El año en el que nos independizamos simbólicamente

10 de octubre de 2017. Parlament de Cataluña. El presidente de la Generalitat proclama formalmente que asume el resultado del referéndum del 1 de octubre y “el mandato del pueblo de Cataluña para que se convierta en un Estado independiente en forma de república”. Treinta segundos después, anuncia la suspensión de los efectos de la declaración para abrir un proceso de diálogo. 27 de octubre del mismo año. Idéntico escenario. Tras una tormentosa sesión parlamentaria y en secreto, 82 de los 135 diputados del Parlament votan una resolución que incluye en su preámbulo la constitución de la “república catalana como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. Cosecha 70 votos a favor, 10 en contra y dos votos en blanco.

Cuatro meses después de aquellos días en los que el independentismo catalán culminó su desafío, las declaraciones ante los tribunales de sus líderes -de todos los que no se han refugiado en Bélgica y Suiza para evitar la acción de la Justicia- ponen de manifiesto que el reto que puso a prueba el régimen del 78 únicamente tuvo un valor "político" y “simbólico”, sin efectos jurídicos reales, sin más pretensión que la de reflejar el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña por convertirse en un Estado independiente (el 40,8 por ciento de la ciudadanía, según el CIS catalán de este mes, ocho puntos menos que en aquellos días de octubre).

El último que se ha retractado en los tribunales ha sido el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ungido en héroe nacional de la Cataluña que quiso gestionar de forma autónoma los atentados de Las Ramblas, que el pasado viernes aseguró ante la jueza Carmen Lamela que, una semana antes del referéndum, trasladó a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras los problemas de seguridad ciudadana que podía provocar un referéndum convocado al margen de las garantías legales. En esa misma línea, la número dos de Esquerra Republicana, Marta Rovira, indicó al magistrado Pablo Llarena que el 1 de octubre llegó a proponer al expresident que suspendiera las votaciones para evitar que continuara la “violencia policial” y agregó que Puigdemont se negó argumentando que había mucha gente en los colegios electorales.

Artur Mas, el hombre con el que empezó todo con la consulta del 9-N de 2014, señaló en su comparecencia judicial que el referéndum fue “real” pero la declaración de independencia únicamente fue simbólica y, un día más tarde, en una entrevista en la emisora de radio Rac 1, apuntó que “muchas veces un argumento se hincha para quedar lo mejor posible”. “¿Esto es un engaño? Puede llegar a ser un engaño”, admitió.

En vísperas de las elecciones del 21 de diciembre, el líder de ERC, Oriol Junqueras, que lleva más de cuatro meses encerrado en la cárcel de Estremera, remitió un escrito de defensa al juez Llarena en el que expresaba “el acatamiento del artículo 155 de la Constitución” y su apuesta por la creación de “escenarios de diálogo y resolución bilateral del conflicto”. “Soy un hombre de paz. Mis creencias pasan por la justicia, la libertad y el diálogo”, aseguró después el 4 de enero en la vista en la que intentó revocar su ingreso en prisión.

Más explícito fue el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, número dos de la lista de Puigdemont, quien llegó a afirmar en el Tribunal Supremo que renunciará a su acta de diputado si su formación vuelve a insistir esta legislatura en la vía unilateral para la independencia. El exconseller de Interior Joaquim Forn consumó esa amenaza y dejó el escaño tras asegurar que nunca dio instrucciones a los Mossos d’Esquadra para que facilitaran la celebración del referéndum. Una consulta de independencia que para el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,  ya sin megáfono y lejos del coche de la Guardia Civil al que se subió durante las concentraciones que cercaron los registros de la operación Anubis, solo puede ser “válida si es convocada por el Gobierno de España”.

Aunque quien realmente inauguró la renuncia a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña fue la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, quien aseguró en su declaración judicial hasta en tres ocasiones, tres, que la proclamación que se hizo en el Parlament de Cataluña, entre cántico y cántico de Els Segadors, únicamente había sido “simbólica”. "Leí lo que me pidieron en el grupo parlamentario", llegó a decir.  A la vía Forcadell se sumaron todos los miembros de la Mesa de la Cámara catalana que tramitó aquella moción independentista y, con especial devoción, la exparlamentaria Ramona Barrufet, que llegó a reconocer que el referéndum del 1 de octubre no había tenido suficientes garantías como para ser considerado válido.

También se bajó del burro el exjuez Santiago Vidal, que dio origen a las investigaciones judiciales al revelar en una charla que el Govern tenía una partida oculta de 400 millones de euros para organizar el referéndum y comenzar a crear estructuras de estado y detallar que la Generalitat se estaba haciendo con los datos de los ciudadanos catalanes para poner en marcha una Agencia Tributaria propia. Ante el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer se retractó de todo y aseguró que los trabajos de la Generalitat eran solo una “hipótesis” en el marco de “un debate de ideas sobre cómo construir un Estado”. “Hablé en presente y tenía que haber hablado en futuro”, alegó.

La única investigada en la causa contra el independentismo catalán que ha mantenido que la declaración de independencia buscaba “una efectividad real” y que su partido seguirá trabajando por “derribar el muro de la Constitución” ha sido la exdirigente de la CUP Mireia Boya, contra la que apenas hay indicios de delito en la causa más allá de una referencia en el documento Enfocats a los “responsables de los grupos parlamentarios independentistas”. Su compañera de partido Anna Gabriel, con análoga responsabilidad en los hechos enjuiciados, podría haber seguido esta misma estrategia política pero ha preferido autoexiliarse en Ginebra, la ciudad en la que Luis Bárcenas chequeaba sus millonarias cuentas bancarias antes de marcharse a esquiar a los Alpes, para eludir la acción de la Justicia.