El informe firmado por 300 asociaciones que saca los colores a la legislación sobre violencias machistas

"La desvaloración del empleo se intensifica en el trabajo remunerado de cuidados". "La protección judicial a mujeres víctimas de violencia de género es insuficiente". "No hay una revisión oficial del sesgo de género en resoluciones judiciales". Estas tres son solo un ejemplo de las valoraciones que la Plataforma CEDAW Sombra ha elaborado sobre la aplicación del Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en España en los últimos 3 años.

La Plataforma CEDAW Sombra España ha elaborado, como es costumbre, su Informe Sombra. En esta ocasión, analizan la aplicación del Convenio entre los años 2015 y 2018 y la realidad a la que llegan deja un duro panorama. Este informe ha sido ratificado y firmado por 295 organizaciones de mujeres y/o feministas de todo el Estado, entre las que se encuentran Médicos del Mundo, Medicus Mundi, la Plataforma 7N o Women’s Link Worldwide.

La importancia de la Convención CEDAW cobra especial relevancia tras la sentencia que reconoce por primera vez el carácter imperativo de las resoluciones del Comité CEDAW (Sentencia del Tribunal Supremo CA 1263/2018 sobre el Dictamen 47/2012 del CEDAW), en cuanto a lar esponsabilidad del Estado por no actuar con la diligencia debida para escuchar a Ángela González Carreño y evitar que su hija de 7 años fuera asesinada en 2003 durante las visitas de un padre maltratador.

Entre las medidas económicas que pone de manifiesto el informe, el documento destaca que "ha habido cierta recuperación económica, pero no se han restituido los niveles de empleo, protección social, educación, sanidad y servicios sociales de 2008, con incidencia en la discriminación y la violencia hacia las mujeres". Y aportan datos para ejemplificar: el 77% del trabajo a jornada parcial es de mujeres, lo que incide en la brecha salarial y el nivel de ingresos. "El 17,8% de las mujeres, frente al 7,8% de los hombres, tiene ingresos inferiores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional", inciden.

En cuanto al entorno laboral, la Plataforma CEDAW también es muy crítica con los protocolos ante el acoso laboral. "La Inspección de Trabajo investigó de 2010 a 2015 sólo 2.994 casos de acoso sexual, hizo 922 requerimientos y levantó 42 actas de infracción (7 al año). De 2008 a 2015 hubo sólo 49 sentencias condenatorias por acoso, y no se han adoptado medidas frente a esa situación", apuntan como cifras destacables.

También inciden especialmente en uno de los sectores más feminizados: el de las mujeres empleadas del hogar. El 98% de los trabajadores son mujeres, y "España sigue sin ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos,ysin integrarlas en el Estatuto de los Trabajadores".

Revisión de sesgo de género en las resoluciones judiciales

En asuntos judiciales también analizan el comportamiento de los distintos actores. La Plataforma considera que "la violencia Institucional por acción u omisión del Estado no es reconocida". Y además apuntan que "no hay una revisión oficial del sesgo de género en resoluciones judiciales, como el voto particular de la sentencia 38/2018 que vio “jolgorio” en la joven violada por cinco hombres" durante los Sanfermines de 2016.

La revisión a las actuaciones judiciales en materia de violencias machistas llega en la misma semana en que se ha superado la cifra de 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003. Estos son los datos oficiales, que completan con los ofrecidos por feminicidio.net, quienes han recogido que solo de 2010 hasta el 10 de mayo de 2019 documentan 1.009 feminicidios y otros asesinatos de mujeres, 48 en el sistema prostitucional, y 83 de menores.

Además, consideran que el sistema de protección es insuficiente ya que "la mayoría de las medidas de la ley 1/2004 se supeditan a que la víctima denuncie judicialmente y obtenga una orden de protección o sentencia favorable", a pesar de que el decreto-ley 9/2018 de medidas urgentes contra la violencia de género permite acreditar la violencia mediante un certificado de los servicios sociales o de acogida públicos.

Apuntan asimismo las deficiencias en el sistema para atajar la trata. "España es el primer país de Europa y el tercero del mundo en demanda de prostitución, y uno de los de mayor tránsito y destino de trata", y consdieran que es "indispensable adecuar la legislación de extranjería a la de violencia de género, para permisos de trabajo y residencia, acceso a servicios y apoyo económico, psicosocial y laboral" para estas mujeres y niñas víctimas.

Los cuidados, infravalorados

En materia de cuidados y medidas sociales, apuntan al dato del gasto en protección social, que se establece en "el 16,8% del PIB,frente al 20% de media en los países de la zona euro, lejos del objetivo 1.3 de la Agenda 2030". Además, consideran que "los recortes entre 2012 y 2014 han prevalecido sobre las medidas para reconocer, reducir o redistribuir los cuidados. El Informe mundial de la OIT en 2018 El trabajo de cuidados cifra los cuidados no pagados en España en 130 millones de horas al día, equivalentes a 16 millones de empleos a tiempo completo y al 15% del PIB".

Y por último piden más gasto para materias de igualdad, a pesar de las últimas inyecciones, ya que consideran que su aplicación tiene "escasa transparencia y dificulta valorar su impacto social". Sin contar esas inyecciones extraordinarias, analizan que "las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas (que gestionan el 40% del gasto público en España) han reducido su gasto en igualdad y violencia de género un 17,8% de 2013 a 2018".