La tercería locativa: ¿el primer paso para desmantelar la industria de la prostitución?

Proteger a las víctimas, perseguir el proxenetismo y señalar al cliente, último sostenedor del sistema prostitucional. Son tres pilares fundamentales a los que apunta el abolicionismo para acabar con la explotación sexual en España. Esta semana, el Ministerio de Justicia y el de Igualdad han dado un paso en estos objetivos anunciando una modificación del Código Penal para acabar con "el proxenetismo en todas sus formas", introduciendo la tercería locativa, que prohibiría que un tercero, el proxeneta o el dueño de un local, se lucre con la explotación sexual de una mujer, pero es solo el primer paso para acabar con el negocio de la industria de la prostitución que aún goza de cierta "tolerancia social". .

Esta modificación irá en la ley de libertad sexual en la que trabaja el Ministerio de Igualdad y que ahora mismo se encuentra en fase de anteproyecto. Con este primer paso, el Gobierno pretende poner coto a una industria cuyo negocio se ha llegado a cifrar en 5 millones de euros al día.

Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), celebra el anuncio, pero advierte de que el problema es de tal magnitud que requiere de una legislación propia: "Aplaudimos esta medida, pero tiene que ir acompañada de otras que sean integrales", explica, aludiendo a un plan con recursos y dotación presupuestaria suficiente para las víctimas y una Ley Integral contra la Trata, ya planteada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017. En este documento ya se indicaba la necesidad de una legislación que "refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas".

En realidad, el Gobierno recuperaría esa tercería locativa que sí estaba contemplada en el Código Penal hasta la reforma de 1995, pero se eliminó en la nueva redacción. En el texto anterior se castigaba también al "dueño, gerente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento". "No sabemos por qué se quitó, pero fue un palo", recuerda una integrante de Mujeres por la Abolición, que asegura que antes de 1995 "no había tanta trata como ahora". Para esta asociación, "la prostitución es incompatible con la igualdad".

La presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, María Ángeles Jaime, recuerda que la tercería locativa estaba en el anterior Código Penal para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, en concreto al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en 1949. 

Acabar con la prostitución también exige dar seguridad a las víctimas, creando alternativas laborales y económicas. El Ministerio de Igualdad también ha anunciado que habrá un Plan Nacional Integral social, laboral y económico que "garantice alternativas viables" y repare los derechos vulnerados de las mujeres explotadas. Esta es otra de las patas fundamentales del abolicionismo. "Las mujeres somos prostituibles en cualquier momento dependiendo de la necesidad económica que tengamos. Esa mirada social es la que hay que cambiar. No hay buenas y malas, ni santas, ni putas. Todas somos en potencia prostituibles", asegura desde el grupo Mujeres por la Abolición, que pone el acento en las necesidades urgentes. 

Los resquicios legales de los explotadores

Las feministas abolicionistas estarán muy pendientes de cómo se concrete la redacción de la ley que se ha anunciado este miércoles para que no se deje fuera ningún resquicio. "Desde hace tiempo la prostitución se está desplazando a los pisos particulares. Tiene que especificarse muy bien que se incluye también las viviendas.  Ahora la Policía no puede acceder porque son pisos privados", explican desde Mujeres por la Abolición.

Es una inquietud que comparte también APRAMP, que insiste en que hay que diseñar herramientas legales para que se puedan perseguir de manera efectiva la prostitución. En la actualidad, la trata se sanciona con el artículo 187 del Código Penal, que castiga con penas de dos a cinco años a aquel que "empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima" determine a una persona a ejercer la prostitución.

El texto también señala qué dos condiciones tienen que cumplirse para considerarlo explotación: "Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica" o "que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas". La presidenta de Themis apunta a que estas condiciones son tan relativas que muchas veces "son imposibles de demostrar en la práctica". ¿Cómo se demuestra que las condiciones de una mujer son "abusivas" si hablamos de una actividad alegal?"A veces recabar pruebas es difícil, aunque es cierto que nos hemos encontrado casos en los que los explotadores llevan rigurosamente la contabilidad, pero hay muchos otros en los que la trata está en la oscuridad", reflexiona.

Desmantelar la industria del sexo

Rocío Mora es tajante al soldar el negocio de la prostitución con la explotación: "Si no se acaba con la industria del sexo, no se acaba con la trata". El andamiaje de la prostitución es muy complejo. Es un negocio muy lucrativo y además, sus clientes también se encuentran en las esferas de poder. "Mueven tanto dinero que les cuesta poco urdir estrategias para infringir la ley", recuerdan desde Mujeres por la Abolición. De hecho, apuntan a la existencia de una Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne para demostrar la impunidad de los que se lucran con estas actividades.

Mora recurre a un ejemplo reciente: las dificultades que han tenido algunas comunidades autónomas para cerrar los prostíbulos en plena pandemia, mientras han podido restringir otras actividades sin problema. "Si se cierran como puticlubs, pueden permanecer abiertos como bares, aunque en la trastienda hagan otras cosas",  ejemplifica. De hecho, el propio consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, manifestaba las dificultades de cerrarlos en la región al estar registrados "bajo otro tipo de epígrafes", como hoteles o bares. La directora de APRAMP asegura que durante el estado de alarma "la industria sexual ha seguido con su actividad": "Ha habido señores que han salido a pasear al perro, lo han dejado en el piso y allí han contratado el servicio sexual". De hecho, teme que el coronavirus agrave la situación al dejar a más mujeres en situaciones de necesidad.

Para las tres entrevistadas, la lucha contra la prostitución exige también acabar con la tolerancia social. "La prostitución existe porque hay demanda", explica Ángeles Jaime. Durante años, se han cerrado contratos en prostíbulos, "irse de putas" se ha considerado por muchos hombres como una actividad más de ocio e incluso se anuncian servicios en forma de flyer por la calle. Las expertas también indican que el porno, al que los adolescentes llegan mucho antes que a la educación sexual, también contribuye a reforzar la imagen de que las mujeres sirven para complacer los deseos sexuales del hombre.

Por eso, este miércoles, Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños,  la APRAMP ha lanzado la campaña A las cosas por su nombre, en la que invita a llamar "puteros" a los clientes, "explotación" al "oficio más antiguo del mundo" o "lugares de explotación" a los "clubs de alterne". Aún así, Rocío Mora cree que este es abordar esta cuestión es urgente: "Es el momento de una ley contra la trata".