El débil frente por la derecha para exhumar a Franco
- En el Consejo de Ministros será aprobado un decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica y permitirá exhumar los restos de Franco
- El PP fue la única fuerza política que se opuso en el Congreso a la medida, pero sin embargo no ha emprendido ninguna ofensiva para tratar de evitarla
Cualquiera diría que después de la encendida batalla política que generan los temas de memoria histórica en España, la propuesta de exhumación del Valle de los Caídos de los restos del dictador Francisco Franco impulsada por el PSOE provocaría una férrea oposición por parte de la derecha parlamentaria. Pero lo cierto es que no ha sido tanto así. Ciudadanos se mostró el año pasado a favor de extraer los restos del dictador de esta basílica católica convertida en conjunto monumental. El PP fue la única fuerza política que se opuso en el Congreso a la medida, pero sin embargo no ha emprendido ninguna ofensiva para tratar de evitarla. Finalmente, la idea de dejar de rendir homenaje al general 40 años después parece ser aceptada, aunque sea regañadientes, por casi todo el espectro ideológico.
El Gobierno ha informado de que este viernes en el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica y permitirá exhumar los restos de Franco. Esta ha sido la fórmula elegida por Sánchez para esquivar así posibles acciones judiciales que pretendan frenar la medida. La iniciativa es una de las promesas estrella del presidente y viene retrasándose todo el verano. El Ejecutivo ha revelado haber tenido problemas con la familia del dictador.
El pasado mes de mayo, Ciudadanos secundó la propuesta de Sánchez en el Congreso de los Diputados. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha indicado esta mañana que no votará a favor y ha asegurado que su partido no ayudará a tapar con este asunto otros más importantes como Catalunya. Por su parte, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, criticó que fuera “el enésimo anuncio” del presidente sobre esta cuestión, pero mostró su disposición a negociar sobre el futuro del Valle de los Caídos y los restos del dictador. Por más aspavientos que se hagan y aunque se trate de quitar relevancia política a la medida, la formación naranja no se opone a lo sustancial.
Algo similar ocurre con el Partido Popular. La formación fue la única que se opuso a la proposición no de ley del PSOE para exhumar los restos del dictador cuando llegó al pleno del Congreso en 2017, pero parece más un guiño a una parte de su electorado que un acto de convencimiento de sus principales líderes políticos. De hecho, finalmente se abstuvieron. Ni uno solo de ellos se ha atrevido a posicionarse claramente a favor del actual homenaje que recibe el dictador en su sepultura. El propio Pablo Casado dijo este lunes que nunca defendería al Valle de los Caídos “ni a quien está enterrado dentro”. Es más, hizo hincapié en que él es “nieto de represaliado por el régimen franquista”. Luego añadió algunas objeciones clásicas en contra de la memoria histórica como la necesidad de “no reabrir heridas”, “mirar al futuro” y “no revisar lo que pasó hace 40 años”, críticas bastante descafeinadas.
¿Franco ha pasado definitivamente de moda? ¿O en realidad siempre ha existido un consenso bastante amplio para expulsar al dictador de Cuelgamuros? La derecha hace una crítica de forma de proceder de Sánchez o le acusa de querer obtener réditos políticos con la medida, pero nadie parece dispuesto a emprender una lucha en pro de la figura del general.
Solo la Asociación del Valle de los Caídos ha desarrollado una ardua batalla para impedir la exhumación de los restos del dictador. Esta organización franquista y ultraconservadora envió el libro de 'Los presos del Valle de los Caídos' y varias misivas a diputados y senadores con el objetivo de hacer presión para que votaran en contra. La fuerza de extrema derecha y extraparlamentaria VOX también ha indicado abiertamente que Franco “no debe ser desenterrado”, en palabras de su presidente, Santiago Abascal. Aun así, ya dan por hecho que la medida continuará y proponen alternativas un tanto originales. VOX Melilla ha pedido que los restos de Franco se trasladen al Panteón de Héroes de Guerra de la ciudad española del norte de África, ya que consideran que el lugar guarda un vínculo histórico “importante” con el dictador.
En un segundo plano, con menos relevancia mediática, se encuentran los restos de José Antonio Primo de Rivera, que descansan junto al dictador. El Gobierno socialista se plantea trasladarle del lugar honorífico a otro punto del Valle de los Caídos. Por otro lado, se desconoce que ocurrirá con los otros cuerpos de miles de republicanos, o incluso combatientes del bando rebelde, que fueron enterrados en Cuelgamuros sin el consentimiento de los familiares. El PSOE todavía no ha despejado la incógnita de cómo se resignificará el conjunto monumental.
Una cosa parece segura: la fosa común de España, donde descansan los restos de 33.833 cadáveres dejará de albergar los restos de Franco. El PP ya ha dejado claro a través de la vicesecretaria de Política Social del partido y alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, que no tiene ninguna intención de emprender “una batalla” política con la exhumación del cuerpo del dictador, a pesar de que puede que vote en contra del decreto ley impulsado por el PSOE. La oposición en este caso sería meramente formal.
Por si hubiera dudas, unos doscientos militares retirados publican un manifiesto de apoyo a Franco, como soldado, subrayan, cual si fuera posible separar la milicia de su condición de dictador genocida. Ese manifiesto representa el sentir de la inmensa mayoría de los militares. En su avance el fascismo español sabe que cuenta con el ejército. Como lo sabían los nazis en Alemania, pues salvo honrosas y heroicas excepciones, el ejército alemán apoyó el nazismo. Y ¿qué decir de la iglesia? ¿Alguna duda? Los prelados españoles están por la unidad del reino de este mundo que corresponde a España. Pregúntese al cardenal Cañizares.
Nada de aventuras secesionistas. Nada de aventuras. A lo segurito: al momio de este Estado «no confesional» que se deja parasitar por un «estado» confesional dentro del Estado. Los curas también apoyan el concepto de «orden público» de los grupos y partidos fascistas. España sigue siendo nacional-católica. Frente a ese macizo de la raza, erigido en los cuarenta años de franquismo y cuarenta más de postfranquismo, ¿qué hay?. Un gobierno del
PSOE tan entregado a la derecha que parece ella misma, transubstanciada en forma de regeneración socialista: no hay impuesto a la banca; ni se permite la investigación parlamentaria de la relación CNI/atentado de las Ramblas; ni se libera a los presxs políticxs (incluso se niega que existan); no se admite la autodeterminación; no se deroga Ley Mordaza; no se anula la reforma laboral; la monarquía española es ejemplar. Y, como es
ejemplar, el rey presidió el acto de homenaje a las víctimas porque sí, aun no habiendo sido invitado y en contra de la voluntad de una mayoría de catalanes. Es un acto de autoridad por imposición de un Estado que carece de autoridad moral para imponer nada.
Solo se hará valer como un acto de violencia colonial. El fascismo actúa cuando la oligarquía teme que pueda perder el poder. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!
Mientras reparte carnets de demócrata, el PSOE mantiene las medallas que dio a dos dictadores
El PSOE tenía entonces mayoría absoluta y los dos dictadores eran comunistas
El partido de Pedro Sánchez defiende una memoria histórica abiertamente
falsa, según la cual la Guerra Civil fue una contienda entre fascistas y
demócratas. Nada más lejos. Como ya señalé aquí el mes pasado, durante la Segunda República el PSOE usaba una retórica golpista y reclamaba una dictadura socialista. Y no se limitó a las palabras: en octubre de 1934 el PSOE encabezó un sangriento golpe de Estado contra el gobierno de la República. En los meses anteriores, el Partido Socialista -y en especial sus juventudes- practicó el pistolerismo, contribuyendo a generar un dramático clima de violencia. El 13 de julio de 1936 miembros del PSOE asesinaron a uno de los líderes de la oposición,
José Calvo Sotelo, un crimen que muchos historiadores consideran el
desencadenante de la Guerra Civil Española. Ya iniciada la contienda, siendo
presidente del Consejo de Ministros Francisco Largo Caballero,
presidente del PSOE, se produjo en el bando republicano una ola de
crímenes de guerra , entre ellos la matanza de Paracuellos de Jarama, en la que fueron masacradas unas 5.000 personas, incluyendo 50 niños.
Un decreto-ley no puede violar el tratado internacional que protege la basílica
El anuncio lo ha hecho el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Me pregunto si el Gobierno ha consultado a algún jurista antes de hacer semejante anuncio, porque lo que se plantea es abiertamente un fraude de ley.Para empezar, el Artículo 86 de la Constitución establece que el decreto-ley sirve para un “caso de extraordinaria y urgente necesidad”, yno parece que se corresponda con esa premisa un enterramiento existentedesde hace 43 años. Se da la circunstancia de que en 2014 el PSOE recurrió un decreto-ley del Gobierno de Rajoy con medidas contra la crisis económica y lo hizo denunciando “una abusiva utilización del mismo en la legislatura actual”. Entre otras cosas, el recurso del PSOE advertía que “el deseo de inmediatez de las modificaciones normativas no constituye por sí solo una justificación de la urgencia”.Y eso que se trataba de hacer frente a una crisis económica, no de exhumar un cadáver que lleva sepultado 43 años. Recurrir a un mecanismo abiertamente excepcional para satisfacer las prisas de un Gobierno a la hora de exhumar un cadáver es, repito, un fraude de ley en toda regla.
Un decreto-ley no puede modificar ni vulnerar un tratado internacional
Por otra parte, el Artículo 86 de la Constitución especifica que los decretos-leyes “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado”. Hay que recordar que en enero de 1979, unas semanas después de ser aprobada la Constitución Española, España y la Santa Sede firmaron unos acuerdos. Y como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 66/1982, “este Acuerdo del Estado español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional“. Y esto es lo que dice el Artículo 96 de la Constitución Española sobre los tratados internacionales: “Lostratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normasgenerales del Derecho internacional”. Y esto es lo que especificaba el Artículo I del Acuerdo sobre asuntos jurídicos: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”.Hay que recordar que la tumba de Francisco Franco está situada ante el altar de una basílica católica. Esa basílica es inviolable tal como dictan los Acuerdos entre España y la Santa Sede.Esta inviolabilidad no es exclusiva, por cierto, de la Iglesia Católica: los respectivos acuerdos con otras confesiones otorgan el mismo status a los lugares de culto de protestantes, judíos y musulmanes. Para exhumar los restos de Franco, el Gobierno tendría primero que violar ese lugar de culto, algo abiertamente ilegal.
Como sabe cualquier estudiante de primero de Derecho, en España existe una jerarquía normativa: una
norma de rango inferior como es un decreto-ley no puede modificar ni vulnerar una norma de rango superior como es un tratado internacional.Ni siquiera una ley orgánica aprobada por las Cortes podría modificarla
ni vulnerarla, como señala el Artículo 96.1 de la Constitución: “Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Para que lo entienda hasta Pedro Sánchez, lo resumiré en pocas palabras: un tratado internacional no puede modificarse ni ser vulnerado mediante un decreto-ley, eso sería inconstitucional. Y el que lo hiciese estaría cometiendo un delito de prevaricación.
Un decreto-ley no puede legalizar un delito de profanación de un sepulcro
el Artículo 526 del Código Penal castiga los delitos de profanación, no sólo de los cadáveres, sino también de las sepulturas: “El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere,alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses“. Hay que decir que el Código Penal es una ley orgánica, pues regula derechos fundamentales, y precisamente el Artículo 86 de la Constitución prohíbe el uso de un decreto-ley para regular esos derechos. De hecho, para modificar el citado Artículo 526 del Código Penal hizo falta en 2003 otra ley orgánica, la 15/2003.
Es una colosal burla a la legalidad que ahora el Gobierno pretenda blanquear un delito de profanación recurriendo a un decreto-ley. Los descendientes de Franco ya advirtieron que denunciarán a Sánchez si profana la tumba de su antepasado, ya que no han otorgado autorización al Gobierno para llevar a cabo esa exhumación.
La Iglesia, el PP y Cs miran hacia otro lado: Vox se opone a la profanación
llevo décadas oyendo hablar a los políticos sobre el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, y ahora resulta que mentían, que les parece bien saltarse la legalidad para desenterrar a un hombre que lleva 43 años muerto. Una vez más estamos ante la vieja y perversa idea de que el fin justifica los medios.
Lo más triste es que en España apenas hay oposición a que el Gobierno
se salte la legalidad con un propósito tan rastrero como es profanar una
tumba y una basílica. La Conferencia Episcopal y el Arzobispo de Madrid se han lavado las manos
(me pregunto qué habrían dicho sus antecesores si Franco y otros se
hubiesen lavado las manos cuando la izquierda incendiaba iglesias y
perseguía a obispos, sacerdotes y religiosos católicos en España), el PP ha dicho que no se opondrá y Ciudadanos incluso está dispuesto a colaborar con el PSOE.
Es decir, que la violación de la ley por parte de un Gobierno no le
importa ni a la oposición, ni a la Iglesia ni a casi nadie. Y digo
“casi” porque Vox sí que se ha pronunciado “en contra de la profanación de cadáveres” y también “a favor de enterrar la totalitaria Ley de Memoria Histórica”.