Los aspirantes a suscribir los Presupuestos de 2021 se acogen al “digoDiego” para poder alcanzar un acuerdo

El Gobierno –y los dos socios que lo componen, PSOE y UP- tienen clara la única mayoría posible que puede darse para poder sacar adelante unos más que necesarios Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, más allá de las declaraciones públicas de unos y otros sobre preferencias y líneas rojas. Finalmente, la formación que lidera Pablo Iglesias ha tenido que aceptar la ecuación que viene diseñando desde hace meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: los PGE saldrán adelante con los apoyos prioritarios de Ciudadanos y del PNV, además de otros socios con pequeña representación en el Parlamento, pero que, voto a voto, a cambio de retoques y añadidos territoriales, podrán completar la mayoría necesaria, los 176 votos que necesita Sánchez para dar luz verde a las cuentas públicas.

Para empezar, los planes de gran reforma fiscal con fuertes subidas a las rentas más altas, a Sociedades y a Patrimonio, se han quedado por el camino o llegarán a la recta final presupuestaria muy diluidos, ya que Unidas Podemos tendrá que “tragar” con una importante rebaja a sus pretensiones, aunque pretende dejar alguna huella en las próximas cuentas públicas. Sus líderes están convencidos de que no habrá más Presupuestos en los que sacar músculo ideológico y que, de conseguir aprobar los de 2021, estos serán prorrogados en el siguiente ejercicio y perdurarán hasta el final de la legislatura. De este modo, desde el punto de vista económico y de viabilidad del Ejecutivo, en UP saben que estarán firmando una especie de “cheque en blanco” para que Sánchez llegue prácticamente hasta el fin de la legislatura, con o sin sus socios. La cuestión es que, en el caso contrario, las elecciones serían inevitables y ese supuesto es todavía peor para la formación morada. Así que, pese a declaraciones y manifestaciones públicas de sus líderes, la idea de los de Iglesias pasa por decir “Diego” allá donde dijeron “digo” en muchos aspectos que venían recogidos en el apartado económico de su pacto de Gobierno.

En este baile de intereses propios, de país; de políticas de alianzas y vetos cruzados que van decayendo, Ciudadanos también se ha visto obligado a entonar el “digoDiego”. Si los de Inés Arrimadas vetaban su participación en los Presupuestos a UP,ERC, Junts per Cat y Bildu, ya solo vetan a dos de ellos: a ERC y Bildu, conscientes quizás de que la ecuación posible, para firmar unos presupuestos, pasa por que también los firme Unidas Podemos y algunos pequeños grupos o escisiones del independentismo catalán, reconvertido en hipernacionalismo posibilista, como es el caso de los 4 diputados del PdeCat, quienes se postulan para sumarse a la negociación presupuestaria, desmarcados ya del mantra “no es no” entonado por Meritxell Borràs, y ávidos de vengar la purga que Quim Torra les ha aplicado a todos los que no comulgan con la línea dura de Carles Puigdemont.

Por otra parte, los de Arrimadas ya no rechazan cualquier subida de impuestos, sino que matizan que no quieren subidas “generalizadas” y subrayan especialmente la intención de la UE y del Parlamento Europeo de incrementar las fuentes propias de financiación, para evitar los grandes desembolsos de las aportaciones nacionales. De este modo, C´s no quiere subidas generalizadas de impuestos, pero sí se apunta a los impuestos que vienen marcados por la UE: impuestos verdes (a los plásticos o las emisiones de carbono, por ejemplo) C´s apuesta claramente por tributos más dirigidos a las grandes multinacionales y empresas, a través de su base imponible en el Impuesto de Sociedades, y no a las personas físicas ni a su renta o patrimonio. Pero subidas de impuestos al fin y al cabo.

Las posiciones se han ido moviendo en base a una visión posibilista, a la necesidad de recibir los 140.000 millones de € de la UE que, previsiblemente, no lleguen hasta el primer semestre del propio 2021 y a la voluntad/necesidad de unos y otros de no romper la baraja y provocar un adelanto electoral que entienden no les beneficiaría.

Ahora es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien debe compilar necesidades propias y descafeinados deseos y voluntades de socios. Todo ellos tendrá que pasar por el tamiz del departamento de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, celosa guardiana de las esencias de los acuerdos europeos, y no estará exento de cambios de última hora a petición del gabinete del presidente, para captar el penúltimo voto que les acerque a una difícil mayoría parlamentaria, imprescindible para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 2021.Pese a todo, en el entorno de Sánchez están convencidos de que las cuentas públicas –esta vez sí- verán la luz.