La gran fortuna oculta del rey emérito, tema pendiente para después del coronavirus

Al Gobierno progresista de Pedro Sánchez le ha tocado dar explicaciones sobre la fortuna del rey emérito, Juan Carlos I de Borbón. El Congreso ha tramitado varias preguntas escritas pidiendo aclaración sobre los 100 millones de euros que las investigaciones de la justicia suiza han dejado al descubierto. Las fuerzas antidinásticas piden que se entregue ese dinero a la lucha contra el coronavirus. Paralelamente, las derechas exigen al Ejecutivo que defienda a la monarquía y a su titular Felipe VI.

En pleno avance de la epidemia que nos asola, los grupos parlamentarios catalanes de ERC y Junts per Catalunya registraron una batería de preguntas por escrito que el Gobierno de Sánchez tiene la obligación de contestar.  “¿Piensa el Gobierno instar a la Fiscalía General del Estado a practicar diligencias en relación con las informaciones aparecidas en el Tribune de Genéve?; ¿Ha contactado con el Gobierno algún miembro de la Familia Real o de la Casa de su Majestad el Rey en relación con este asunto?; ¿Ha recibido el Gobierno requerimiento alguno por parte de las autoridades suizas para colaborar en la investigación?”

Las cuestiones planteadas por diputada de Junts, Miriam Nogueras i Camero, el 5 de marzo, se basan en la información publicada por el mencionado periódico, según la cual, Juan Carlos I recibió cien millones de euros del rey Abdul.lah de Arabia Saudí en comisiones por la construcción del Ave entre Medina y La Meca. La obra y la explotación del Ave del desierto fue asignada a un consorcio de ocho empresas españolas en dura competencia el proyecto francés. La intermediación del jefe del Estado y amigo personal del ya fallecido rey Abdul.lah se reputó decisiva para obtener el contrato.

Según el rotativo suizo, los 100 millones de euros fueron depositados en una cuenta secreta en el Banco Mirabaud de Ginebra a nombre de la fundación Lucum, entidad con sede en Panamá, cuyo primer titular y beneficiario era Juan Carlos I de Borbón, siendo el segundo su hijo y heredero Felipe VI. Como se sabe, el actual titular de la Corona ha hecho pública su renuncia a esa herencia paterna (acto jurídico de 1919) y ha retirado la asignación económica que la Casa Real pagaba a su padre con cargo al erario público.

Durante un tiempo, Juan Carlos I retiró distintas cantidades de dinero de su cuenta en Suiza hasta que en 2012 entregó buena parte de lo que le quedaba (65 millones de euros) a Corina Zu Sayn-Wittgens, quien trasladó los fondos a una filial en Bahamas de otro banco de Ginebra. Estas transacciones son ahora objeto de investigación por parte de la justicia helvética porque pudieran constituir un delito de blanqueo de capitales.

En esas pesquisas, se basan también las preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián Romero y de su correligionaria, María Carvalho Dantas. Entre otras cosas quieren saber si “el Gobierno piensa iniciar algún tipo de investigación sobre los negocios del rey emérito y la implicación política de los anteriores gobiernos, la administración pública y las presuntas tramas de corrupción a las que estaría presuntamente vinculado, según diversas informaciones aparecidas de forma recurrente en los medios de comunicación”.

Las aventuras económicas del emérito jalonan su reinado y, aunque han sido menos aireadas que las amorosas, permiten afirmar a algunos personajes bien informados que los 100 millones conocidos ahora son solo una pequeña parte de la fortuna oculta del monarca. Su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, se ocupó de amasarle una fortuna. Durante 30 años, Prado fue el amigo de confianza de su majestad. Andaba por la Zarzuela como Pedro por su casa y, de hecho se consideraba a sí mismo “el perro del rey”.

En los tiempos en los que convenía tener una fortuna a buen recaudo por si venían mal dadas para la Corona por parte de los militares franquistas y golpistas, sitúa Roberto Centeno González, un ingeniero y economista vinculado a varias empresas energéticas públicas, el relato sobre una de las fuentes de acumulación de caudales regios. Cuenta que en 1979, y como consecuencia de la crisis de los ayatolás en Irán, España estuvo durante muchos meses bordeando el desabastecimiento de petróleo. “El vicepresidente Fernando Abril me nombró responsable de garantizar nuestro abastecimiento, dándome carta blanca para buscar suministros adicionales donde fuera. El entonces embajador de España en Kuwait, Fernando Schwarzt, me dijo que tenía una gran amistad con la familia Al-Sabah reinante en Kuwait y que podría conseguirnos petróleo adicional. Volé inmediatamente a Kuwait y gracias a este gran embajador que hacía su trabajo, pude contratar un primer cargamento de 150.000 toneladas. Al volver tenía varias llamadas de mi jefe, Fernández Ordoñez, pidiendo que fuera a verle de inmediato”.

Centeno añade: “Fui encantado, pensando en una efusiva felicitación. Nada más lejos. Al llegar a su despacho de la calle de Alcalá, Fernández Ordóñez se puso en pie, levantó los brazos al cielo y me dijo: “La que has liado, Roberto, me vas a buscar la ruina”. Me quedé atónito, ¿pero de qué me hablas, si acabo de contratar un cargamento en Kuwait que nos garantiza el abastecimiento dos o tres semanas? “Mira, me dijo, ha estado aquí Manolo Prado, que se ha enterado que estabas en Kuwait y me ha montado un pollo que no puedes imaginar, me ha dicho que Arabia Saudí y los Emiratos son exclusivamente suyos y nadie más que él puede negociar ni un barril, así que ni se te ocurra volver a hacer nada parecido”. Mi sorpresa se tornó en ira, así que, con la confianza y el cariño que siempre tuve por Fernández Ordóñez, le dije: “No tengo ni idea quién es ese tío, pero el responsable de garantizar los suministros soy yo y no ese tal Manolo, que ni siquiera sé quién es”.

“Entonces –concluye Centeno-- fue Fernández Ordóñez quien se quedó atónito: “Pero vamos a ver, Roberto, ¿tú en que mundo vives?, ¿es que no sabes a quién representa Manolo Prado?”. Realmente no lo sabía y resultaba que la altísima instancia a la que representaba tenía el monopolio de nuestros suministros extra durante la crisis. Y, por cierto, nadie hablaba de precios: Hacienda pagaba por el petróleo lo que ponía en la factura, sin entrar en averiguación alguna y menos cometer la ordinariez de decir que se podía comprar más barato cuando el conseguidor era Prado”.

Si ya en 1979 el valido del rey había comenzado a amasar la fortuna como intermediario del petroleo con los jeques y emires árabes y saudís, se entiende que los 65 millones de la cuenta saudí transferidos a su íntima amiga Corina se consideren una mínima parte de la riqueza del emérito. El episodio de corrupción no es más que el penúltimo coletazo, la coda del relato que le llevó a abdicar para preservar la Corona. La periodista Ana Romero reflejó la secuencia inmediatamente anterior en su libro Final de Partida (La Esfera de los Libros, 2015). La transferencia del dinero a Corina se produjo inmediatamente después de la accidentada cacería del monarca en Botsuana, el 13 de abril de 2012. Para entonces, la eclosión del Caso Urdangarín ya aconsejaba la supresión de la fundación Lucun y el cambio de titularidad de los caudales.

El nuevo escándalo vuelve a golpear a la institución monárquica en una coyuntura marcada por la lucha contra el patógeno que nos asola y por la preocupación de los ciudadanos por la supervivencia en todos los sentidos. De ahí que la corrupción del emérito no pase de ser un cañonazo imperceptible en el tronar de la epidemia coronavírica. Ya es sabido que el manto de inmunidad (e impunidad) que cubre al jefe del Estado durante el reinado y tras la abdicación facilita algunas respuestas escritas del Ejecutivo, pero también puede acentuar la exigencia de transparencia y devolución de los caudales inconfesables y distraídos al fisco.

Una pregunta escrita permitió al diputado de IU en su día, Ricard Sixto, conocer el gasto de cinco millones de euros en la construcción de la vivienda destinada a Corina en el Monte del Pardo, a unos minutos del Palacio de la Zarzuela. Más recientemente, otra pregunta escrita del senador de Compromís Carlos Mulet ha permitido saber que el Parque Móvil del Estado gastó el año pasado 454.500 euros en adquirir un coche blindado para Felipe VI y su familia.

En los dos plenos celebrados para prorrogar el estado de alarma y convalidar los decretos sociales y económicos, varios portavoces reclamaron la entrega de la fortuna del emérito como contribución a las necesidades de España. “Estaría muy bien –dijo Rufián--que se incorporaran los 100 millones de euros reales en comisiones saudíes a la sanidad ahora mismo”. “Que la monarquía ingrese inmediatamente el dinero de las herencias a las arcas públicas y que renuncie a la asignación pública”, pidió Mireia Vehi, de la CUP. “Que paguen los bancos y que paguen también los Borbones, claro que sí”, reclamó Néstor Rego, del BNG.

En cambio, las derechas se ocuparon más bien de atacar al Gobierno por la cacerolada a Felipe VI durante su alocución del coronavirus. Tanto el dirigente del PP, Pablo Casado, como su otrora compañero de partido y jefe de ultraderecha, Santiago Abascal, acusaron al Ejecutivo de “promover la cacerolada”. Casado precisó más: “Lo han hecho desde la sala de prensa de la Moncloa”. Y exigió a Sánchez que “defienda al rey de España” frente a quienes pretenden “instrumentalizar este drama (el coronavirus) para avanzar en su agenda republicana y en su cruzada contra la propiedad privada, el mercado y la separación de poderes”.