La encrucijada del feminismo por la Constitución hace 40 años

En 1978 las mujeres despertaban de la larga noche del franquismo. El nacionalcatolicismo de la dictadura había relegado a la mujer al ámbito privado, en un papel sumiso de hija, madre o esposa. Para cualquier gestión necesitaban el permiso del padre o del marido. Muchas confiaban en que la Constitución, que este jueves cumple 40 años, sirviera de base para garantizar su derecho a la igualdad. El movimiento feminista incipiente fue muy vigilante con una Carta Magna que esbozaban solo siete hombres y vio como quedaban relegadas algunas de sus demandas.

El feminismo, como movimiento, llegó con mucho retraso a España. Se había comenzado a organizar en 1975 y aprendía de textos traducidos del inglés, en muchos casos de Estados Unidos, ante la ausencia de cultura democrática en el país. Las mujeres que integran estas primeras organizaciones quisieron participar en la elaboración del nuevo marco normativo y se movilizaron las calles. Por otro lado, mujeres feministas integraban algunos de los partidos que llegaron a las Cortes recién constituidas.

En este momento de suma importancia histórica, el movimiento feminista hace una feroz crítica al primer borrador sobre la que sería la nueva Carta Magna. “En toda la historia siempre nos habían dicho que la situación de las mujeres no era lo urgente y volvió a pasar con la Constitución”, critica la activista feminista asturiana Teresa Meana, una de las que rechazó el texto. Otras, como la abogada laboralista y en ese momento miembro del PCE, Cristina Almeida, optaron por apoyarlo porque “en aquel momento sus beneficios eran mayores que sus deficiencias”.

“Peor que nuestras abuelas”

Todos los ponentes de la Constitución eran hombres, pero las organizaciones feministas les hicieron llegar sus demandas sobre un texto que veían muy centrado “en la familia” y que presentaba déficits en su forma de contemplar la educación. Sin embargo, no obtuvieron respuesta.

La cofundadora de la Coordinadora estatal de organizaciones feministas, Justa Montero, recuerda que en febrero de 1978, una vez presentado el texto definitivo de la Constitución, se realizó un acto unitario feminista en el que la crítica fue contundente. “Se concluyó que la Constitución era machista y antidemocrática”, indica. “Realizamos toda una movilización contra la propuesta, que se había quedado en una mera declaración de principios”, narra. El movimiento feminista alzó su voz en contra del texto en Madrid, pero también especialmente en Euskadi y Catalunya.

“Peor que nuestras abuelas”, se titulaba el escrito que fue elaborado entonces por la Plataforma de organizaciones feministas de Madrid y que evaluaba la Carta Magna. “Dicho texto ratifica el papel secundario que la mujer ocupa en la sociedad y establece las bases para que las condiciones de vida de la población se mantengan esencialmente idénticas”, criticaba. “La Constitución republicana, aunque no era feminista, sí era al menos una Constitución progresista para la época, y por lo que a las mujeres respecta, mucho más avanzada de la que está a punto de entrar en vigor”, añadía el texto. “Llamamos a todas las mujeres para que no presten su apoyo ni se dejen utilizar por las distintas fuerzas políticas que apelarán a su voto para que sea masivamente refrendada”, concluían.

El articulado más polémico, según recuerda Justa Montero, era el referido a la familia, que para el movimiento feminista era el núcleo central de la discriminación hacia la mujer. “Dijimos que la familia no tenía que ser objeto de especial protección, sino que debía reconocerse cualquier forma de organizar la convivencia”, explica.

También se quedó fuera la demanda feminista de mantener a la Iglesia fuera de la educación, garantizado “la enseñanza mixta, laica y obligatoria”. Además, al decir “todos tienen derecho a la vida” se impidió un reconocimiento más amplio del derecho al aborto, que ya no se legalizaría hasta el año 2010. Por otro lado, la no discriminación laboral, que ni se mencionaba, también fue uno de los déficits en el texto constitucional para el movimiento feminista.

En aquel momento quedó patente, según esgrime Montero, que se continuaba con los pactos y los consensos con la derecha que venía del franquismo y también con la jerarquía católica, en detrimento de los derechos de las mujeres. “Ni siquiera había una definición del estado aconfestional”, subraya. Para gran parte del movimiento feminista el texto no apuntaló las bases para un cambio hacia la igualdad real.

A favor de la Carta Magna

Un clima distinto se vivió en el seno de los partidos políticos, donde también militaban varias mujeres feministas como la abogada Cristina Almeida, quien pertenecía al PCE en aquel momento. “Yo sí que voté la Constitución pese a sus deficiencias. No era un sitio donde cada uno ponía todas las reclamaciones que podía, sino que se intentaba llegar a un consenso donde se pudiera tirar para adelante”, recuerda.

Hubo dos pegas fundamentales: que no hubiera ninguna mujer entre los padres de la Constitución y que se contemplara "la primera discriminación legal" en el Título II al introducir que la Corona solo la podían heredar los varones. “Las 27 mujeres que había en el Congreso y en el Senado se salieron cuando se iba a aprobar este artículo para no mostrar su rechazo”, recuerda. En la parte buena de la balanza se encontraba el artículo 14, que establecía la igualdad, y el 9, que obliga a todos los poderes públicos a remover los obstáculos que se imponían a ésta, aunque no se concretara cómo.

En aquel momento Almeida valoró sobre todo confianza en que se estaban sentando las bases para la democracia. También pensó que se lo debía a todas aquellas personas que habían luchado por ella, como sus compañeros abogados asesinados en la Matanza de Atocha. Había muchas cosas que cambiar, pero “ya estaba construida la base por la que teníamos derecho”, considera a diferencia de otras compañeras del movimiento feminista. “Poco a poco fuimos eliminando todas las leyes que daban preferencia al varón”, rememora.

Antes de la Constitución se había conseguido la legalización de los anticonceptivos, pero hasta 1981 no se consiguió el divorcio y hasta 1985 no se conseguiría despenalizar el aborto. Para elaborar la ley del divorcio Inés Alberdi (PSOE) colaboró con el Ministerio de Justicia. Si Almeida considera que a día de hoy sí que habría que modificar la Carta Magna para blindar los derechos sociales, ella cree que el texto ha envejecido muy bien. “Los derechos sociales deben tener un marco y, en eso, la Constitución fue un triunfo”, sentencia.