Cónclave en Toledo para preparar la consulta estatal republicana de mayo

Los movimientos sociales ya han iniciado el camino hacia la Consulta Popular Estatal Monarquía o República , que se celebrará el próximo 9 de mayo de 2020. Este sábado, habrá una asamblea abierta en Toledo para seguir avanzando en asuntos organizativos, como los procedimientos legales para convocar las consultas en cada territorio o cómo financiarlas. 

Tras casi dos años de referéndums republicanos en diversos pueblos, ciudades y universidades de todo el territorio, decenas de colectivos tienen una nueva cita en el Círculo del Arte de Toledo este sábado de 11 a 14 h. para seguir concretando cómo organizar y coordinar una consulta, no vinculante y sin validez jurídica, a nivel estatal en la que los ciudadanos puedan opinar (no decidir) si prefieren que la forma de Estado sea Monarquía o República.

La cita se dedicará a discutir asuntos como los "objetivos y tareas" de los cuatro grupos de trabajo estatales (Llamamiento y Extensión, Organización y Logística, Reglas y Asuntos Legales y Difusión y Comunicación), la articulación de los grupos territoriales, guías de la Consulta (asuntos legales, constitución de mesas y votación) y financiación de los materiales, entre otros muchos asuntos que desgrana la propia organización. 

En octubre de 2019 se creó la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República para dar el salto estatal con la intención de realizar una consulta en la primavera de 2020. El pasado noviembre ya se concretó la fecha para el 9 de mayo y se crearon grupos de trabajo con tareas asignadas. A la segunda reunión ya acudieron representantes de unos 73 colectivos, según los organizadores.

Experiencias anteriores

Aún quedan muchos flecos por cerrar de la consulta estatal, pero ya hay experiencias previas a nivel local que los organizadores podrán compartir este sábado.

Al no tener vinculación legal, la consulta pretende ser una "macroencuesta" y poner el foco en el debate que, consideran, se le ha hurtado a los españoles: el de la jefatura del Estado. Joan Balart, representante de la Asociación Sabadell per la República en la Coordinadora proconsulta 6 de octubre de Sabadell, seña "Lo que tuvimos en cuenta a nivel legal en la movilización popular del 6 de octubre en Sabadell fue fundamentalmente distinguir los conceptos de "referéndum" y de "consulta" entre ellos. Un referéndum, vinculante o no, requiere el uso de un censo que, legalmente, solo las instituciones responsables del uso de datos sensibles, protegidos por la ley de protección de datos, pueden hacer uso de ellos. Una consulta, en cambio, no hace uso de datos y no infringe ley alguna. El dilema de los organizadores fue elegir entre un sistema u otro en pro de evitar problemas legales, pero si no hay censo, existe la posibilidad del voto duplicado y le puede restar credibilidad al resultado".

Otro de los puntos que se discutirá este sábado es cómo financiar la consulta estatal. Hasta ahora, las consultas territoriales han sido financiadas por los colectivos de la localidad. "Nuestra consulta del 2 de diciembre se financió a través de donaciones que provenían de las asambleas de los barrios y pueblos; de los actos que realizaban dichas asambleas o de las mesas informativas dónde se recogían donaciones", explica Ricardo, de la asamblea de "Tetuán x la Consulta" y que colaboró en la consulta del día 2 de diciembre de 2019, en la que participaron unas 500 personas de la Comunidad de Madrid y se recogieron 23.000 votos, según los organizadores.

Tal y como cuenta Ricardo, las organizaciones suelen moverse para lograr los fondos de estas consultas. Ahora tienen que discutir cómo coordinar a los grupos territoriales para llevar su experiencia al ámbito estatal: "Para la financiación de una consulta los gastos principales provienen de la propaganda, es decir, en este caso, cartelería pegatinas  y chapas. En un segundo lugar están los gastos propios para la conformación de la mesa, la mesa en sí, urnas, papeletas y hojas de registro. Y por último los gastos de tramitación de los permisos que cada ayuntamiento puede exigir".