Los memorialistas temen que el Gobierno “maree la perdiz” y piden “voluntad política”

Tras el parón por la pandemia de la covid-19, el Gobierno de coalición retoma su agenda con el avance en memoria histórica como próximo objetivo. El Ministerio de Presidencia se ha comprometido a presentar un proyecto de ley que modifique la Ley de memoria histórica de 2007 y ha abierto consulta pública para que ciudadanos y organizaciones hagan llegar sus propuestas. Pero la reparación de las víctimas llega tan tarde que ahora no solo es importante sino también urgente. Las asociaciones advierten al Ejecutivo de que son muchos los agujeros de en la legislación y apuntan a que hace falta “voluntad política”: “Que empiecen mañana”.

La ley de 2007 de Memoria Histórica fue pionera en el Estado español, pero pronto se reveló  “insuficiente” para las víctimas. “Ha sido bastante inútil. En sus 12 años de vigencia, el Estado no se ha responsabilizado de nada de lo que debería haberse responsabilizado”, explica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Además, la generación de los hijos de los represaliados comienza a desaparecer sin haber visto justicia para sus padres: “Por la experiencia, necesitamos voluntad política más que una ley”.

Tras años de reivindicaciones, diversos dictámenes de organismos internacionales e incluso propuestas de modificación registradas en el Congreso tanto por PSOE como por Unidas Podemos, los dos partidos de Gobierno, a las asociaciones les ha sorprendido que ahora se vuelvan a pedir propuestas. Así lo expresa la Asamblea Andaluza Memorialista en una escueta declaración en la que asegura que "no parece necesario" volver a repetir un proceso de consultas "que no hará más que alargar los plazos de elaboración y aprobación parlamentaria de un texto legal cada vez más urgente". Es decir, temen que se vuelva a "marear la perdiz" mientras avanza la nueva legislatura.

Están también escarmentados de los anuncios políticos. Han oído en varias ocasiones la necesidad de quitarle las medallas a torturadores como Billy el Niño, que murió sin ser juzgado, o propuestas sobre ilegalizar la Fundación Francisco Franco .Sin embargo, no se han llegado a materializar y la intención se ha quedado solo en titulares de prensa. 

Las asociaciones memorialistas tienen muy claras las deficiencias del Estado español respecto a las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el franquismo y que la democracia no ha reparado. El Ejecutivo lo tiene fácil. Basta con seguir el camino dictado por la ONU, que en reiteradas ocasiones ha instado a España a investigar y juzgar los crímenes del franquismo. De hecho, en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo ya se firmó en 2015 la Carta de Vicálvaro, donde se recogen sus principales reivindicaciones que hoy avalan un centenar de organizaciones. 

Durante estos días, las asociaciones terminan sus propuestas para mandar al Ministerio. Estas son, a grandes rasgos, las demandas urgentes que tienen para la reforma de la Ley de Memoria histórica. En cada documento están los matices.

El Estado tiene que asistir a las víctimas

Uno de los principales agujeros de la ley de 2007 ha sido exonerar al estado de su responsabilidad en las exhumaciones. “Calvo puede ponerse a exhumar mañana llamando a los jefes de los laboratorios del Estado o a sus investigadores. Si la ley de 2007 hubiera responsabilizado al Estado en la búsqueda de desaparecidos, esto ya estaría resuelto”, explica Silva sobre la falta de voluntad política. 

La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha anunciado un plan de exhumaciones con fondos públicos  "acordado con la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP)". Silva teme que esto obligue a las familias a pelear con aquellos consistorios contrarios a la memoria democrática para que se cumplan los derechos humanos. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, presidido por el PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de la ultraderechista Vox, que retiró las placas con los nombres de los represaliados por el franquismo del cementerio de La Almudena. 

Iván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad, también quiere que en todas las exhumaciones haya presencia judicial y no se trate a los represaliados como "restos arqueológicos", en términos administrativos. Quieren un cambio cualitativo y que sean tratados como víctimas en todas sus fases: "A día de hoy el franquismo es legal y las víctimas son consideradas delincuentes de delitos como ser homosexual", explica sobre el hecho de que no se hayan anulado todos los juicios del franquismo.

Tras años de experiencia, también saben lo que no quieren. En su documento de propuestas, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón pide que se evite el modelo de "mercantilización de la memoria" que se está utilizando ya en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares,  donde estos proyectos se sacan a concurso público al "mejor postor". Para estas organizaciones, esto se traduce en una precarización de los trabajos porque las "empresas adjudicatarias priorizaran los beneficios económicos" en los contratos públicos.

Además, el Federación Estatal de Foros por la Memoria también pide en el documento enviado al gobierno la creación de una Fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo.

La reparación de las víctimas

En su escrito, la Plataforma vasca contra los crímenes del franquismo también propone el 27 de septiembre como el día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del franquismo, por los
últimos fusilamientos en tal fecha de 1975.

La reparación de los derechos de las víctimas van más allá de las exhumaciones. Así lo recuerda Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que cree necesario que el Estado cubra "cualquier tipo de situación legal" para hacer cumplir los derechos humanos y que se plantee el "resarcimiento económico" derivado de las expropiaciones y de la represión que llevó a cabo el Estado franquista, una cuestión que se ha hecho de manera puntual.

La citada plataforma vasca también propone al Gobierno una escala concreta de indemnizaciones, que va desde la "discriminación social, laboral o el exilio" cifrada en 6.000 euros hasta la muerte, cuantificada en 200.000 euros.

Para Gómez también es imprescindible poner en marcha un banco de ADN estatal que facilite la identificación de las víctimas, como ya tienen Comunidades Autónomas como Navarra, Andalucía, País Vasco y Cataluña.

Quitar los impedimentos en el acceso a la Justicia

A veces las víctimas del franquismo piden, simplemente, no encontrarse obstáculos. En muchas ocasiones, cuando han querido judicializar sus casos se han dado de bruces con la Ley de Amnistía, que sirve para amparar también a los criminales de la dictadura. Algunas plataformas como la Asamblea Andaluza Memorialista piden su derogación. En el caso de Recuerdo y Dignidad no precisan la fórmula, pero su portavoz asegura que no es aplicable a crímenes de lesa humanidad. 

También piden que se eviten situaciones como la de la instrucción que mandó en 2016 la Fiscalía General del Estado, que ordenó a las fiscalías provinciales oponerse a las pesquisas de la jueza argentina María Salvini contra esos crímenes. 

Acabar con la apología del franquismo

La cara B de una generación que empieza a morir sin que se haga justicia es otra que crece con amnesia sobre su propia historia. Por ello, Silva incide también en la importancia de la educación como vacuna al antifascismo. De hecho, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón también incluye en su documento la inclusión en el currículo formativo de la Segunda República, el Golpe de Estado y el Franquismo.

Aunque la ley de 2007 ya ordenaba la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación”, lo cierto es que ni siquiera eso se ha cumplido. “Cuando paso por el arco de la Victoria en Madrid, me pregunto si en 43 años no ha molestado a ningún presidente del Gobierno”, reflexiona sobre el monumento levantado en Moncloa.

Gómez incluso plantea la penalización del negacionismo y que no salga gratis "la mofa a las víctimas del franquismo".

El Valle de los Caídos y los restos de Franco

El 24 de octubre de 2019, el dictador Francisco Franco fue exhumado del Valle de los Caídos, el monumento funerario que se había diseñado para sí mismo. Sin embargo, aún quedan por salir decenas de víctimas que aún permanecen en Cuelgamuros. 

Silva tampoco está satisfecho con la inhumación de Franco en el cementerio de Mingorrubio, ya que el dictador descansa en un panteón propiedad de Patrimonio Nacional: “No queremos pagar la tumba de un dictador con nuestros impuestos”, sentencia. 

Abrir los archivos

En España, aún sigue siendo muy difícil investigar gracias a una Ley de secretos que no desclasifica documentos. Por eso, los memorialistas piden que se haga pública la información del franquismo. No solo de la actividad de policías como Billy El Niño, que podría ayudar a apuntalar investigaciones de sus víctimas, sino también para historiadores, escritores y periodistas. En muchas ocasiones, estos deben irse a archivos europeos o americanos a rastrear los vínculos filonazis del régimen o el papel de España en la Segunda Guerra Mundial. 

"En Guatemala se abrieron los archivos de la Policía Nacional, donde estaban recogidos torturas y todo tipo de crímenes", recuerda Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad, sobre la trascendencia que pueden tener en muchos casos el simple acceso a la información.

Atención para los represaliados LGTBI

“Quienes pactaron la Ley de Amnistía en el Parlamento se olvidaron de los homosexuales y las lesbianas”, explica Silva. Ellos fueron las últimas víctimas del régimen franquista en salir de la cárcel, ya que no se consideraban delitos políticos y la ley de peligrosidad social no se reformó hasta 1978. Esa juventud de violencia y estigmas se traduce hoy en una vejez precaria. "Ahora debería asistirles el Estado porque fue el Estado franquista el que les persiguió”.

Los niños robados, una cuestión pendiente

La asociación Todos los niños robados son también mis niños también harán algunas aportaciones, aunque consideran que por lo específico de su caso se debe desarrollar una ley propia, que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. Aún así, tienen propuestas para la Ley de Memoria histórica, como la creación de un archivo único, plurivalente y digital que "respete la idiosincrasia de cada tipología de víctimas": bebés robados, deportados a campos nazis, exiliados, refugiados, torturados, expresos políticos, desaparecidos en fosas, etc.

En su caso, también solicitan que ese registro de ADN que reclaman los memorialistas "sirva para identificar a niñas/os robadas/os" que puedan derivar después en acciones judiciales.