Las mujeres luchan por el cumplimiento efectivo de la ley del aborto en Castilla y León

La realidad se destapó en la provincia de Segovia. Los datos publicados por la Consejería de Sanidad desvelaban que las mujeres segovianas que quisieran interrumpir sus embarazos debían desplazarse más de 90 kilómetros, hasta Madrid, para acudir a una clínica privada con la que la Junta de Castilla y León tiene suscrito un acuerdo en esta materia.

Las mujeres castellanas y leonesas tiraron del hilo y descubrieron que el incumplimiento afecta a siete de las nueve provincias: "tan solo a las mujeres de León y Valladolid se les practica abortos dentro de su provincia", afirma Lucía Casado, de las Brigadas Violetas de Segovia. "Nosotras sabíamos por compañeras a las que habíamos atendido que las habían derivado a Madrid, pero no teníamos constancia de que fuera una práctica habitual", afirma la portavoz.

La realidad es que "las mujeres de las provincias de Segovia, Ávila, Soria y Palencia que desean abortar por la vía pública tienen que desplazarse a Madrid", comenta Casado. Supone que las mujeres de estas provincias se desplacen entre 100 y casi 400 kilómetros para abortar. La razón es que todos los profesionales sanitarios de cada provincia ejercen su derecho a la objeción de conciencia y no realizan abortos.

Lo mismo ocurre entre las salmantinas, leonesas, zamoranas y burgalesas. Si desean no seguir adelante con su embarazo por el cauce público, han de viajar a Valladolid, donde se encuentra la clínica privada con la que hay acuerdo regional. Para las leonesas, afirman, "la Junta de Castilla y León reserva un concierto con un centro privado en Salamanca".

A partir de ese momento, mujeres de 17 colectivos feministas, por la defensa de la sanidad y otros fines se han unido para exigir a la Junta de Castilla y León el cumplimiento del derecho reproductivo en las provincias originarias de cada mujer. "Estuvimos preguntando a personas que saben de este hecho y nos han confirmado que, desde que se aprobó la Ley reguladora de la objeción de conciencia (1998), las y los profesionales del centro han estado ejerciendo ese derecho no realizando abortos", puntualizan en un comunicado enviado de manera conjunta.

Una vez organizadas y creado el grupo de coordinación, han elaborado distintos comunicados en los que califican de "indignante" la situación. "Nos parece indignante que se anuncie con toda la naturalidad que desde 1998 TODOS Y CADA UNO de las y los profesionales ejercen este derecho, dejando a regiones enteras sin un servicio al que se debería poder acceder por un sistema de sanidad pública y obligando a muchas mujeres a acudir a centros privados o a desplazarse decenas y hasta cientos de kilómetros, haciendo aún más enrevesada la situación en la que per sé se encuentran", han recalcado en el documento.

Lucía Casado considera que "el problema existente es que la objeción de conciencia es un derecho individual reconocido, así lo recoge la ley pero una institución como tal no puede objetar" sino que debe dar una mínima cobertura que, consideran, en el caso de las castellanas y leonesas no se está produciendo. "Que todos los profesionales de una provincia o una comunidad objeten vulnera el derecho reproductivo que se nos ha reococido en la sanidad pública", resume Casado.