Cataluña: El desafío democrático

Afortunadamente, ante un conflicto político ya nadie discute que hay que resolverlo votando: lo que se discute es quién tiene derecho a votar, con qué límites, etc. Nadie se atreve a decir, por ejemplo, que Cataluña no puede votar o incluso independizarse porque la unidad de España sea perpetua ni, desde luego, que para la independencia de Cataluña no haga falta votar porque, merced a alguna revelación divina o metafísico-nacional, Cataluña no sea España y eso lleva a un Estado propio quiera o no la gente que vive en Cataluña.

Pese al soniquete ya instalado, el desafío que tiene España desde Cataluña y que tiene la propia Cataluña no es un desafío independentista sino democrático, puesto que lo que se debate no es tanto sobre una hipotética secesión sino sobre quién y cómo debería decidir sobre ésta, quién y con qué límites puede votar al respecto. El nacionalismo español más cínico dice que deberían votar todos los españoles (pese a que ellos mismos nos niegan el voto sistemáticamente ya sea para reformar la Constitución en agosto, ya para la sucesión en la jefatura del Estado o para cualquier cuestión relevante) y que los límites son la Constitución en su interpretación más restrictiva. Para los defensores de la hoja de ruta planteada por Puigdemont y sus apoyos políticos (PDCat, ERC, CUP) pueden votar los catalanes y, los que quieran hacerlo el 1 de octubre en las condiciones planteadas por Puigdemont, decidirán incluso si la participación fuese mínima.

El debate sobre quién debe votar el status político de Cataluña merece poca atención: tenemos más que incorporada a nuestras intuiciones políticas la idea de que el legitimado para adoptar decisiones políticas es el sujeto de éstas, no todo aquel al que le afecte. Que el Brexit afecte a toda Europa no hace que a nadie se le haya ocurrido pensar que la votación de los británicos era ilegítima porque no votaron todos los europeos. A nadie se le ocurrió que la independencia de Quebec o Escocia tuviera que ser votada por todos los canadienses o británicos. Los ámbitos de soberanía política son en el siglo XXI lo suficientemente flexibles como para asumir que ese “que voten todos los españoles” simplemente encubre la voluntad de que no vote nadie (tampoco se entiende por qué el independentismo catalán no acepta esa falsa propuesta, bien para desenmascararla, bien para contar los votos en Cataluña en una votación así).

Lo más interesante, y es el debate cuya resolución necesitamos para desatascar la situación catalana, es cómo lograr las condiciones para que una votación en Cataluña esté efectivamente legitimada para traducirse en “la voz de los catalanes”. Si ese “que voten todos los españoles” es puro cinismo, el “si del 1-O hay más síes que noes, declaramos la independencia” es ciego y probablemente poco democrático.

En Cataluña hay un consenso social muy amplio (y transversal) sobre que es legítima la convocatoria de un referéndum y que esa es la única forma de desatascar el conflicto. Sobre lo que no hay ese consenso es sobre que lo convocado el 1 de octubre sea ese referéndum que lo desatasque. La convocatoria cuenta con el apoyo generalizado de quienes votarían sí y por sólo una parte de quienes votarían no a la independencia. Muchísimos noes no irán a votar, por lo que la votación no nos dirá qué quieren los catalanes.

Obviamente hasta que se cuenten los votos del 1 de octubre (y sólo en el caso de que ningún catalán tenga dificultades para votar y que el recuento ofrezca absolutas garantías) no sabremos cuántos catalanes hacen suya la convocatoria. La única forma de que el 1 de octubre arroje un resultado que permita decir que la mayoría de los catalanes quiere un Estado independiente sería que, independientemente de la participación, la cantidad de síes sea superior al 50% del censo catalán partiendo, de nuevo, de que el recuento ofreciera una confianza incuestionable.

Salvo en ese improbable caso, un referéndum en Cataluña sólo podrá traducirse en voz del pueblo catalán si la forma en que se convoca es fruto de un acuerdo suficientemente transversal entre partidarios y detractores de la independencia de Cataluña. Incluso si el Gobierno de Cataluña lograra vencer las dificultades logísticas y burocráticas para que toda la ciudadanía catalana pudiera votar si quiere y para que el recuento sea fiel a lo votado, cuenta con el principal problema político: una buena parte de la ciudadanía catalana no hará suyo el referéndum.

Es cierto que entre los contrarios a la independencia de Cataluña sólo tenemos vocación de un acuerdo para que haya un referéndum democrático, pacífico y garantista quienes anteponemos el principio democrático a cualquier veleidad nacionalista. También quienes tienen la lucidez de entender que la unidad de la España diversa carece de futuro si no es voluntaria, que el cerrojazo sólo aleja más y más a Cataluña de España. Para partidos como el PP y Ciudadanos y la parte más nacionalista del PSOE, no sólo no hay ninguna necesidad de llegar a un acuerdo sino que hacen del enquistamiento del problema catalán su principal reclamo electoral: cuanto más conflictiva sea nuestra realidad territorial, mejor (entre otras cosas porque les permite no hablar de todos los demás problemas que tenemos los españoles).

El 1 de octubre, más que el referéndum que tarde o temprano habrá en Cataluña, se celebrará un notable instrumento de presión para mostrar que hay millones de catalanes que quieren votar. Y en ese sentido es plenamente legítimo e incluso merecería la simpatía de quienes repudiamos el inmovilismo suicida de un Gobierno español que antepone sus anteojeras nacionalistas y, sobre todo, sus intereses electorales a los principios democráticos y a los intereses reales de España (el referéndum es el único camino hacia una España democrática y unida en la diversidad y en la libertad).

Sin embargo, esta movilización legítima en vez de presionar al Gobierno de Rajoy probablemente le ayudará tensionar aún más el conflicto territorial para desviar el debate político de la situación social, económica, ética y democrática de España a un conflicto (también real, pero no único) entre nacionalismos. Es obvio que en la actual composición política de Cataluña y de España es muy difícil alcanzar un acuerdo que permita dar una solución pacífica y democrática al conflicto catalán. Que sea evidente que deben ser los catalanes quienes decidan no hace que sea sencillo lograr que los catalanes decidan. Bienvenido fuera el 1 de octubre si acercara el momento en el que esto suceda, pero no hay una sola razón para pensar que será así por muy legítimo que sea intentarlo.