Nueva fiscalidad ante una nueva crisis: la gran disputa política que se avecina

La crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19 está teniendo unos tintes trágicos allá por donde el coronavirus se expande en cualquier continente. El número global de muertes sube exponencialmente. La necesidad de confinamiento, más o menos duro, para evitar la propagación de la infección, está modificando nuestros modos de vida de la noche a la mañana y, por ende, nuestras formas de producción y estructuras económicas y sociales. Es un consenso global: la crisis económica y social que se surge en 2020, aunque venía arrastrando indicadores anteriores, tendrá unas consecuencias brutales.

Los niveles de deuda pública se dispararán, es un hecho. Y los distintos estados de la Unión Europea, que comparten banco central, el Banco Central Europeo, son conscientes de ello. El primer gran debate de economía política que se está dando en estas semanas de pandemia entre los distintos gobiernos europeos es sobre cómo afrontar los enormes niveles de deuda que se avecinan. Los países denominados frugales (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria), una nueva forma de referirse a los defensores de la austeridad, se negaron, junto con Alemania, a la emisión conjunta de “coronabonos” que mutualizaran la deuda. Frente a ellos, Italia, muy beligerante, también Portugal, y en menor escala Francia o España, quienes reclaman, si no este tipo de bonos, un mecanismo que comparta la deuda entre la UE.

Si cómo resolver la deuda pública es el campo de disputa política internacional, a nivel estatal, la pregunta es: ¿quién paga esto?. Las distintas opciones políticas ya han ido tomando posiciones ante lo que se prevé que sea el gran debate político de los próximos tiempos. Un debate que, como todos, no estará ajeno de una polarización política y mediática, alentada por las redes sociales. Una disputa dura que tensionará al actual Gobierno de coalición, las distintas corrientes económicas que entre sus ministros cohabitan, y que será usada por la oposición y el consorcio mediático de derechas y ultraderechas para intentar derrocarlo. La presión aumentará conforme el reparto del gasto se vaya dibujando en una nueva fiscalidad.

La respuesta del Gobierno, hasta el momento, ha sido reforzar un sistema de protección social, el llamado “escudo social”, que amortigüe el batacazo económicos para evitar al máximo los ERE con la figura de los ERTE, evitar los desahucios, facilitación de moratorias en el pago de alquileres o cuotas de autónomos, así como la promesa de la implantación en el mes de mayo de un Ingreso Mínimo Vital.

Todo esto, además de paliar los estragos de la nueva crisis a los sectores de población más vulnerable, busca ser un incentivo para reactivar la economía más fácilmente. Así lo explicaba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en una reciente entrevista con cuartopoder: “Ahora hay que gastar lo que sea necesario para salvar vidas, para mantener el consumo y evitar el cierre de empresas, para afrontar como país con garantías la recuperación económica que es lo único que nos va a permitir tener un futuro. Esto ya es un consenso transversal”.

Para afrontar todo este gasto público, incluso asumiendo que la deuda pública se disparará, hará falta una remodelación fiscal. La deuda, o al menos parte de ella, habrá que costearla. Y desde las derechas y ultraderechas ya han apostado por bajar impuestos, su receta clásica para activar la economía, que en la anterior crisis supuso que el nivel de endeudamiento se afrontara de la austeridad de políticas públicas y generara unos niveles de desigualdad mayores a los de 2008.

El PP de Pablo Casado ya anunciaba que cualquier acuerdo con el actual Gobierno de carácter económico para afrontar esta crisis pasaba por aliviar los impuestos. “La bajada fiscal va al corazón de la crisis que tenemos de oferta y, sobre todo, va al corazón de la recuperación económica”, consideran desde la calle Génova. También el partido ultraderechista Vox demanda la suspensión de obligaciones tributarias de las empresas y de impuestos que gravan al consumo de suministros de los hogares, así como el impuesto de sucesiones.

Por parte del Gobierno, desde el PSOE han animado, durante estas semanas, a reforzar la “conciencia fiscal”, ante la “incesante solicitud de bajada indiscriminada de impuestos”. Los socialistas creen que es el momento de “reforzar el estado del bienestar” y de fortalecer la fiscalidad para encaminarla hacia “un sistema fiscal común” europeo. En la rueda de prensa de ayer, cuando el presidente anunciaba el plan de desescalada, preguntado por los periodistas, Sánchez declaró: “Este Gobierno, antes del decreto del estado de alarma, uno de los planteamientos era la aprobación de una nueva fiscalidad”. “Si queremos justicia social hace falta justicia fiscal, estábamos hablando de la creación de nuevas figuras impositivas como es la digital o el impuesto a las transacciones financieras”, explicó.

Sin embargo, el debate en el seno del Consejo de Ministros, en este sentido, se prevé duro. Desde IU, trabajan en un plan de reconstrucción que estudia nuevas imposiciones fiscales que podrían recaudar varias decenas de miles de millones en ingresos, para llegar a la media fiscal de la eurozona, aumentando la presión fiscal en impuestos como Patrimonio, a las Transacciones Financieras o a la banca. Este plan será debatido en el seno de Unidas Podemos, también en el del Gobierno.

La respuesta europea a cómo gestionar la deuda de los próximos meses será determinante para saber cuál será la política fiscal definitiva en España. Sin embargo, es probable que, cuanto más se acerque la fecha en la que se debata la posibilidad de subir impuestos a las grandes fortunas, banca o grandes patrimonios, más dura se haga la presión contra el Gobierno de coalición, y eso que la presión para sacar a Unidas Podemos del Consejo de Ministros va en aumento. Pero este tema será clave. Las fricciones en el seno de la coalición gubernamental en temas económicos se han repetido durante las últimas semanas.

El acuerdo de gobierno de coalición progresista que sellaron Sánchez e Iglesias para la conformación del actual Ejecutivo apostaba, literalmente, por “la justicia fiscal”. Y, además de la “lucha contra el fraude fiscal”, recogía iniciativas como el aumento del impuesto de sociedades y disminución de la carga fiscal a las pymes, aumentar dos puntos el IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y también estudiar un impuesto a las grandes fortunas. Otras medidas impositivas recogidas en el acuerdo: el impuesto sobre servicios digitales, transacciones financieras, una nueva fiscalidad verde y diminución del IVA a productos veterinarios y de higiene femenina.

Todo lo que salga de este acuerdo, costará mucha pelea para conseguirlo por parte de los ministros de Unidas Podemos. El presidente del Gobierno, de hecho, solo se refirió a dos de estas medidas en su intervención en Moncloa de ayer. Las derechas y ultraderechas, políticas y mediáticas, verán en este un punto clave para intentar cargarse la coalición de gobierno. Pero, otras izquierdas parlamentarias presionan. Es el caso de Más País, que ya ha propuesto una Tasa Covid, tal y como explica una tribuna publicada en este diario. Una iniciativa recogida por otros grupos como Compromís o ERC.