Las funerarias, saturadas y en el punto de mira por sus precios

Jose Antonio ha perdido una tía durante la crisis del coronavirus. No sabe si estaba o no afectada por la enfermedad, no le hicieron pruebas en la residencia en la que se alojaba. Tenía 89 años y comenzó a tener problemas respiratorios. Al caos provocado por el estado de alarma y a la tristeza de la pérdida, se le ha sumado el enfado. A la hora de hacer la gestión de la defunción, se encontró con las demoras lógicas, y con "poca transparencia" y "pocas alternativas" en los precios.

Todo aquello que resulta extraordinario en la historia de José Antonio es hoy frecuente para varias personas que han perdido a sus familiares. Cuenta que tardaron 36 horas en acudir a por el cuerpo y fue la misma residencia la que le recomendó una funeraria. "Llamé, me dieron un presupuesto y lo discutí". En ese caso, le ofrecieron una cuenta desglosada de algo más de 2.800 euros, donde no aparecían servicios no prestados como el velatorio.

Jose Antonio es periodista y cree que tiene la obligación de, al menos, hacer una denuncia pública. Sabe que el dolor distrae a la mayoría de familiares de pedir alternativas o discutir presupuestos. Él tenía la sensación de tener que buscar a contrarreloj. Otra empresa le pedía unos 3.000 euros ("me dijeron que tenían que usar equipos de protección, que incrementaban el coste") y finalmente, decidió recurrir a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Lejos de las amplias tarifas que ofrecen en su web, solo podían ofrecerle un nicho por diez años, ascendiendo a 4.735 euros. Los crematorios madrileños están saturados y no podían incinerar esa semana.

En su caso, finalmente escogió la primera opción, la más barata, y tuvieron que practicar la incineración fuera de Madrid, pero Jose Antonio se queja de la falta de opciones y facilidades: "No hemos visto el ataúd, no ha habido ceremonia ni velatorio, pero nos han cobrado 700 euros, el más económico que tenía la funeraria", le explicaron. En su caso, hubiera apostado por un ataúd más sencillo y barato, ya que los cuerpos deben ir en una bolsa estanca y estas cajas de madera ni siquiera se exponen en un velatorio, pero no se lo ofrecieron.

Un negocio con beneficios millonarios

En 2018, el sector funerario facturó 1.530 millones de euros, según cifras de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF). Según sus propios datos, en España operan unas 1.300 empresas de servicios funerarios de las que el 80% cuentan con una cifra de negocio superior al millón de euros.

La crisis del coronavirus ha hecho que la mortalidad suba. Así lo apuntan los datos que cada día registra el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). En su informe del pasado 7 de abril, advertían de que se ha producido un exceso de mortalidad de todas las causas de un 56% en el periodo del 17 de marzo al 7 de abril de 2020, con un total de 38.637 muertes (con y sin coronavirus).

Esa mortalidad se concentra más en hombres (62%) que en mujeres (47%), y en los mayores de 74 años (65%), seguido del grupo de edad de 65 a 74 años (53%).

Qué se debe cobrar y qué no

El pasado 30 de marzo, el Ministerio de Sanidad publicó una orden específica para el funcionamiento de los servicios funerarios durante la crisis sanitaria. En el caso de los fallecidos por coronavirus, se prohibían las prácticas de tanatoestética, la tanatopraxia o intervenciones por motivos religioso. También obligaba a posponer la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles.

Por tanto, estos servicios deben desaparecer del presupuesto desglosado: "No se deben cobrar aquellos que no nos faciliten. Por tanto, todos los que están prohibidos durante el estado de alarma. Por ejemplo, no hay un velatorio con un catering para desayunar o merendar todos los familiares y allegados que estén allí", ejemplifica Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz de la asociación de consumidores FACUA.

Otros ciudadanos llevan años pagando servicios en seguros que no van a poder ser utilizados y pueden ser reclamados: "También están las aseguradoras de decesos. Se ha pagado una prima durante años para cubrir un capital que asegure el sepelio. Como ahora ese capital no se va a gastar entero porque hay muchas cosas que no se van a tener que contrarar, la diferencia entre lo que se gaste la aseguradora y lo que no se gaste se la tendría que entregar a los herederos".

Coto a los abusos

Unos días antes de que Jose Antonio iniciara este periplo, Pepe Jordana decidió contar su experiencia en Change.org. Su petición consiguió 169.631 firmas. En su caso, la protagonista era su madre, una paciente de 86 años. "La funeraria nos pide 5.000€ por los gastos funerarios, con un IVA del 21% y conceptos extraordinarios vinculados a la situación que estamos viviendo en Madrid con la pandemia (ataúdes estancos, medidas especiales de seguridad e higiene, etc). Morir de coronavirus es más caro", aseguraba.

Catalunya decidió el pasado 27 de marzo fijar precios máximos en los servicios básicos, un movimiento que no gustó a PANASEF.  El propio Gobierno en el citado documento prohibía a las funerarias subir los precios durante la crisis del coronavirus, impidiendo que fueran superiores a los vigentes antes del 14 de marzo de 2020.

"En el caso de servicios ya abonados a precios superiores a los establecidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, la empresa deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando constancia de las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo", explica la orden ministerial. Si el cliente sospecha que le han cobrado de más, dispone de seis meses desde la fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el correspondiente reembolso.

Esto obliga a las empresas a ofrecer un presupuesto desglosado al cliente con cada servicio que se vaya a realizar. "El consumidor tiene derecho a que le faciliten el cuadro tarifario previo", explica Sánchez.