Anaïs Franquesa: “Usaron balas de goma sabiendo que están prohibidas en Catalunya”

Anaïs Franquesa (Villafranca del Penedès, 1983) es abogada penalista y directora de litigios del Centro Iridia para la defensa de los Derechos Humanos. En el marco del 1-O, junto a otras entidades, organizaron la campaña Som Defensores, una red de juristas y observadores de Derechos Humanos que monitorearon todo lo que sucedía desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas en la jornada del referéndum. Después de la brutalidad policial desplegada durante aquel día, el Ayuntamiento de Barcelona apostó por crear un mecanismo de respuesta integral a las víctimas e Iridia participó en la implementación de un servicio de atención a las mismas, por el que pasaron más de 300 personas. Además, Iridia representa a ocho víctimas de la violencia policial del 1-O en la causa abierta contra los agentes implicados.

— Iridia se implicó en la campaña Som Defensores en el marco del 1-O. ¿Qué papel desempeñaron?

— Nuestro rol empezó unas semanas antes, veíamos con preocupación las actuaciones policiales que tenían lugar: entradas a imprentas, prohibición de actos públicos, identificación de personas, requisar material relacionado con el referéndum, entradas a periódicos, identificación de periodistas... Había una deriva preocupante y nos pusimos en contacto con otras entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y nos activamos para hacer nuestra función, monitorear que no haya violaciones de derechos humanos y, si las hay, reportarlas y elevarlas a otras instancias internacionales. También dar una respuesta a la ciudadanía.

En este contexto, creamos Som Defensores con dos formas de funcionar: un dispositivo legal y psicosocial, para que la gente pudiera ser atendida por abogados si había detenciones, y también, en caso de violencia institucional. El teléfono de psicosocial era el nuestro. Al mismo tiempo, decidimos aplicar algo que se hace en otros países en situaciones delicadas, el rol de persona observadora que se identificara como tal y pudiera grabar, anotar y, en caso de que hubiera víctimas, hablar con ellas. Se ofrecieron más de 100 personas voluntarias, hicimos una formación y escogimos a 70 personas que tenían el perfil adecuado. Además, fuimos recopilando todas las vulneraciones de derechos que ya habían habido, lo anunciamos en rueda de prensa y avisamos a las autoridades de que habrían personas observadoras.

El 1-O empezamos muy temprano y nos dedicamos a monitorear todo lo que ocurría en Barcelona y a atender el teléfono de atención. El de detenciones no sonó, no hubo en Barcelona. El de violencia institucional no dejó de sonar. También coordinábamos a las personas observadoras que enviábamos a distintos puntos de la ciudad, como a los equipos de atención psicosocial, unas 20 o 30 personas, psicólogas o con otras formaciones relacionadas. Hubo muchas situaciones de ansiedad, pánico y shock que tuvimos que atender.

— Después del 1-O. ¿Continuó este dispositivo?

— Sí. Obviamente, al ver la gravedad de lo sucedido y ser la única entidad especializada en este tipo de situaciones, el Ayuntamiento de Barcelona creó un dispositivo para atender a todas las víctimas del 1-O y trabajamos conjuntamente desde Iridia. Estuvimos tres semanas atendiendo a personas que habían sufrido algún tipo de lesión, agresión o vejación. Atendimos a 294 personas por distintos medios, de forma telefónica, por correo electrónico o de forma presencial. De forma presencial fueron 65 personas. Les atendimos, como hacemos habitualmente, una persona psicóloga y una abogada. Se crea un espacio de confianza para que la persona afectada pueda expresarse con tranquilidad y contar lo sucedido, lo registramos y le asesoramos sobre lo que puede hacer.

Esto se unió al trabajo que hicimos en terreno el 1-O. El trabajo de las observadoras fue excelente y muy clave, porque pudimos recoger imágenes que nos sirvieron como material probatorio que estamos utilizando ahora. Ese salto cualitativo es algo que no es habitual en la observación de derechos humanos, cuando lo explicamos a nivel internacional, la gente se sorprende positivamente.

Tras esas tres semanas se acaba el servicio con el Ayuntamiento. Iridia continúa dando asesoramiento a algunas personas más que van llegando y, además, recogemos casos que creemos que son especialmente graves o representativos y que pueden servir para impulsar un procedimiento judicial. Llevamos a distintas personas, una de ellas es Roger Español, el chico que perdió la visión un ojo por un disparo de bala de goma. Llevamos a 12 personas en total de seis centros de votación distintos. Al cabo de un tiempo, el Ayuntamiento decide también personarse como acusación popular con su propio equipo. El papel que no está haciendo Fiscalía lo está haciendo el Ayuntamiento, defender a las personas que no tienen abogado, etc.

— El procedimiento judicial, ¿en qué momento se encuentra?

— Ha costado que avanzara, estamos hablando de un proceso con más de 260 personas denunciantes y es una carga de trabajo importante, pero, sobre todo ha ido despacio porque cuando se le ha solicitado información al Ministerio de Interior y al Cuerpo Nacional de Policía ha respondido de forma lenta y dando poca información.

Ha ido avanzando y ahora tenemos a 24 agentes investigados por las actuaciones llevadas a cabo en distintos colegios. Creo que se les llamará a declarar pronto. Entre esos agentes se encuentran cuatro inspectores jefes de la Policía Nacional y varios subinspectores. El papel de Fiscalía en la fase de instrucción es inexistente y la carga de la misma cae sobre la acusación. Tenemos que identificar a los agentes mediante las imágenes, porque no se facilita información. El juez instructor está haciendo su trabajo y solicitando de oficio determinadas diligencias, pero el peso cae en la acusación.

— ¿Qué plazos prevé para el juicio?

— Es difícil de saber. Estamos en un procedimiento penal complejo, se tienen que tomar declaraciones a los investigados y testigos. Ahora nos encontramos en una fase importante, cuando declaran los investigados y estamos aportando el máximo número de pruebas. Hay algunas que no las podemos aportar nosotros y tendría que aportarlas la Policía Nacional, como, por ejemplo, las comunicaciones. La instrucción puede durar años, por desgracia esto está relacionado con la falta de medios de los que se dota la Administración de Justicia. Estamos preparando a la gente, no va a ser inmediato y puede tardar unos tres años o más.

— Hablemos del caso de Roger Español, que perdió la visión de un ojo por bala de goma, mientras que éstas estaban prohibidas en Catalunya. Llevan una campaña para que se prohíban en todo el Estado. 

— Las balas de goma se prohibieron porque hubo una trabajo muy fuerte de distitas organizaciones. La gota que colmó el vaso fue el caso de Esther Quintana. Hubo un gran consenso social en torno a que una persona pudiera perder un ojo, o incluso la vida, por el uso de este armamento. Se consiguió que se retirara este armamento de la policía que tiene la función de orden público en Catalunya. El 1-O, Policía Nacional y Guardia Civil actuaron como policía judicial, es por eso que pudieron actuar. Efectivamente, usaron balas de goma.

Usaron balas de goma sabiendo que están prohibidas en Catalunya y saltándose un consenso social es ya un hecho grave. Además usarlas en el contexto en el que lo hicieron, en el que no había violencia ni peligrosidad para los agentes, puede ser delictivo. En el caso concreto de Roger Español, entre la calle Diputación y Gran Vía no estaba pasando nada que justifique su uso. La gente se estaba retirando, el afectado se encontraba en un lateral junto con periodistas. Se ve en muchos vídeos, eran periodistas perfectamente identificados. Español recibió un disparo desde menos de 15 metros, de forma directa y en el ojo. Se demuestra la intención de lesionar.

Están imputados tanto el inspector como el subinspector que estaban en terreno. Se dispararon más balas de goma a distancia similar. También están imputados todos los que disparan. El problema es que, a pesar de que está grabado y sabemos qué agente es, no podemos saber qué número de identificación tiene porque la Policía Nacional no la ha facilitado y porque la identificación la llevan en la espalda, algo que también pasa con Mossos d'Esquadra. Esa deficiente identificación promueve la impunidad.