Iglesias pide perdón, en nombre del Gobierno, a las víctimas de la violencia infantil por haber llegado tarde

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida coloquialmente como Ley Rhodes, en referencia al trabajo realizado por el pianista James Rhodes, víctima de este tipo de violencia. En la rueda de prensa posterior, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha explicado la trascendencia de esta normativa aprobada hoy y ha pedido, en nombre del Gobierno, "perdón a todas las víctimas de esta violencia execrable a las que hemos llegado tarde". "Pido perdón y les manifiesto el compromiso de este Gobierno para que lo que les ocurrió no les vuelva a ocurrir a nadie en este país", ha añadido.

El objetivo de esta ley es "proteger los derechos de la infancia y adolescencia" y, para ello, tiene "un enfoque integral". En su elaboración han participado, además, con aportaciones los ministerios de Justicia, interior, Educación e Igualdad. De esta manera, España cumple con la reclamación del Comité Derechos del Niño de la ONU que "reiteró la necesidad de una violencia integral análoga a la aprobada violencia machista". Así, según Iglesias, el Estado español pasa a estar situado en "el nivel de los estándares más altos de protección de derechos de la infancia".

En 2018, el Ministerio del Interior registró 38.000 personas víctimas de este delito penal y unas 50.000 atendidas por entidades públicas de protección de menores. Con esta ley, se aumentan las barreras de protección a niños y adolescentes y se facilita que "cualquier ciudadano, de manera inmediata, denuncie cualquier indicio de violencia, también cuando lo hayan cometido cónyuges o familiares cercanos". La intención, según Iglesias, es "implicar a toda la sociedad", que la violencia contra menores se convierta en "un problema social, no un problema privado".

Mediante esta ley, se creará una nueva figura, la del coordinador de bienestar y protección, que estará presente en todos los centros educativos y en las entidades deportivas o de ocio. De esta forma, se establece una forma de protección frente al bullying por orientación, identidad sexual o de género en estos centros. También implica a la protección de datos, facilitando la rápida retirada de internet de los contenidos que vulneren los derechos de niños y adolescentes. Por otro lado, se crearán "nuevos espacios de formación en derechos de la infancia y adolescencia para policías, jueces y fiscales", en palabras del vicepresidente.