IU pide al Gobierno que no disuelva aún las Cortes para terminar trabajos legislativos

Pedro Sánchez anunciará este viernes, tras el Consejo de Ministros, si disuelve las cortes y convoca elecciones. El Gobierno no ha aclarado si anunciará la fecha de los comicios, aunque según se ha filtrado a la prensa, desde el gabinete del presidente parecen decantarse por el próximo 28 de abril para poner las urnas. Una vez tumbados los Presupuestos Generales del Estado pactados con Unidos Podemos, la disolución de la legislatura podría conllevar también a la paralización de otras leyes que están en tramitación.

Ante esta situación, IU reclama al Gobierno que no convoque elecciones inmediatas y que se alargue la legislatura "todo lo que sea posible", algo que contrasta con la posición de Podemos. Irene Montero declaraba tras el pleno de ayer que "no va a quedar otro remedio al Gobierno que convocar elecciones". El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, le trasladó ayer al Ejecutivo los motivos por los que esta organización no apuesta por una disolución de las Cortes y una convocatoria de elecciones inmediata. Según ha podido saber cuartopoder.es, Garzón no obtuvo ninguna respuesta al respecto. El Ejecutivo no quiere dar pistas, de momento, de cuál será su postura.

La reforma de la ley mordaza está en ponencia, a falta de unas pocas semanas para que concluya. También hay otras leyes, y también el dictamen de la comisión de investigación de la crisis, por ejemplo. Unas elecciones anticipadas hacen decaer todos estos trabajos. Estos motivos argumentan desde IU con la esperanza de que la legislatura dure, al menos, unos meses más, quizás hasta otoño.

En este sentido, la semana pasada se presentaba el acuerdo entre socialistas y Unidos Podemos para eliminar el llamado "voto rogado" y facilitar el voto a emigrantes españoles en el extranjero. Esta es otra de las medidas cuya tramitación podría truncarse con un final exprés de la legislatura. La diputada de Unidos Podemos, de IU, Eva García Sempere, nos relata algunas de las que para ella son más relevantes. "Terminar los trabajos del Pacto de Toledo, para clarificar cómo quedan los complementos de las pensiones", explica.

También están pendientes las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, así como la ley de transición energética. "En este caso, es de especial relevancia desde el punto de vista ecologista, para que se cumplan los Acuerdos de París, pero también porque se contempla la reconversión de los trabajadores de las cuencas mineras", escribe García Sempere. La ley de crédito inmobiliario, la ley contra la transfobia y LGTBIfobia, así como la regulación de las pensiones a de orfandad para las víctimas de violencia de género son algunas de las medidas que, con una disolución de las Cortes inminente, quedarían sin concluir.

García Sempere cree que una prioridad antes de que el Gobierno ponga fin a esta convulsa legislatura debe ser solucionar la inseguridad en la que se encuentran los ayuntamientos. "El Gobierno debe dar seguridad sobre cómo deben los ayuntamientos gastar su superávit regulado a través de un Real Decreto por Mariano Rajoy", explica, añadiendo que, ante la falta de unos criterios claros, cada ayuntamiento lo hace dependiendo de la opinión del interventor.

"Hay 1.200.000 jornaleros que, con la subida del SMI a 900 euros, se les subió también el sello agrario que pagan en periodo de inactividad, porque está relacionado, tenemos que modificar este error antes de que se dé por concluida la legislatura", comenta la diputada. Más allá de los presupuestos, hay muchos trabajos iniciados en el Congreso que podrían truncarse con un adelanto electoral. Algunos de ellos, se encuentran a pocas semanas de convertirse en leyes. El más mediático, el Real Decreto para la exhumación de los huesos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.