar a cabo sus propios "proyectos de vida”.

Fronteras

En este apartado se critican “las fronteras interiores” esas construidas “a través del colonialismo, el racismo, la islamofobia, el antigitanismo, la aporoforia y el capitalismo”. Como aspecto central de la crítica, se encuentra la 'ley de Extranjería', que consideran discriminatoria.

En este punto se exigen la derogación inmediata de “la Directiva Europea de Retorno, la Ley de Extranjería y todos los instrumentos jurídicos que impiden el derecho legítimo a migrar y a encontrar refugio en un territorio seguro”. También denuncian que tanto la UE como el Estado español no reconocen válidos para el asilo la violencia sexual y de género o la persecución de personas LGTBI”. Por eso exigen una 'ley de Asilo' para garantizar la proteccción a menores de edad, mujeres embarazadas, lactantes, víctimas de violencias machistas y de trata y personas LGTBI.

También consideran “inadmisible” que “haya menores extranjeras no acompañadas (MENAs) que al ser institucionalizadas sufran todo tipo de violencias y se les condene a exclusión y pobreza cuando salgan al cumplir la mayoría de edad”. En este apartado exigen que todas las menores nacidas en el Estado español “reciban la nacionalidad directamente” y “dejen de estar sometidas a los agravios de la 'ley de Extranjería”.

Economía

El argumentario arremete contra “la división sexual del trabajo” que se ha visto profundizada con “los recortes” de la crisis. “Los cuidados recaen fundamentalmente en las mujeres, porque se los ha adjudicado el sistema patriarcal” mientras que “invisibiliza” su labor. Desde la Comisión 8M se apoya una economía feminista, basada “en la justicia social y ambiental”.

Para las trabajadoras del hogar, la inmensa mayoría mujeres migrantes, se exige que dejen de ser consideradas como “cuidadoras sin derechos” y que se ratifique “con carácter de urgencia” el Convenio 189 de la OIT para que se reconozcan los derechos laborales de las trabajadoras y que se derogue la “enmienda 6777” que retrasa hasta 2024 su integración en el Régimen General de la Seguridad Social.

Por otro lado, desde la Comisión 8M se exige también la eliminación de “la brecha salarial de género” y que se alcancen “condición, promoción y remuneración dignas” -no la equiparación con las ya precarias condiciones de los hombres-. Asimismo, se pide la publicación desglosada de los datos de actividad laboral y desempleo de las Administraciones Públicas para que deje de invisibilizarse “la desigualdad y la discriminación en el empleo de mujeres con diversidad funcional, psiquiatrizadas, migrantes, trans o racializadas”.

Además, se pide el aumento de inspecciones de trabajo en los sectores laborales feminizados y con altas tasas de contratación temporal, así como la articulación de políticas económicas de apoyo a los hogares monomarentales, la mayoría en riesgo de pobreza.

Se menciona especialmente a las trabajadoras migrantes y a las jornaleras, para quienes piden el fin de “la desprotección” ante casos de acoso laboral y sexual. “A las mujeres migrantes se nos impide la reagrupación familiar al exigirnos tener una vivienda según parámetros socio-económicos que no se corresponden con los salarios que percibimos. Queremos que se garantice nuestro derecho a la reagrupación familiar y se tenga en cuenta la realidad socio-económica de la familia a fin de prestarle apoyo suficiente para garantizar este derecho”, reza el documento.

En el ámbito de la ecología también se destaca el papel de las mujeres en el campo y su contribución a las formas de vida sostenibles. “La agricultura y ganadería intensivas, junto con la industria agroalimentaria -todas ellas altamente masculinizadas- nos imponen productos insalubres: transgénicos, pesticidas, abonos químicos…; e impiden el desarrollo de otros modelos agrícolas más saludables y con mayor protagonismo de las mujeres”, indica el texto del 8M.