Anaïs Franquesa: “No es la primera vez que las portadas hablan de terrorismo y luego no hay nada”

Miles de manifestantes se concentraron ayer en distintas localidades catalanas en protesta por las detenciones a activistas independentistas que se desarrollaron durante la mañana de ayer. En total, nueve personas fueron detenidas por la Guardia Civil ayer, cinco de ellas trasladadas a Madrid para pasar a disposición de la Audiencia Nacional, dos fueron interrogadas y puestas en libertad con cargos vinculados al terrorismo pendientes de volver a declarar y otros dos, por la noche, seguían presentes en los interrogatorios. En cuartopoder hablamos con Anaïs Franquesa (Villafranca del Penedès, 1983), abogada penalista y directora de litigios del Centro Iridia para la defensa de los Derechos Humanos

Los delitos que investiga la Fiscalía son terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. En las vagas explicaciones dadas ayer por la Guardia Civil, aseguraban que se habían encontrado "sustancias precursoras para la fabricación de explosivos", "anotaciones con los componentes de la Goma-2", pero no esta sustancia, y un plano de un cuartel de la Guardia Civil. La Fiscalía informó que estos integrantes de los CDR tendrían planificado atentar próximamente, cuando se celebrará el segundo aniversario del 1-O y se prevé que se hará pública la sentencia del procés del Tribunal Supremo.

— Ayer por la mañana se producían las detenciones de nueve personas vinculadas a los CDR, acusadas de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. ¿Cuál fue su primera impresión al conocer la noticia?

— Alarma y gravedad. Sobre todo en relación a la gravedad de las imputaciones. Estamos en una situación en la que, hasta el momento, no se ha dado ningún acto de rebelión ni de sedición. Sigo manteniendo que en Catalunya, todo lo que se ha dado hasta ahora han sido movilizaciones pacíficas. En ningún caso ha habido una toma de armas ni la violencia necesaria para considerar delitos de rebelión y sedición, por supuesto tampoco ningún acto de terrorismo por parte del independentismo.

Por ello, alarma y confirmación de lo que nos temíamos: a partir del proceso del Tribunal Supremo el delito de rebelión se pudiera banalizar aún más y utilizar en supuestos de persecución de la disidencia. En todo caso, y se desprende de la nota de Fiscalía y de las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluya, Teresa Cunillera, estas detenciones se realizan de carácter preventivo de cara a las posibles movilizaciones que se estuvieran organizando tras la sentencia del Tribunal Supremo. Con las detenciones preventivas siempre hay que ir con muchísimo cuidado. Están diciendo que esto no ha sucedido, que se les detiene por algo que podría suceder. Habrá que ver cuáles son los indicios en los que se basan estas acusaciones y qué es lo que realmente han hecho, no lo que podrían pensar que iban a hacer.

— Los delitos de los que se les acusa son muy graves, efectivamente. La Guardia Civil afirma haber encontrado en los registros "precursores que podrían servir para la construcción de explosivos". ¿Qué opina?

— Los delitos que se les imputan son muy graves, los más graves recogidos en el Código Penal en el título contra la Constitución y contra el orden público. Ahí es donde deben extremarse más todas las cautelas y el sistema de garantías del Código Penal. Además, ha habido información muy confusa. Ha salido un vídeo en el que se veía una olla y un líquido que parecía que la Guardia Civil mezclaba con total tranquilidad. En un principio parecía que se hablaba de Goma-2 y luego de otro tipo de materiales que también se utilizan para la pirotecnia. Y en otros medios de comunicación hablaban de que las personas que vivían ahí eran de la comisión de fiestas de la ciudad y que por lo tanto pudiera haber material relacionado con las fiestas populares.

Yo desconozco qué material han incautado, pero me surgen suspicacias y desconfianzas que no son fruto de la nada o de la imaginación, sino de situaciones similares en las que se ha lanzado este mensaje en un primer momento en el que se había encontrado material y luego no era así, como el famoso caso del Comando Dixan, que se atribuyó a las personas pertenencia a banda terrorista islamista radical y luego el material era para hacer jabón, como lejía y otros productos así. En otros casos, como Piñata y Pandora se atribuía a un grupo terrorista, que no había realizado ningún acto terrorista, y luego, efectivamente, también se deshinchó.

Cautela máxima, por supuesto, está en secreto de sumario y desconozco qué material real han incautado. Pero este tipo de operaciones, además tan mediáticas, han acabado en muchas ocasiones en nada y el objetivo era conseguir miedo y desmovilización y se ha conseguido.

— Se han relacionado estos registros y detenciones con la proximidad de la celebración del segundo aniversario del 1-O y de que se haga pública la sentencia del juicio en el Tribunal Supremo al procés. ¿Usted cree que están relacionados? ¿Qué consecuencias pueden tener estas detenciones para la sentencia o la reacción a la misma?

— Creo que existe una relación directa con la posibilidad de movilizaciones como consecuencia de una sentencia dura por parte del Tribunal Supremo. Pero es que esto lo afirma la propia Fiscalía en su nota de prensa, con lo cual, esta relación es muy directa. Uno de los efectos que esto genera es que a nueve personas se les esté imputando estos delitos a pocos días de las movilizaciones, y como atribuyendo que pudieran estar pensando en esta respuesta, pueda tener un efecto desmovilizador: que el resto de personas puedan pensar que por participar en algunos tipos de movilizaciones se les puedan atribuir delitos tan graves como estos. Esto se conoce como el "chilling effect", que precisamente trata de esto: determinadas actuaciones policiales, judiciales o legislativas que buscan un efecto desmovilizador que es contrario al derecho de la reunión o manifestación.

Además, no sería la primera vez tampoco, que ante determinados acontecimientos se lleven a cabo detenciones previas que generalmente tienen como consecuencia este efecto desmovilizador. Nos podemos remontar, incluso, a los Juegos Olímpicos del 92, cuando hubo detenciones preventivas, algo que acabó con una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por no investigar suficientemente un posible delito de torturas. También se ha visto en huelgas generales o grandes manifestaciones, con detenciones en los días previos.

— Dirigentes políticos y sociales independentistas coinciden en que las detenciones forman parte de la estrategia de criminalización del independentismo. ¿No es pronto para hacer esas valoraciones políticas?

— El hecho de imputar delitos de rebelión, sedición, terrorismo o tenencia de explosivos a nueve personas, cuando no hay delitos de terrorismo atribuibles a ningún grupo independentista actualmente en el Estado español y, además, con esta publicidad tiene, en sí mismo, un efecto criminalizador del movimiento y lanza el mensaje de que se pudieran estar preparando este tipo de actos de terrorismo de forma previa. El efecto criminalizador lo tiene de por sí, sobre todo habrá que ver qué indicios y si estos son sólidos en la investigación y en el transcurso de los acontecimientos.

Repito, no es la primera vez que sucede que hay varias portadas de periódicos en las que se habla de detenidos presuntos terroristas y después no ha habido nada. Es que no ha habido delitos de terrorismo hasta el momento, ni tampoco delitos de rebelión o sedición y ya se les está imputando este tipo de delitos. Esa relación yo también la veo.

Sin tener acceso a la causa y, por lo tanto, desconociendo la solidez o no de esos indicios, pero teniendo en cuenta la retrospectiva de otras ocasiones en las que ha sucedido algo similar, lo que vemos es un salto cualitativo muy importante. Por ejemplo, en Piñata y Pandora se atribuía pertenencia a organización criminal, pero jamás se habría planteado la posibilidad de atribuir rebelión y sedición. Parece que ahora en el marco del juicio del Supremo y de persecución al movimiento independentista cualquier cosa puede estar ya relacionada con delitos de rebelión y una imputación bastante a la ligera de delitos graves.

De momento, hay que recordar que la única condena por rebelión en el Estado español en época democrática es por el Golpe de Estado del 23F, esa es la gravedad del delito según está marcado hasta ahora. El hecho de que en la sentencia del Supremo pueda haber una condena por delito de rebelión o sedición a los Jordis, miembros de la sociedad civil que lo que han hecho es participar en movilizaciones masivas, pero pacíficas, y que la acusación se ha centrado en que han convocado, han hecho tuits, llamamientos a la calma...

Si esto puede ser considerado como rebelión o sedición debe poner en alerta no solo al movimiento independentista, sino a todo el Estado español, a los movimientos sociales y la disidencia en general. El hecho de que el marco interpretativo de lo que se considera tolerable o no en términos de disidencia sea mucho más grave en un contexto en el que se llega a hablar de delitos como rebelión o sedición. Es un aviso a navegantes, no solo para el movimiento independentista, sino para movimientos sociales de todo el Estado.

— La sentencia del procés, se da por hecho que será dura y que condenatoria. ¿Qué espera de ella?

— El hecho de que se espere que haya condena y que será dura debería preocuparnos de por sí. Hay un clima pro condena y, por lo tanto, la libertad con la que los magistrados tomarán las decisiones debería ser puesta en duda. El clima social es de culpabilidad y no de inocencia, y debería preponderar la presunción de inocencia. Eso es algo que los observadores internacionales del juicio ponían de manifiesto y preguntaban sobre si el hecho de que los magistrados pudieran dictar una sentencia absolutoria sería entendido por la sociedad española. Si habría un clima de respeto en ese sentido a la decisión del Tribunal Supremo. Les preocupaba que el clima partía de la base de que la sentencia ha de ser condenatoria.

Entrando en la sentencia propiamente dicha, después de haber hecho una observación de todo el proceso del juicio, considero que no hay ninguna prueba de que haya delitos de rebelión o de sedición. No hay hechos que encajen dentro de estos tipos penales tan graves, por lo que la sentencia debería ser absolutoria. Si nos ponemos dentro de la óptica condenatoria, lo que si está claro es que si finalmente hay condena, sobre todo en el caso de los Jordis, por el hecho de haber convocado manifestaciones pacíficas, haber hecho llamamientos a la calma y haber hecho labores de mediación con la policía para calmar la situación, esto debería preocupar a todo el mundo. Es un aviso a los movimientos sociales y a la disidencia en general. Sería una criminalización de la disidencia que, considero, vulnera la libertad de expresión, el derecho a la reunión y a la manifestación. Afecta, por lo tanto, al cumplimiento de los derechos fundamentales. Más allá de esto, habrá que esperar a la sentencia en sí para poder hacer un análisis de lo que sucede.