Cifuentes 2017: el triste epílogo del “régimen del tamayazo”
En 2003 se inauguró una época en la Comunidad de Madrid. El tamayazo supuso una quiebra democrática que inauguró una larga etapa política que reúne todas las condiciones de un régimen no democrático. Han sido años en los que se han violentado todas las estructuras democráticas mientras se gobernaba con prácticas “lindando con lo mafioso” (Esperanza Aguirre dixit) que están conduciendo a prisión a buena parte de sus protagonistas.
Las elecciones del tamayazo fueron las primeras del siglo XXI y a partir de ellas sabemos que a todas las elecciones el PP de Madrid ha ido con financiación ilegal llegando a superar el dinero negro al legal. Entre el tamayazo y la información judicial que ya tenemos sobre la financiación del PP-Madrid podemos decir sin un ápice de exageración que el PP no ha ganado legítimamente una sola elección en Madrid en lo que va de siglo XXI.
Pero la adulteración de las normas democráticas no se limitaba a lo electoral. En 2003, el mismo año del tamayazo, Manuel Moix fue nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Él fue quien frenó las investigaciones sobre el tamayazo, sobre cuantas denuncias hubo contra chanchullos de Esperanza Aguirre e Ignacio González (algunas de las cuales podrían haber desmantelado la trama Lezo ocho años antes). Desde su puesto Moix también fue quien frenó o impulsó causas contra la oposición parlamentaria en función de las complicidades que el PP supo fraguar con una parte relevante de otros partidos (en Cajamadrid, en la Púnica…). A la adulteración de los procesos electorales se sumó un control del poder judicial local, algo especialmente relevante cuando la comisión de delitos se convierte en la forma de gobierno.
Lo que hemos probado las últimas semanas es que el desmantelamiento de las estructuras democráticas no se limitó a las instituciones públicas. Las informaciones aparecidas prueban cómo desde el Canal de Isabel II, Metro de Madrid, etcétera… se ha venido financiando una red mediática afín al PP con la excusa de la publicidad institucional. Los datos publicados no dejan lugar a dudas: se ha regado con miles y miles de euros periódicos, radios y webs al servicio del PP-Madrid. A esa construcción ilegítima de una red mediática se ayudó con el reparto de licencias TDT que permitió llevar a todos los hogares madrileños Intereconomía y la televisión de Cerezo mientras apagaba televisiones como Localia y TeleK que llevaban años de implantación en Madrid. Si sumamos el secuestro de Telemadrid y las querellas con dinero público a cuanto periodista denunciara los casos de corrupción del PP, tenemos una imagen bastante clara de unos gobiernos para los que ha sido prioritario el ataque a la libertad de prensa y al derecho de los madrileños a una información libre y veraz.
El bochornoso espectáculo dado por el PP de Cifuentes en la moción de censura madrileña del 8 de junio exhibe la fragilidad de un edificio que se desmorona. El propio PP nacional, en la moción de censura al gobierno de Rajoy, agigantó la decadencia del PP de Cifuentes al atreverse el presidente a debatir a su modo con Pablo Iglesias y no rebajarse al inédito lodazal de insultos y basura inventada con que el PP de Cifuentes degradó a la Asamblea de Madrid.
El aparato de propaganda de Cristina Cifuentes sólo ha podido mantener durante unas horas el invento de que la operación Lezo se descubrió gracias a ella. Tampoco ha conseguido mantener que la adjudicación a Arturo Fernández de la cafetería de la Asamblea a cambio de “donaciones” a Fundescam para la financiación de las campañas del PP no era “penalmente relevante” (en palabras del juez en el sumario), ni que Cifuentes no tuviera nada que ver con ella, pese a ser quien adjudicó a Arturo, quien era patrona de Fundescam y quien coordinaba territorialmente las campañas del PP-Madrid, todo ello, nos dicen, sin enterarse de que sus tres puestos eran los que permitían que la adjudicación ilegal acabase pagando mítines del PP.
La bronca armada por Cifuentes en persona en su comparecencia en la Comisión de Corrupción y por todo su partido en la moción de censura no sólo supone el regreso a las peores formas autoritarias del PP de Aguirre, sino que evidencia que lo mejor que puede hacer para defenderse es extender la mierda contra quien le hace oposición. “Nos llaman corruptos; les llamamos pederastas, narcotraficantes y terroristas” y no faltan medios (esos mismos que tanto han sido favorecidos por publicidad y favores del PP de Madrid) que expliquen que todos son iguales, que todos insultan, que tan grave es llamar organización criminal a lo que los jueces llaman organización criminal, como extender fango de los delitos más repugnantes sobre los enemigos políticos aunque sea mintiendo.
Lo que ha sucedido en las últimas semanas es, sobre todo, el final del personaje Cifuentes. Ya ningún madrileño cree que ella sea un personaje inmaculado que nada tiene que ver con la máquina de corrupción en la que ha venido participando tanto tiempo. Como era previsible un castillo de naipes tan endeble y falso no podía durar mucho y en sólo media legislatura se ha desmoronado estrepitosamente. Si a ello añadimos la absoluta ausencia de proyecto político de un gobierno del que no se conoce una sola acción relevante que justifique una legislatura, aparece completo el cuadro de la descomposición.
El año 2019 comenzó el 8 de junio de 2017, con la salida de la Asamblea de Madrid de los diputados que aplaudieron a Aguirre cuando el tamayazo, a Ignacio González cuando el Canal de Isabel II y a Cifuentes a su llegada a la Comisión de Corrupción.
La imagen del PP de Cifuentes huyendo de la Asamblea de Madrid en plena moción de censura es el símbolo que representa en qué consisten los dos años que quedan de legislatura. Lo que queda es lo que en baloncesto denominan “minutos de la basura” cuando un partido ha acabado aunque reglamentariamente queden unos minutos: el PP de Cifuentes se desmorona y ni siquiera tiene cintura para alguna operación política de fuegos artificiales que simule que Madrid tiene un gobierno digno de tal nombre.
