Amnistía Internacional pide que se retiren los cargos de terrorismo en el caso de Alsasua
El lunes 16 dará comienzo el juicio en la Audiencia Nacional a los ocho encausados por una pelea con dos Guardias Civiles en la localidad de Alsasua. Durante este año y medio, tres de los encausados han estado en prisión provisional a la espera de juicio. Los ocho serán juzgados por un delito de terrorismo después de que COVITE se personara como acusación particular y elevara el caso a la Audiencia Nacional. Se les pide, en la mayoría de los casos, una pena de privación de libertad de 50 años.
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La organización Amnistía Internacional anuncia que "asistirá como observadora a las diferentes sesiones del juicio", que durará hasta el próximo 27 de abril y pide que "los cargos de terrorismo sean retirados" así como que "dicha investigación se desarrolle en el marco de un procedimiento penal ordinario".
“Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Las agresiones denunciadas son graves y los guardias civiles y sus parejas tienen derecho a una investigación judicial. Pero nos preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista” asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional y una de las personas de la delegación asistente al juicio. “Consideramos que la investigación debería haberse llevado a cabo en el marco de un procedimiento penal ordinario, y que no se debería haber aplicado la legislación antiterrorista al presente caso”, añade.
La organización también aprecia irregularidades en la utilización de la prisión provisional. “La detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional, únicamente permitida para prevenir el riesgo de huida de la justicia o cuando las personas acusadas entrañen peligro para otras o para la acción de la justicia”, recuerda Esteban Beltrán.
Piden un juicio justo
Amnistía Internacional manifiesta además su preocupación ante el hecho de que, dentro de las garantías para un juicio justo, las autoridades judiciales hayan rechazado importantes pruebas y testigos presentados por las defensas. “Durante este juicio estaremos vigilantes, para que se cumpla con lo que señala el derecho internacional, es decir, que todas las partes que comparecen tengan acceso a los mismos medios y a plena igualdad de condiciones”, señala Virginia Álvarez, quien añade que en este caso “tenemos preocupaciones de que pudiera no haberse cumplido con ese principio”.
Críticas a la ley antiterrorista
Amnistía Internacional también alerta sobre el hecho de que las autoridades españolas siguen vulnerando sus obligaciones internacionales con los derechos humanos en relación a las medidas adoptadas en la lucha antiterrorista. La última reforma, aprobada el mes de julio de 2015, amplió de manera desproporcionada los tipos de terrorismo con el riesgo de castigar comportamientos que no tienen naturaleza terrorista. Por ejemplo, el artículo 573 del Código Penal incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como “alterar gravemente la paz pública” o “desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones”. Amnistía Internacional considera que estas disposiciones son vagas e imprecisas y no permiten configurar delitos reconocibles.
