Las prostitutas frente a la covid-19, en ocho preguntas

Una de las frases que se repiten como un mantra desde el Gobierno central es que, tras la crisis de la covid-19, nadie debe quedar atrás. Sin embargo, algunos de los colectivos que caminan en los márgenes del sistema comienzan a poner sus reivindicaciones sobre la mesa. Las organizaciones del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Acción en Red Andalucía y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han redactado un manifiesto en "apoyo a las movilizaciones protagonizadas por trabajadoras sexuales de Andalucía", que ya han firmado, según su propio conteo, 49 organizaciones y más de 400 personas de manera individual.

El pasado agosto, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, mandó una carta a las comunidades autónomas pidiéndoles que cerrasen los prostíbulos y locales de alterne por la dificultad del rastreo de los positivos. Mientras regiones como País Vasco o Catalunya ya lo han hecho y otras como La Rioja o Cantabria ya lo han anunciado, otras como Madrid apelan a las complicaciones jurídicas de hacerlo. El pasado 1 de septiembre, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla organizó un acto de protesta ante el palacio de San Telmo por el temor a que el ejecutivo andaluz también clausure los locales sin alternativas reales, tal y como contó la agencia Europa Press.

"El reciente cierre de los clubs de alterne, sin ayudas ni alternativas, no hace más que empeorar sus condiciones de existencia", explican en el documento, en el que también reconocen que "puede ser una disposición oportuna" durante la pandemia. Sin embargo, sí se quejan de que el cierre no vaya acompañado de "ninguna medida de protección" para quiénes no solo "tienen en estos clubes su principal o única fuente de ingresos sino, además, su única residencia".

Estas tres organizaciones aseguran que las medidas puesta en marcha por el Ejecutivo no llegan a este colectivo, como el Plan de Contingencia ante la covid-19 del Ministerio de Igualdad y el real decreto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) , ya que su diseño no se adapta a las circunstancias de estas mujeres.

Planteamos ocho cuestiones sobre sus reivindicaciones al Grupo de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). 

-¿En qué situación ha dejado la pandemia y las restricciones aplicadas a las prostitutas que mencionáis en el manifiesto?

-Igual que al resto de personas trabajadoras, el no poder seguir realizando su trabajo supone no tener acceso a los medios económicos para la subsistencia básica, pero además, al no ser una actividad laboral reconocida, quienes desarrollan esta profesión quedan fuera de todas las medidas de protección estatal tipo ERTE, prestación por desempleo, etc. 

Muchas de las trabajadoras sexuales además, no cuentan con permiso de residencia, por lo que no tienen acceso a ayudas sociales no vinculadas al trabajo (Ingreso Mínimo Vital, ayudas de alquiler, entre otras). Igualmente, quienes no poseen permiso de residencia se ven habitualmente sin acceso a la sanidad pública, lo que en un estado de emergencia sanitaria es especialmente alarmante. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para muchas trabajadoras sexuales, ejercer esta actividad supone también una inversión económica, es decir, para poder desarrollar su trabajo tienen que realizar pagos continuados en concepto de “alquiler” de la vivienda donde ejercen o “alojamiento” en los clubes. La situación se agrava cuando durante el estado de alarma se encuentran en un alojamiento por el que han de afrontar un pago elevado por noche, en el caso de que el club sea su única vivienda, o incluso cuando no han podido desplazarse a su vivienda habitual en otra provincia. En estos casos, la imposibilidad de obtener ingresos por medio de su trabajo se une a un aumento de las deudas por estos gastos que mencionamos.  

 -¿Qué supone el cierre de locales de alterne para estas mujeres?

-Además de lo que representa perder la única fuente de ingresos, para muchas supone una cuestión de emergencia habitacional, puesto que los clubes son su única vivienda. Se ven literalmente en la calle o abandonadas a su suerte en el propio club sin que nadie responda por ellas.

 -En los locales de alterne hay varios trabajadores, desde camareros a prostitutas,  ¿por qué ellas no han podido acogerse a las ayudas?

-Las mujeres que están en los clubes no constan como trabajadoras, no existe ninguna relación contractual, a diferencia de otros trabajadores o trabajadoras.

-¿Los dueños de los locales, y por tanto los arrendadores de estas mujeres, han dejado a las chicas en la calle pese a tener las habitaciones alquiladas?

-No siempre, pero mantener la “plaza” en un club (como hospedaje) supone un importante desembolso económico. Tengamos en cuenta que además suele ser un precio alto, y eso supone aumentar una deuda sin obtener ningún beneficio económico con el que poder asumirla. Con frecuencia, el alquiler habitacional en los clubes va unido al trabajo, si no hay trabajo, no hay habitación.

-Dicen ustedes que muchas mujeres no se han podido acoger al Plan de Contingencia ante la covid-19 del Ministerio de Igualdad orientado a mujeres víctimas de trata y a “mujeres en contextos de prostitución en situación de vulnerabilidad” del Ministerio de Igualdad, ¿por qué?¿cuáles han sido las principales trabas?

-La principal traba es que en realidad no son medidas que contemplaran en ningún momento “mujeres en contextos de prostitución”, sino solamente a las mujeres identificadas dentro del sistema de protección como víctimas de trata. Recomendamos este artículo para ahondar en detalles. 

-En el manifiesto dicen que les preocupa "la vuelta a los discursos y argumentos de corte higienista para imponer medidas que hunden aún más en la clandestinidad y el estigma a las mujeres que ejercen la prostitución", una situación que les recuerda a tiempos del VIH ¿por qué?

-Cuando nos referimos en el manifiesto a la preocupación que nos genera una posible vuelta a discursos de corte higienista para respaldar políticas restrictivas frente a la prostitución, poníamos como ejemplo, más o menos cercano, las políticas y prácticas que desde diferentes ámbitos (sanitarios pero también sociales, medios de comunicación…) se pusieron en práctica respecto a las trabajadoras del sexo durante los años más duros del VIH (aunque es cierto que recurrir al argumento del bien de la salud pública para recortar o directamente vulnerar derechos fundamentales de las prostitutas viene del higienismo de principios del s. XIX). 

Principalmente durante los años 80, el discurso sanitario que caló considerablemente en la sociedad, asumía de forma general que las trabajadoras sexuales suponían un riesgo para la trasmisión del SIDA y por ello un riesgo social. La misma prensa y medios de comunicación asumieron esta vinculación entre prostitución y VIH acrecentando el pánico sanitario que ya existía y generando un fuerte estigma social sobre el colectivo. Aunque no podemos infravalorar las negativas consecuencias que este estigma generaba a todo el colectivo de trabajadoras sexuales, no sólo podemos quedarnos en él. Esta imagen (generada por discursos médicos y abrazada por agentes sociales, policiales y mediáticos) dio base argumental para implantar medidas dirigidas de forma exclusiva a trabajadoras sexuales que incidían en su invisibilización, estigmatización, control y vigilancia. De esta forma, por ejemplo, se empezó a hablar de controles obligatorios en clubes y otros espacios de trabajo, campañas agresivas de prevención, y un etcétera que se dirigían exclusivamente a las trabajadoras, y nunca por ejemplo a sus clientes. 

Como decíamos, estos tiempos pensábamos que ya estaban superados, ya que las administraciones sanitarias están desarrollando estrategias diferentes en las que el cuidado y el derecho a la salud queda por encima del control de grupos específicos, optando por estrategias de prevención y educación que atiendan de manera más eficaz a necesidades amplias. Así decíamos, del “ellas son el problema” hemos pasado, por fin, a “son la solución”. 

Sin embargo, atendiendo a todo esto y tras leer en prensa las palabras de la ministra de Igualdad en las que dice que “cerrar clubes de alterne y perseguir la prostitución va a ser fundamental para el control de los rebrotes", nos hace temer una vuelta a argumentos higienistas (son un riesgo para la salud pública) para tomar medidas de persecución de la prostitución, que al fin y al cabo, a quienes más afectan (negativamente) es a las propias trabajadoras del sexo. 

 Las trabajadoras sexuales no constituyen un colectivo con mayor riesgo de contagio y/o propagación del COVID que el resto de trabajadores y trabajadoras en sí mismo. Aunque bien es cierto que para el desempeño de su actividad requieren de unas medidas especiales para evitar contagios, esto no es algo que sólo se dé en el trabajo sexual. Sin embargo, y esto sí es específico del trabajo sexual, las trabajadoras no poseen ningún tipo de derecho laboral al que puedan apelar a la hora de exigir la protección de su salud en el desempeño del trabajo. Tampoco ningún instrumento de protección legal para denunciar la falta de recursos para la prevención. 

El cierre, temporal, de los prostíbulos, puede ser una medida necesaria ante la inexistencia de protocolos e instrumentos para la prevención en ellos, pero este cierre, sin estar acompañado de medidas de protección social, económica y habitacional dispuestas para las trabajadoras, no va a mejorar la situación de vulnerabilidad que sufren a día de hoy (situación de vulnerabilidad que admite la señora ministra), sino que la agudizará. Así, parece ser que en vez de garantizar su acceso a medidas preventivas y su derecho a la salud, una vez más el camino parece apuntar al cierre de prostíbulos, la invisibilización de las trabajadoras  y su criminalización por medio de la “persecución de la prostitución”. Eso es lo que tememos. Si queréis profundizar en este tema, podéis acudir al informe de APDHA.

 -¿Qué medidas concretas les pedirían tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía?, ¿qué "derechos" exactos hay que reconocer?

 -Derechos laborales como los tiene cualquier tipo de trabajador o trabajadora. Permiso de residencia y trabajo en el caso de las personas migrantes, ya que es la propia perversidad de la Ley de Extranjería la que las aboca a esta situación de desprotección. 

Y por supuesto acceso a ayudas económicas como personas en situación de vulnerabilidad, sin que ello dependa de declararse víctima de explotación o trata y que tengan que mediar asociaciones para su atención con el informe correspondiente.

Como personas ciudadanas deberían acogerse a los servicios sociales, como hace cualquier otro colectivo que pase por situaciones económicas de pobreza.