Los retos del aborto en España: de las zonas de seguridad al relevo generacional de los médicos

El pasado 7 de octubre, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció la derogación de la modificación de 2015 de la Ley del Aborto, que obligaba a las menores a obtener el permiso paterno para interrumpir su embarazo. Un día después, se reunió con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) en la que Montero mostró su interés por garantizar "zonas seguras" frente a las clínicas para evitar el acoso a las pacientes o mejorar la salud sexual de la ciudadanía, tal y como informó la institución tras el encuentro. Pero las profesionales de la asociación piden dar un paso más y aprovechar la legislatura para mejorar en este derecho de las mujeres.

El derecho al aborto es uno de los ejes fundamentales de la lucha feminista. De hecho, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quiso restringirlo en 2014 y acabó retirando el proyecto y dimitiendo. El movimiento feminista español se opuso firmemente, pero el Gobierno finalmente sí se modificó la restricción para las menores que ahora Montero quiere eliminar, aunque no ha dado fechas ni más detalles. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es gratuito, aunque tiene particularidades: la mayor parte de intervenciones se practican en clínicas privadas y las profesionales afirman que el estigma sigue pensando sobre los médicos que lo practican.

Desde ACAI apuntan algunos retos del sector a los que hay que prestarles atención: que la reforma no sirva solo para volver a 2010 sino para avanzar, que no se pierda el aborto instrumental frente al químico, que gana terreno, que haya más médicos especializados para asegurar el relevo generacional, o revisar la objeción de conciencia, entre otras. Aún así, el alcance de las medidas dependerá de la voluntad del Gobierno y de los apoyos parlamentarios que pueda conseguir.

Las zonas de seguridad

Según la Plataforma ProDerechos, constituida por más de 60 organizaciones, más de 8000 mujeres han sido víctimas del "acoso anti elección" desde 2010, en unas 100 acciones de hostigamiento al año frente a los centros sanitarios. La ministra se interesó por implementar "zonas de seguridad" para evitar que los extremistas puedan acosar a las mujeres que se acercan a las clínicas.

"Se trataría de limitar la posibilidad de manifestarse frente a las clínicas. Podrías protestar contra el aborto donde quieras, pero no frente a las clínicas e intimidando a las mujeres. Hay sitios donde las agarran por el brazo y las meten publicidad", explica Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI.

Rodríguez apuesta por que se tipifique como delictivas las conductas que obstaculicen el acceso de la mujer a este derecho. Sin embargo, el establecimiento de una zona de seguridad sería más sencillo de articular legislativamente, al tener que modificar un decreto y no elaborar una nueva legislación que requiriera más apoyo parlamentario.

Las menores

Montero ya ha anunciado que se derogará la modificación de 2015 para volver a la ley de 2010, que modificó Zapatero y que, tras una sonora polémica, no exigía el permiso paterno para las mujeres de 16 a 18 años que decidieran abortar, pero sí que los progenitores estuvieran informados. En 2020, las clínicas quieren ir más allá y eliminar ese requisito: "No tienen mucho sentido que las mayores de 16 puedan hacerse un tratamiento contra el cáncer, emanciparse, trabajar y que tenga que seguir informando a sus padres si deciden abortar", explica Rodríguez, que asegura que esa comprobación suele hacerse a través de la visita presencial de los padres a la clínica o con un documento firmado.

La experta comenta que solo se producían excepciones si informar se convertía en imposible: "Hay situaciones de desamparo, a veces tienen a padres en la cárcel, son mujeres migrantes que no viven con sus padres o chicas que viven un hogar desestructurado", asegura sobre las dificultades de algunas jóvenes.

Mejorar la educación sexual

Para evitar embarazos no deseados, la educación sexual es una herramienta fundamental. Tanto ACAI como el Ministerio coinciden en que es necesario mejorar este aspecto, aunque no detallan con qué desarrollo concreto.

Rodríguez apunta a que sería importante que todos los anticonceptivos sean "accesibles y gratuitos" para que las mujeres puedan elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades. "Hay comunidades en las que te puedes poner un DIU gratis, pero otras en las que no. La mayoría de métodos anticonceptivos no están subvencionados. Las pastillas suelen estar en casi todos, mientras los implantes subdérmicos hay sitios donde te los compras tú y te los implantan después", explica Eva Rodríguez sobre la disparidad en el acceso según territorios.

El aborto instrumental vs aborto químico

Asegurar el relevo generacional y modificar la objeción de conciencia

Por tanto, los jóvenes aprenden las técnicas en las propios centros cuando comienzan su vida laboral, pero Rodríguez asegura que sobre la práctica de abortos en España siguen pensando ciertos estigmas, por lo que muchos estudiantes ni siquiera se plantean esta especialidad. "Nuestra generación era más militante. Hemos vivido la época de abortos clandestinos. Yo tomé conciencia así", recuerda sobre los relatos de prácticas ilegales con los que crecieron las mujeres del franquismo y la Transición. Mientras en la próxima década se jubilará la generación de especialistas que luchó por la legalización del aborto como un derecho de la mujer, quieren saber que habrá relevo.

En este contexto, hay otro debate fundamental para estas profesionales: que se elimine o al menos se reforme la objeción de conciencia que muchos médicos de la sanidad pública usan para evitar ofrecer este derecho a las mujeres.