Las expertas feministas ven poca novedad y algún vacío en el nuevo acuerdo de gobierno

PSOE y Unidas Podemos han conseguido limar asperezas para sacar adelante un pacto de Gobierno si es que sale adelante la investidura que previsiblemente se saldará en la segunda votación el día 7 de enero. El paquete de medidas llamado 'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España' contiene un apartado de políticas feministas que dibuja alguna de las líneas del eventual Ejecutivo. Las expertas consultadas por este medio avalan muchas de estas iniciativas, aunque en general consideran que hay pocas novedades y que el documento se olvida de algunas cuestiones relevantes.

En este apartado de políticas feministas se encuentran algunas medidas laborales como una 'ley que garantice la igualdad retributiva' o la continuación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, así como la garantización de “la presencia equilibrada de mujeres y hombres” en los organismos públicos y la empresa privada.

En cuanto a la violencia machista, el texto promete la puesta en marcha de “las medidas pendientes” del congelado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También apoya que los procesos de denuncia y judiciales tengan “perspectiva de género” o “la suspensión del régimen de visitas de menores” con padres contra quienes se hayan adoptado medidas cautelares o hayan sido condenados por violencia machista.

Los dos partidos también están de acuerdo en “blindar el sí es sí” en el Código Penal contra las agresiones sexuales. También reafirman su desacuerdo con los vientres de alquiler, una práctica que no es legal en España, y se promete articular una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, aunque se ha evitado un posicionamiento sobre la prostitución, un tema controvertido entre PSOE y Unidas Podemos y también dentro del feminismo.

Los permisos igualitarios

En marzo el Gobierno aprobó el decreto ley de medidas urgentes para la igualdad de trato, que incluía la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas en 2021. Este decreto amplió las bajas por nacimiento del bebé al otro progenitor distinto a la madre (padres o madres no biológicas) a ocho semanas para 2019, pero con vistas a ampliarlo a 12 semanas para 2020 y 16 semanas para 2021 -este último sería igual al de la madre-.

“Nos parece bien, por supuesto, que se respete este calendario”, María Pazos, de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA), una asociación que siempre ha defendido esta medida para romper con los roles en el cuidado de los niños y la discriminación laboral de las mujeres. Se alegran de que PSOE y Unidas Podemos se acuerden de “modificar aquellas trabas actuales” en relación a la simultaneidad de los permisos.

El decreto contemplaba la obligatoria simultaneidad de ambos permisos durante las dos primeras semanas en 2019, pero este periodo aumenta a cuatro semanas en 2020 y seis en 2021, algo que es demasiado tiempo para la PPiiNA. “A nivel internacional, dos semanas es el periodo de emergencia familiar y en el que la mayoría de las madres se recuperan de un parto normal”, defiende la experta. Si se amplía este periodo de permiso simultáneo obligatorio se impide a uno de los progenitores volver al trabajo, lo cual puede ser peligroso, y se dificulta que la pareja pueda elegir turnarse con el bebé, explican.

Aunque el “nuevo acuerdo de gobierno” se refiere a esta cuestión, olvida sin embargo otra de “las trampas” que contiene el decreto y que para María Pazos es igualmente importante. Tras las semanas obligatorias de permiso para ambos progenitores, “se ha perdido el derecho a tomarse el permiso completo, cuando se quiera, durante el primer año”, critica la experta. Conforme al actual decreto el trabajador debe negociar con la empresa y esto “se presta a presiones de la empresa para que se tome el permiso a semanas sueltas, a tiempo parcial, durante las vacaciones...” y dificulta la corresponsabilidad en el cuidado de “una criatura que durante el primer año necesita atención a tiempo completo”, critica Pazos.

Otra de las cuestiones a solucionar que omite el acuerdo sería acabar, en general, con “la legislación farragosa” de los permisos, algo que lleva meses denunciando la PPiiNA porque impide su correcto funcionamiento.

Las medidas contra la violencia machista

“Las políticas feministas deberían ser una cuestión de Estado y no ser apropiadas por ninguna formación política”, recuerda en este punto la magistrada y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Lucía Avilés, quien sí le reconoce al acuerdo el "blindaje de determinadas cuestiones" en cuanto a los derechos de las mujeres. Dicho esto, considera que las medidas contra la violencia de género esbozadas en el acuerdo de gobierno “ya se contemplan en la actualidad o están vacías de contenido”.

Por ejemplo, la presencia de las mujeres en los organismos públicos ya fue recogida hace nada menos que 13 años en la ley 3/2007. También el texto del acuerdo se refiere a “desarrollar todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” e incluir en nuestro ordenamiento crítico lo dispuesto en el Convenio de Estambul, la legislación internacional contra las violencias machistas. “El problema es que hasta ahora el pacto ha sido un brindis al sol”, señala la magistrada, mientras comenta que en realidad “España está obligada a cumplir el convenio desde 2014 y vamos tarde porque cualquier Gobierno debería implementarlo”.

La jueza también explica que la perspectiva de género en los procesos judiciales ya tiene establecidas “las bases” en la ley 3/2007 y la ley 1/2004, así somo en la Ley del Estatuto de la víctima del delito de 2015. Con respecto a la suspensión de las visitas de menores a los progenitores con medidas cautelares o condenados por violencia de género considera que la medida tendría que ser objeto “de un mayor estudio” si se quiere implementar “de manera generalizada”. La magistrada recuerda también que la modificación del Código Penal para las agresiones sexuales, o lo que el acuerdo llama 'solo sí es sí', "ya está en marcha". "Se tiene que retocar el Código Penal y también se tiene que implementar la formación en perspectiva de género para tratar esta categoría delictiva que afecta especialmente a las mujeres", apunta.

El acuerdo sin embargo no remarca, destaca Avilés, que se necesita “más inversión, medios y formación” para que se pueda escuchar a las víctimas de violencia machista y estas sean adecuadamente acompañadas. Para empezar “los juzgados de pueblo no cuentan con los medios que las ciudades y esta categorización está construyendo a ciudadanos de primera y de segunda”, advierte la magistrada.

Además, la jueza lamenta que las políticas educativas igualitarias contempladas en el acuerdo estén orientadas solo a “la prevención en el acceso a la pornografía”, quedándose corto en “la educación afectivo-sexual”. En realidad, “no solo hay que prevenir la violencia sexual, sino todo tipo de discriminación”, argumenta Avilés.

Prostitución y trata

'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España' también contempla una ley contra la trata: "se aprobará una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales además de medidas de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas".

A la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), que lleva ayudando desde los años 80 a mujeres víctimas de trata y explotación sexual, el compromiso "contra la trata' le parece "importante" y "muy positivo". Sin embargo, no les parece suficiente. "La prostitución conduce a la trata. Alguien se está lucrando de las mujeres que en situación de prostitución, aunque no sean situaciones de trata, y ellas vienen organizadas y vendidas desde sus países de origen. Son mujeres que no podrían salir de sus países si no fuera por las mafias, con las que se endeudan", explica su presidenta, Rocío Nieto. "Esta es la situación del 90% de las que nos encontramos. Otra cosa es que lo reconozcan porque les da miedo denunciarlo", indica. "Esto no se puede legalizar", subraya.

Nieto defiende "una línea abolicionista" para atender el problema de la prostitución, aunque el mayor compromiso de APRAMP, subraya, son los derechos humanos de las víctimas: "necesitamos alternativas para estas mujeres porque, si no, no van a salir jamás de la red", asegura.