Dos años del 3-O, el hito en el que se fija el independentismo para responder a la sentencia

Las imágenes de la violencia desatada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1 de octubre del 2017 en Catalunya dieron, pronto, la vuelta al mundo. Los principales periódicos internacionales hacían hincapié en la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La sociedad catalana vivió momentos de enorme tensión. El 1-O fue un hito catárquico. Desde entonces, la política catalana y española no volverán a ser como antes. La hoja de ruta independentista señalaba que, una vez conocidos los resultados del referéndum, en las siguientes 24 horas el Parlament debería declarar la independencia del Estado español. Esto no se produjo.

Tras la intensa jornada del 1-O, por la noche, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, llamó a celebrar “un paro de país, una huelga general” para condenar la represión el día 3 de octubre. Se paraba la posibilidad de una inminente declaración de independencia en el Parlament. Días antes del referéndum, el 21 de septiembre, los sindicatos alternativos CGT, CNT, COS, I-CSC e IAC habían convocado huelga para el 3-O, con la expectativa de que se hubiera proclamado la independencia el 2-O. Un día antes de que se hiciera la convocatoria de la huelga, habían tenido lugar los hechos del 20-S, detenciones y registros de la Guardia Civil en la Conselleria de Economia i Hisenda y en la sede de la CUP.

Alejados de cualquier medida unilateral que la mayoría independentista en el Parlament quisiera desarrollar, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se apartaron de la convocatoria de la huelga general, pero convocaron un “paro de país” de condena de la represión al que también se sumaron entidades patronales catalanas. La Generalitat puso facilidades para que ese día los funcionarios no asistieran a sus puestos de trabajo. Era 3 de octubre, hoy se cumplen dos años de una de las movilizaciones históricas de Catalunya.

Los estibadores de los puertos de Barcelona y Tarragona secundaron la huelga al 100%. El seguimiento fue altísimo también en el sector público, no tanto en la industria y en el sector servicios. Los CDR cortaron numerosas carreteras, con especial hincapié en la AP7 en distintos tramos. También se cortaron vías férreas y estaciones de ferrocarril, la más importante la de Barcelona, la de Sants.

Dos años después, el independentismo se fija en aquella jornada como un hito al que imitar de cara a la respuesta que se pueda dar a la sentencia del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas.

Distintas propuestas de respuestas ya están sobre la mesa. La ANC llama a tres marchas multitudinarias hacia Barcelona que colapsen la red viaria. Cada marcha duraría tres días y concurrirían en la capital catalana. Además, convocarán una gran manifestación. Por su parte, la plataforma Tsunami Democràtic apuesta por una movilización continuada con el fin de generar una “crisis generalizada” en el Estado español.

El Tribunal Supremo preveía hacer pública la sentencia antes del 16 de octubre. Ese día cumplen dos años de prisión preventiva Jordi Sánchez y Cuixart y el tribunal debería de solicitar una interlocutoria para prolongar más tiempo esta situación que debería ser provisional. Sin embargo, algunas informaciones afirman que se alargarán más las deliberaciones y que podría retrasarse la fecha en la que se haga pública la sentencia hasta la segunda quincena de octubre. Todo el mundo da por hecho que la sentencia será condenatoria y que será dura, sin embargo, las apuestas señalan más a que la condena sea por sedición y no por rebelión, lo que conllevaría penas de cuatro a ocho años de cárcel.

La tensión aumenta por momentos en Catalunya, después de meses de que se produjera un enfriamiento con respecto a 2017. Incluso el pasado 11 de septiembre, la manifestación de la Diada fue cuantitativamente menor que en años anteriores, siendo, indudablemente, masiva. La detención de siete activistas de los CDR por terrorismo por parte de la Audiencia Nacional y las filtraciones interesadas a algunos medios de comunicación desde dependencias judiciales que señalan a que mantuvieron relación con el president de la Generalitat, Joaquim Torra, y su antecesor, Carles Puigdemont.

La campaña electoral del 10N ya ha empezado y Catalunya será uno de sus principales ejes. La palabra terrorismo ha entrado en el día a día del debate político recordando tiempos pasados en Euskadi. El PSOE aprovecha la coyuntura para mostrarse duro contra el independentismo, en una estrategia electoral que pretende acorralar a Ciudadanos y robarle el mayor número de votos. Pedro Sánchez, en respuesta a Pablo Casado, ve factible aplicar la ley de seguridad nacional en Catalunya, al mismo tiempo que advierte que un gobierno en funciones podría aplicar el artículo 155. La campaña electoral tensa más el discurso político, y la tensión en Catalunya va en aumento.